El gobierno ecuatoriano espera firmar en lo que resta del año los nuevos contratos de prestación de servicios petroleros a tarifa fija, que reemplazarán a los 34 acuerdos provisionales de operación actualmente vigentes con las compañías privadas.
Así lo anunció Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables desde el 21 de abril, en un encuentro con la prensa extranjera acreditada en Ecuador.
Por ahora, la mayoría de esas empresas operan bajo acuerdos provisionales firmados tras el fin del anterior modelo de participación, que les permitía obtener hasta 80 por ciento del petróleo extraído.
El plazo de 120 días para terminar la migración de los contratos con las grandes compañías y 180 días para las pequeñas se contrapone con la urgencia expresada por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien el 17 de abril amenazó con expropiar los bienes de las compañías que se nieguen a firmar los nuevos contratos.
Aquel modelo, ahora desechado, fue presentado en 2009 a las tres empresas más grandes que quedan en Ecuador, que son la hispano-argentina Repsol-YPF, la china Andes Petroleum y la brasileña Petrobras, sin llegar a acuerdos, por lo cual el propio Correa dijo el mes pasado que se le había "acabado la paciencia".
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"Están jugando con nosotros las petroleras; en las futuras semanas va a haber sanciones muy importantes", dijo el mandatario en aquella ocasión.
Correa denunció que las firmas transnacionales están "dando largas" a la renegociación y que "cada día que pasa son millones (de dólares) que entran a las arcas de esas empresas, cuando deberían entrar a las del Estado ecuatoriano".
Los nuevos plazos implican una espera que no se preveía. Pástor tomó el asunto cuando su predecesor, Germánico Pinto, ya tenía un proyecto de contrato modelo, el cual ha sido revisado.
"Hemos avanzado sobre el cálculo de varias tarifas y antes de fines del presente mes debo presentar un modelo final", anticipó el ministro a los corresponsales extranjeros.
El nuevo cronograma comenzó este lunes con la entrega al presidente Correa del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos y una a la Ley de Régimen Tributario Interno, indicó Pástor.
Este proyecto "se tramitará con carácter de ley urgente", método que acorta su paso por el legislativo, añadió.
"A fines de mes se presentará el proyecto de contrato, se pulirá la ley que voy a entregar" y luego se tendrá "30 o 40 días (de debate) en la Asamblea" parlamentaria, dijo el ministro.
Los nuevos contratos estipularán que el Estado pagará los gastos de operación y reconocerá un margen de utilidad para quedarse con toda la producción.
Pástor, quien ha sido gerente de empresas hidrocarburíferas públicas y privadas y de quien se dice que es el primer técnico de los cinco ministros que ha tenido Correa en esta cartera, vaticinó que "a mediados de octubre estaría terminando (suscribiendo) los contratos grandes y a fines de año los chicos".
El proyecto entregado al presidente reformaría el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, para establecer lo que Pástor llama "el margen de soberanía del 25 por ciento", en vista de que "el Estado no está interesado en explotar algo que no le deje ese margen".
En los nuevos contratos no se va a considerar el concepto de reembolso por los costos y gastos del antiguo contrato de exploración de riesgo.
"Y no se va a reembolsar", dijo Pástor, "porque tendríamos que tener un ejército de auditores para que revisen los precios". "Por eso se cambia el concepto al de tarifa, con la que tienen que arreglarse", agregó.
Solamente "si los precios fueran menores a la tarifa que se va a fijar, tendremos que compartir los riesgos", sostuvo.
El tema de la renegociación de los contratos petroleros ha surgido constantemente incluso antes del gobierno de Correa.
Ya en 2006 el Estado ecuatoriano no renovó el contrato a la firma estadounidense Occidental Petroleum, que fue juzgada por cesión ilegal de acciones, por lo que el gobierno asumió el control de sus campos en la Amazonia, de donde extraía 120.000 barriles diarios de crudo.
Para administrar esos pozos, Correa puso a Pástor al frente del ente estatal Petroamazonas.
Más tarde, tras otra polémica, el actual gobierno tomó los campos de la empresa transnacional Perenco, y se los entregó también a Petroamazonas, la cual, según Pástor, ha aumentado su producción diaria de 21.000 a 23.300 barriles.
En cuanto a la disputa legal con Perenco, dijo que "el proceso está entrando a la última fase", pero se excusó de pronunciarse al respecto.
Por otra parte, y confirmando un anuncio hecho la semana pasada, Pástor dijo que la empresa estatal Petroecuador ya no administrará ni renegociará los contratos con terceros, y que para ello se creará una Agencia Nacional del Petróleo.
Al mismo tiempo, dijo que se simplificará el régimen tributario de las empresas extranjeras, a las que sólo se les cobrará el impuesto a la renta.
Según Pástor, "las empresas van a tratar de llegar a un acuerdo". En caso contrario, "procederemos a la determinación vigente del precio justo" de sus activos, para cancelarlo y que dejen los campos, apuntó, en un intento de explicar si continúa vigente la amenaza de expropiación.
"El reembolso de inversión es un concepto contable y se llegará a un precio justo sin inversión no amortizada", aclaró Pástor ante una pregunta de IPS, dando a entender que lo amortizado ya ha sido recuperado por las empresas.
Comentó que, "en forma general, las compañías están abiertas a la conversión" al nuevo contrato, "de suerte que esperamos que todo concluya exitosamente". "Pero si el contrato por tarifa les resulta duro o difícil, procederemos al pago del precio justo", sentenció.
Pástor reveló que ya ha hablado con Repsol y Petrobrás, y que aspira a renegociar en los nuevos plazos fijados.
