La Iniciativa Procuenca, en el occidente de Colombia, puede estar entre las primeras experiencias mundiales de venta de créditos de carbono forestal y protección de la biodiversidad. Pero suenan alarmas sobre efectos sociales y ambientales negativos.
Previsto en el Protocolo de Kyoto en vigor desde 2005 para afrontar el cambio climático, el MDL permite a las naciones industrializadas acreditar reducciones de los gases de efecto invernadero que arrojan a la atmósfera invirtiendo en proyectos que absorben esas emisiones contaminantes en países en desarrollo.
Se espera que Procuenca ponga a la venta certificados equivalentes a 350.000 toneladas de dióxido de carbono absorbido desde que comenzó, dijo a Tierramérica su director ejecutivo, Francisco Ocampo.
Al actual valor de mercado, este volumen supone unos siete millones de dólares para una comunidad que todavía sufre los efectos de una década de precios deprimidos del café.
[related_articles]
"Este proyecto demuestra la importancia internacional de estos bosques para el almacenamiento de carbono", señaló Ocampo.
Los árboles que se plantan absorben dióxido de carbono de la atmósfera y lo retienen convertido en carbono sólido durante toda su vida.
Procuenca ofrece beneficios a la población y a su biodiversidad única, agregó Ocampo.
Pero un estudio realizado en 2008 por la organización no gubernamental colombiana Censat Agua Viva concluyó que el proyecto tiene "impactos negativos significativos", como la reducción de la autonomía de la población, además de ser poco eficaz para conservar la biodiversidad.
Conservation International (CI), socia del proyecto, asegura que Procuenca tiene múltiples réditos ambientales.
"Demuestra que los esfuerzos de mitigación del cambio climático también pueden brindar servicios importantes, como la protección del agua dulce, de la biodiversidad y del bienestar humano", según un comunicado de prensa.
¿Quién tiene razón? Quizás todos.
Procuenca se asienta en una zona de unas 250.000 hectáreas en la cuenca del río Chinchiná, cerca de la occidental ciudad de Manizales. Tras el desplome de los precios del café a fines de los años 90, los pequeños productores del área se dedicaron a la ganadería talando bosques para convertirlos en pasturas, lo que agravó la erosión que ya había causado la caficultura y redujo la cantidad y calidad del agua.
En 2001, las autoridades municipales de Manizales, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), lanzaron un plan de reforestación por 8,5 millones de dólares, para proteger y mejorar la recarga hídrica del Chinchiná y el suministro de agua.
"La absorción de carbono no era parte del proyecto inicial", explicó Mario Mengarelli, oficial forestal de la oficina de la FAO para América Latina, en Santiago de Chile.
Procuenca sólo buscaba el desarrollo económico de los agricultores locales y un manejo adecuado de la cuenca, explicó Mengarelli a Tierramérica.
Unas 4.000 hectáreas de plantaciones están cubiertas de pinares, aunque hay predios con cultivos mixtos y zonas de pastoreo.
La mayoría de las plantaciones tienen menos de 10 hectáreas y ninguna más de 14. Unos 300 agricultores y propietarios que participan decidieron dónde ubicarlas y muchas veces no es en sus mejores tierras, añadió Mengarelli.
En el área del proyecto hay un mosaico de plantíos, zonas de regeneración natural asistida que actuarán como corredores entre los bosques que quedan, las áreas valladas para el ganado y las plantaciones de especies nativas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, señaló.
"Los agricultores participantes han tenido una reacción muy positiva", añadió.
La idea de que el naciente mercado de carbono puede ser una nueva fuente de ingresos para los pequeños agricultores apareció más tarde, según Mengarelli.
Un sondeo realizado en la zona indicó que algunos de los participantes de Procuenca estaban descontentos y muchos preocupados por la pérdida de control sobre sus tierras.
El MDL tiene reglas estrictas sobre el manejo de las plantaciones, lo que incluye controlar qué especies arbóreas y fertilizantes usar, apuntó Fabio Arjona, director ejecutivo de CI Colombia.
Registrarse en el MDL también cuesta mucho dinero, y Procuenca se financia, entre otras vías, con un porcentaje de la factura de agua potable que pagan los habitantes del municipio de Manizales, explicó Arjona mediante un traductor.
La región posee una rica biodiversidad, que incluye al oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y al loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis). Proteger y potenciar su hábitat natural fue el motivo por el que CI decidió participar del proyecto, agregó.
Setenta por ciento de lo que se obtenga vendiendo créditos de carbono irá a los dueños de las tierras, 20 por ciento a un fondo para la biodiversidad y el resto para Procuenca, según Arjona.
Un análisis de los contratos de los agricultores con Procuenca reveló que algunas de esas tierras habían estado cubiertas de bosques naturales, precisó el informe "Implementación de mecanismos de compensación por servicios ambientales: Incentivos y captura de carbono Estudio de caso Procuenca" producido por Censat y la Coalición Mundial por los Bosques.
Censat asevera que de la lista inicial de ocho especies reportadas para el proyecto sólo cuatro de ellas eran nativas "de las que sólo se conserva una" y que predios con vegetación propia del bosque húmedo premontano fueron cubiertos de especies exóticas. Arjona respondió que el MDL no permite eliminar bosques con el fin de asentar plantaciones, y que usa imágenes satelitales para verificar su estado.
"Si en 1990 había allí bosques naturales, esas tierras no pueden ser certificadas por el MDL", apuntó.
Censat también planteó que muchos agricultores que suscribieron el proyecto no sabían en qué se metían. Eran pobres y estaban felices de firmar para poder permanecer en su tierra, dice el estudio.
"Procuenca se fundó sobre una relación desigual", concluye.
* Este artículo fue publicado originalmente el 1 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
