Australia presentó una demanda contra Japón ante la Corte Internacional de Justicia por cazar ballenas con presuntos fines científicos. Además reclama el fin definitivo de esa práctica en el océano Antártico, gran reserva de cetáceos.
Ambos países pertenecen a la Comisión Ballenera Internacional (CBI).
Japón expresó su malestar por la medida tomada por Australia el martes.
Estados Unidos y Nueva Zelanda, cuyos gobiernos también se oponen a la caza de ballenas, consideran que hubiera sido mejor optar por la vía diplomática para salvar a las ballenas en vez de esperar a que el resultado del litigio sea favorable.
Canberra reiteró su "firme oposición a la caza de ballenas" realizada de forma unilateral y con presuntos fines científicos y aboga por una moratoria comercial cuando faltan pocos días para la 62 reunión anual de la CBI, que se realizará en Marruecos del 21 al 25 de este mes.
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En esa oportunidad se discutirá una propuesta para que los países reanuden la caza comercial siempre y cuando respeten un estricto sistema de cuotas que se irá reduciendo en los próximos 10 años.
Unas 1.600 ballenas son cazadas al año, pese a la moratoria comercial dispuesta en 1986, según la organización.
Más de 33.000 ejemplares fueron cazados desde entonces bajo el artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas, suscrita en 1946. La norma prevé un "permiso especial para que los países puedan cazar, atrapar y manipular cetáceos con fines científicos".
Australia sostiene que Japón abusa de su derecho a la investigación científica previsto por el tratado, creado para regular las prácticas balleneras comerciales, científicas y de subsistencia indígena de 59 naciones.
Entre 2008 y 2009, ese país cazó 1.004 ballenas con fines científicos, 681 en el océano Antártico, según datos de la CBI.
La iniciativa ante el tribunal con sede en La Haya "es la mejor acción para impulsar nuestro objetivo, que Japón deje de cazar ballenas en el océano Antártico", reza un comunicado del canciller australiano, Stephen Smith.
"Australia también afirma que Japón violó sus obligaciones en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, de 1973, al cazar ballenas que están en peligro" de extinción, dijo a IPS Donald Anton, profesor de derecho ambiental de la Universidad Nacional Australiana.
"Probablemente, Australia haya presentado la demanda porque en la reunión de este mes puede haber un acuerdo para reanudar la caza de ballenas a cambio de una gran reducción de las cuotas", señaló.
Canberra también mencionó el artículo 3 del Convenio sobre Diversidad Biológica, de 1992, para argüir que "la caza de ballenas realizada por Japón fuera de su jurisdicción en el océano Antártico es perjudicial", añadió Anton.
El caso de Australia contra Japón tendrá dos etapas, explicó Anton.
Canberra probablemente pida una orden que prohíba a Japón toda actividad ballenera hasta que haya un dictamen judicial o que la salud y la cantidad de ejemplares satisfagan al tribunal, indicó.
La segunda etapa determinará si Japón violó sus obligaciones internacionales, como alega Australia. El proceso puede demorar entre tres y 10 años.
Tokio se defenderá aduciendo que el artículo VIII concede permiso para cazar ballenas con fines científicos según "le parezca conveniente" a cada país, indicó Anton. "Una discreción tan amplia hace más difícil argüir que ese estado rebasó sus derechos", añadió.
Pero cuando se resuelva el caso judicial, la comunidad internacional tendrá un marco legal definitivo para interpretar y aplicar la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas.
Se podrá determinar en qué grado la caza de cetáceos con fines científicos puede ser un pretexto para hacer un uso comercial, el quid del disenso entre los países a favor y en contra de la matanza de ese gran mamífero marino.
El asunto pasó a ser un escollo en las relaciones bilaterales. Sólo cuatro de cada 10 encuestados para un estudio realizado en Sydney por el Lowy Institute for International Policy aprueba la política nacional contra la caza de ballenas.
El primer ministro australiano, Kevin Rudd, siente la presión por las elecciones de este año para cumplir con su promesa de prohibir esa práctica en el océano Antártico, una reserva de 50 millones de kilómetros cuadrados, donde la CBI prohibió todo tipo de matanza de cetáceos con fines comerciales.
"La iniciativa del gobierno llega tres años y 2000 ejemplares muertos demasiado tarde. Australia debe tratar de buscar un mandato para prohibir la caza de ballenas hasta que se expida el tribunal", dijo a IPS Bob Green, líder del Partido Verde, que suma adeptos debido al descontento popular con las principales agrupaciones.
El gobierno no debe descansarse en el litigio para salvar a las ballenas, sino negociar un acuerdo que disminuya en forma paulatina la caza, según organizaciones ambientalistas de Australia.
La caza de ballenas debe disminuir de a poco en tres años, sostuvo Reece Turner, del capítulo australiano de Greenpeace.
Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza instó a los miembros de la CBI a asegurarse de que cualquiera sea el acuerdo, el texto prohíba el comercio internacional de productos de ballena.
