Recrudece la guerra del gas en Perú

El gobierno peruano se niega a cambiar el contrato con el Consorcio Camisea que pone un piso a la exportación de gas natural a México, pese a la presión de los gobiernos de las sureñas regiones de Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno y Tacna, que temen se vea afectado el abastecimiento local.

Las autoridades regionales demandan revisar el convenio firmado en 2006 por el gobierno de entonces de Alejandro Toledo (2001-2006), para dejar sin efecto el artículo que autoriza la venta al exterior de al menos cuatro billones de pies cúbicos de gas.

El presidente de Perú, Alan García, asegura que no es necesario reformar el acuerdo comercial con el Consorcio Camisea, conformado por la firma argentina Pluspetrol (operadora), la española Repsol, la sudcoreana SK Corporation y la argelina Sonatrach, la estadounidense Hunt Oil y la argentina Tecpetrol.

Se ha comprobado la disponibilidad de suficiente gas tanto para el mercado interno como para la exportación en los lotes 56, 57, 58 y 88, ubicados en la zona amazónica de Camisea, en la región del Cuzco, justificó el mandatario. Sin embargo, aún no ha presentado ningún sustento técnico para respaldar esa aseveración.

Al respecto, el primer ministro Javier Velásquez indicó el lunes que daría a conocer un estudio que certificará la verdadera dimensión de las reservas gasíferas y adelantó que habría suficiente recurso.

La protesta de los gobiernos regionales comenzó cuando se constató que había problemas de abastecimiento de gas para las empresas productoras de energía eléctrica en el sur del país, lo que amenaza con dañar severamente la producción y la economía de la zona.

El Consorcio Camisea ya aseguró la venta de 8,7 billones de pies cúbicos, cuatro billones de los cuales serán exportados por Perú LNG, empresa integrada por las ya conocidas SK Corporation, Repsol y Hunt Oil, junto con la japonesa Marubeni.

Pero el sur de Perú requiere de cinco billones de pies cúbicos de gas, cantidad cuyo abastecimiento no está garantizado, advirtió el presidente del gobierno de Tacna, Hugo Ordóñez, actual coordinador de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales.

"Esos cuatro billones de pies cúbicos que Perú LNG pretende enviar a México deben quedarse en el país para proveer al mercado interno, porque la ley dice que esa es la prioridad", comentó Ordóñez a IPS.

"Ahora, el gobierno nos dice que no nos preocupemos, que hay más gas y que no habrá problemas de desabastecimiento. Pero se habla de más en el futuro, pero lo necesitamos hoy", se quejó.

En un intento por apaciguar los ánimos, el primer ministro Velásquez les dijo la semana pasada a los presidentes de las cinco regiones en cuestión que en enero de 2011 comenzará la construcción del gasoducto del sur, que estará a cargo del Consorcio Kuntur, liderado por la brasileña Odebrecht y que contará con la inversión de Petrobras, dueña a su vez del lote 58 en Camisea.

"Las dudas sobre el desabastecimiento de gas en el sur han quedado completamente despejadas. Las reservas para el gasoducto del sur están garantizadas", les aseguró Velásquez en una reunión convocada de urgencia.

Pero, luego del encuentro, Ordóñez expresó a IPS sus dudas. "Nosotros pedimos que el sur debe ser abastecido con los ocho billones de pies cúbicos de las reservas probadas y no con reservas a futuro que no están aseguradas", sostuvo.

"El proyecto del gasoducto sólo culminará por lo menos en 2014, y mientras tanto ni una molécula de gas peruano debe ir al extranjero", advirtió.

Ordóñez considera que lo único posible es modificar el contrato con el Consorcio Camisea para que la totalidad del gas del Lote 88, cuyas reservas están probadas, se destine al mercado peruano.

Pero el gobierno, por intermedio de la ministra de Economía, Mercedes Araoz, desechó la posibilidad de alterar una coma del contrato, porque, dijo, "sería una muy mala señal para los inversionistas extranjeros".

Sin embargo, el legislador oficialista José Carrasco, quien fue ministro de Energía y también presidente de la comisión parlamentaria de Energía y Minas, manifestó que las leyes peruanas son claras respecto de situaciones de desabastecimiento y que todo el gas del Lote 88 debe quedarse en Perú.

"El Lote 88 es íntegramente para el país y no tiene que irse un sola molécula al extranjero ", dijo Carrasco a IPS.

"Respecto del contrato, yo estoy de acuerdo en modificarlo, especialmente por el precio fijado, porque no nos favorece. Si vamos a recibir migajas por la exportación, mejor es quedarnos con el gas hasta conseguir un mejor precio mediante una renegociación del contrato para beneficio del Perú".

Según Humberto Campodónico, experto en temas de hidrocarburos e investigador de la Universidad Nacional de San Marcos, el gobierno debe intervenir, porque entre el Consorcio Camisea y la empresa exportadora Perú LNG hay un conflicto de intereses

"Los socios mayoritarios del Consorcio Camisea, que produce y vende el gas, son al mismo tiempo socios en mayoría de Perú LNG, que le compra el gas para la exportación", explicó Campodónico

"Es evidente que aquí existe un conflicto de intereses, ya que los socios de Perú LNG quieren la exportación sí o sí. Los socios minoritarios del Consorcio Camisea pueden no estar de acuerdo con la exportación, pero son minoría", comentó.

Ordóñez advirtió que, si el gobierno no resuelve adecuadamente el problema de abastecimiento del gas, la población de las regiones del sur podrían levantarse en protesta. "Si Lima prefiere los intereses extranjeros a los nacionales, no nos vamos a quedar callados", dijo.

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