Las muertes violentas que se suceden en las cárceles de Venezuela, protuberantes muestras de las atroces condiciones de supervivencia tras las rejas, están en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insiste ante el gobierno para que tome medidas urgentes.
Muchos edificios penitenciarios están deteriorados, con condiciones sanitarias pésimas, y los presos, hacinados y mezclan entre procesados y quienes tienen condena firme, duermen, comen, excretan y se consumen en el ocio en pabellones controlados por bandas conectadas extramuros. Una situación extrema que se repite en muchos países latinoamericanos, pero que en Venezuela destaca por las muestras de violencia dura.
La última masacre se registró el 4 de mayo en la cárcel de Santa Ana, 800 kilómetros al sudoeste de Caracas y cercana a la frontera con Colombia. Fue cuando un grupo de presos tomó a tres funcionarios como rehenes exigiendo ser trasladados de prisión. Fueron sometidos y devueltos a los pabellones donde mantenían una controversia.
Ocho de los amotinados fueros asesinados, tres con disparos, tres con armas blancas y los otros dos quemados, además de que se registraron tres heridos. Tres semanas antes, en otra reyerta, murieron en ese sitio ocho detenidos, esa vez por arma de fuego.
En los dos primeros meses de 2010 fueron asesinados 61 presos, mientras que el historial de los últimos años indica que las muertes violentas llegaron a 366 en 2009, a 422 en 2008 y a 498 en 2007, según datos del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
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El director de esa entidad, Humberto Prado, precisó ante IPS que en las 32 cárceles de Venezuela, donde se distribuyen 35.600 presos, "se mantiene el promedio de al menos un muerto cada día".
Una investigación de la periodista Patricia Clarembaux en 2008 y 2009, recogida en su libro "A ese infierno no vuelvo", mostró que las cárceles son escenario de luchas entre bandas que se disputan el control de pabellones o de toda la cárcel, para manejar el tráfico de drogas, la comida, espacio para dormir, protección y, sobre todo, las "caletas" o depósitos de armas y municiones.
Para un recluso, según Clarembaux, conseguir un arma de fuego cuesta unos cientos de dólares, según se trate de una pistola, revólver, arma larga, su munición o granadas.
Después de superado un motín en la cárcel caraqueña La Planta que dejó el 27 de enero 10 muertos y 19 heridos, en su mayoría baleados, la directora de prisiones en el Ministerio de Interior y Justicia, Consuelo Cerrada, dijo que "a veces las armas son ingeniosamente introducidas por los propios familiares" durante las visitas.
Pero Prado pregunta: "¿cómo puede un familiar disimular entre sus ropas y cuerpo una pistola con doble peine o un fusil con mira telescópica, como vemos en las cárceles?". Luego señaló que "entre la Guardia Nacional (policía militarizada), que cuida los muros exteriores, y los funcionarios del Ministerio del Interior se pelotean la respuesta".
Entre las claves para entender esa tara del sistema penitenciario destacan dos: una es que las bandas tras los muros continúan delinquiendo en conjunción con sus socios fuera de la prisión, y la otra es que esas bandas integran, con frecuencia, a funcionarios de distintos cuerpos policiales.
"Un 20 por ciento de los delitos en el país son cometidos por policías", reconoció el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado su "preocupación por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios venezolanos, y por la tenencia de armas de fuego de grueso calibre por parte de organizaciones criminales dentro de varias prisiones".
También este organismo integrante del sistema de la Organización de los Estados Americanos ha pedido a Venezuela desde 2006 adoptar en algunas cárceles medidas para reducir el hacinamiento, decomisar las armas, separar a procesados de aquellos con sentencia firme, brindarles atención médica y ajustar las condiciones de reclusión a estándares internacionales.
El gobierno de Hugo Chávez lanzó planes de "humanización penitenciaria" en algunas cárceles, pero "el hacinamiento excede 60 por ciento en promedio", indicó Prado.
"En La Planta, construida en 1964 para 350 presos, hay 1.500, en El Marite (Maracaibo, en el oeste del país), un centro de detención para 550 personas tiene hoy 1.200", detalló.
El criminólogo Elio Gómez Grillo sostiene que Venezuela tiene una población carcelaria relativamente pequeña, pues es de un preso por cada 1.000 habitantes, pero los muertos se cuentan por centenares
Abundan las muestras de degradación, como los casos de presos que son decapitados por sus rivales, quienes luego juegan "fútbol" con sus cabezas o las cosen dentro del vientre del cadáver. En la cárcel El Rodeo, al este de Caracas, se escribió con sangre en una pared: "Bienvenido a la isla de la fantasía, donde todas tus pesadillas se hacen realidad".
Prado valora positivamente los esfuerzos para llevar el sistema nacional de orquestas a varias prisiones, así como las misiones de salud y educación básica para reclusos. Sin embargo, critica el bajo presupuesto estatal, de dos dólares diarios por preso, muy distante a los 20 dólares por detenido en Colombia, 34 en Estados Unidos y hasta 80 dólares en países europeos.
También señala que es muy poca la cantidad de vigilantes de los internos, que en promedio es uno por cada 150 internos, cuando los estándares internacionales recomiendan uno por cada 10 presos.
El activista concluye sus diálogos con una frase del líder sudafricano Nelson Mandela: "No puede juzgarse a una nación por el trato que da a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos".
