La justicia peruana concedió la libertad controlada a la estadounidense Lori Berenson, tras cumplir 15 años, seis meses y dos días de los 20 años de prisión a los que fue condenada por colaboración con la guerrilla. Su caso trascendió fronteras debido a las presiones a su favor ejercidas en su momento por Washington.
Una de las razones que influyó en la decisión de la jueza Jessica León fue que Berenson reconoció haber cometido un error al sumarse al marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), el grupo guerrillero que actuó entre 1984 y 1997 en paralelo al también insurgente Sendero Luminoso.
León explicó que, para mantener el beneficio, Berenson debe seguir severas normas legales, mantener un domicilio y lugar de trabajo fijos, firmar un cuaderno de concurrencia cada 30 días ante una autoridad judicial y no abandonar el país hasta cumplir con el resto de la sentencia.
La resolución se divulgó el martes en una audiencia pública en el limeño penal de mujeres de Chorrillos, donde está la mujer estadounidense, detenida en 1995 en Lima cuando tenía 25 años.
Berenson era una periodista free lance procedente de Nueva York cuando se vinculó en El Salvador con simpatizantes del MRTA, agrupación que se inspiró en el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que tras los acuerdos de paz se constituyó en partido legal y hoy gobierna ese país centroamericano.
"La reclusa ha cumplido con los fines de reeducación, rehabilitación y resocialización, por lo que se encuentra apta para que se le conceda el beneficio (de semilibertad) que ha solicitado", señaló la jueza León en su resolución aprobatoria.
El Ministerio Público y la Procuraduría para Casos de Terrorismo apelaron la decisión. "La excarcelación de Berenson representa un peligro, porque los terroristas nunca se arrepienten, vuelven a sus actividades", dijo a IPS el procurador Julio Galindo.
"Ella, además, sigue vinculada con personas que fueron parte del MRTA, como su esposo, Aníbal Apari, el padre de su hijo y su actual abogado, que cumplió condena por haber sido parte de esa guerrilla", añadió. "Hay dudas de su resocialización", sostuvo.
En sentido contrario, el director de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, Miguel Jugo, consideró que todos los condenados por cualquier delito tienen derecho a la resocialización y que este caso no tiene por qué ser una excepción.
"El único que puede decidir si un reo está apto o no para la resocialización es el juez, y menos los agentes del gobierno ni los fujimoristas", puntualizó en referencia final a los partidarios del ex mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
"La ley es clara y debe cumplirse. Ella ha cumplido con todos los requisitos que exigen las normas", dijo Jugo a IPS. "Si ella representa o no un peligro, eso lo ha determinado el juez, de allí que accedió a concederle la semilibertad".
Berenson fue detenida el 30 de noviembre de 1995 en Lima en el marco de un operativo contra un grupo del MRTA, junto a Nancy Gilvonio, esposa del líder guerrillero Néstor Cerpa Cartolini, quien fue abatido en 1997 por las fuerzas de seguridad que recuperaron el control de la residencia del embajador japonés en Perú tras cuatro meses de copamiento.
La policía presentó públicamente a Berenson, Gilvonio y a otros detenidos y les atribuyó la preparación de una operación de comando bajo la conducción de Cerpa Cartolini para tomar el parlamento e intercambiar a los diputados que pudieran secuestrar por guerrilleros presos.
En el momento del arresto de Berenson estaba en vigencia una legislación especial impulsada por el gobierno de Fujimori, que permitía a los tribunales militares juzgar a civiles acusados de "delito de terrorismo" en la modalidad de "traición a la patria", que se sancionaba con cadena perpetua.
Un tribunal castrense al que llamaban "sin rostro", porque sus integrantes aparecían encapuchados y se identificaban con códigos numéricos, sentenció el 12 de marzo de 1996 a Berenson a prisión de por vida.
Los padres de la entonces joven estadounidense, Mark y Rhoda, iniciaron una intensa campaña mundial por su libertad y se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictaminó que había sido juzgada y condenada con leyes que no cumplían los estándares internacionales y que se había vulnerado su derecho a la defensa.
El 18 de agosto de 2000, el Consejo Supremo de Justicia Militar, en respuesta a una solicitud de revisión extraordinaria de la sentencia, resolvió trasladar el caso al fuero civil.
Es así que el 20 de junio de 2001, un tribunal la condenó a 20 años de prisión por el delito de "colaboración con el terrorismo", fallo confirmado el 13 de febrero de 2002 por la Corte Suprema de Justicia.
Los familiares y la defensa de Berenson presentaron una apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un intento por anular la sentencia, pero finalmente ese tribunal aprobó el 25 de noviembre de 2004 lo actuado por la justicia peruana.
La excarcelación de Berenson, que está prevista para antes del próximo fin de semana, ha generado duras reacciones de la representación parlamentaria fujimorista.
El presidente de la comisión de Justicia del parlamento, Rolando Souza, ex abogado de Fujimori, cuestionó la decisión de León.
"Los terroristas perdieron el conflicto bélico, pero ganaron la guerra jurídica", dijo Souza a IPS. "Consiguieron anular las sentencias, eliminaron la cadena perpetua, obtuvieron beneficios penitenciarios. La liberación de Berenson es una mala noticia para Perú", sostuvo.
