Defensores de los derechos humanos acusaron al gobierno indio de insensibilidad ante la situación de 17 inmigrantes de esa nacionalidad que esperan su ejecución en Emiratos Árabes Unidos.
Han estado encarcelados durante casi un año, pero las autoridades del consulado de India "rara vez los visitaron", señaló la organización no gubernamental Lawyers for Human Rights International (LFHRI), con sede en el noroccidental estado indio de Panyab.
El 29 de marzo, 17 indios de entre 21 y 25 años fueron condenados a muerte por un tribunal del emirato de Sharjah, acusados de haber liderado a una multitud violenta y asesinar a un pakistaní luego de una disputa en el negocio ilegal del alcohol.
El gobierno indio no hizo pública ninguna reacción sobre las acusaciones contra los inmigrantes.
Dos miembros de LFHRI que visitaron a los prisioneros a mediados de abril señalaron que estos habían criticado al consulado indio por su "actitud insensible", y aseguraron que ningún diplomático de su país los visitó hasta que se dictó la polémica sentencia hace dos meses, generando la atención de la prensa.
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De hecho, el gobierno indio no se enteró del caso sino hasta después del fallo.
"La sentencia a muerte a 17 personas es bastante perturbadora, así que hemos decidido darles la mayor ayuda posible", dijo el ministro para Asuntos Indios en el Exterior, Vayalar Ravi. Entre otras cosas, la asistencia legal será pagada con recursos del fondo oficial para la diáspora india, señaló.
La reunión de los delegados de LFHRI con los 17 prisioneros "reveló una situación muy lamentable", dijo a IPS el secretario general de la organización, Navkiran Singh. Los inmigrantes habrían sido víctimas de torturas y de una trampa incriminatoria, señaló el grupo en un informe divulgado el 20 de abril.
El reporte denunció "una total injusticia, arrogancia y prejuicio religioso de parte del CID (Departamento de Investigación Penal) de la policía de Sharjah, y una actitud insensible del consulado indio".
"Fueron golpeados con palos de golf y tubos de plástico, y sufrieron choques eléctricos. Eran obligados a estar parados en un solo pie, se les prohibía dormir y se les exigía la confesión del crimen, que ellos aseguran no haber cometido nunca", dijo Singh.
El activista dijo a IPS que ni el gobierno de India ni el de Emiratos han respondido al informe de LFHRI.
La organización exigió al consulado indio una acción inmediata para proteger los derechos humanos de los detenidos. "El gobierno debería presionar a las autoridades de Emiratos para garantizar que los prisioneros no sean (nuevamente) torturados y para que puedan practicar su religión (sijismo) en la cárcel", añadió.
"No se les permitió acceder a sus libros de rezo, y han sido obligados a renunciar a sus artículos de fe", indicó.
El juicio fue realizado en árabe y traducido al hindi, por lo cual ninguno de los 17 inmigrantes pudo entender nada, ya que sólo hablan panyabí, principal idioma de los sijs.
Además, recibieron a un abogado de Emiratos, que no podía hablar su lengua, señalaron los activistas.
La embajada de Emiratos en India informó que la condena había sido apelada y que el proceso se realizaba "sin ninguna interferencia de las partes".
"Confiamos plenamente en nuestro sistema legal y sus procedimientos, y estamos seguros de que ofreceremos y garantizaremos un juicio justo a los presos", añadió la sede diplomática en una declaración citada por el diario indio The Hindu.
Emiratos aplica la pena capital a crímenes como homicidio premeditado, secuestro, violación y tráfico de drogas. Ocho por ciento de su población está constituida por trabajadores inmigrantes.
Hay unos 1,4 millones de indios en esa federación de siete emiratos de la Península Arábiga, según la embajada de India.
La organización de derechos humanos pakistaní Ansar Burney Trust anunció que presionaría por una revisión del caso. El presidente del grupo, Ansar Burney, dijo que brindaría toda la ayuda posible a los 17 condenados.
"Nos preocupa que, en un solo caso de homicidio, un tribunal pueda sentenciar a 17 personas" a muerte, señaló Burney, ex ministro federal de Derechos Humanos de Pakistán.
El activista sostuvo que el fallo era "escandaloso" y "contrario a la justicia".
El informe de LFHRI llevó también a que la organización Amnistía Internacional, con sede en Nueva York, se sumara a las protestas contra la condena.
"Es una burla a la justicia. Estos 17 hombres han sido torturados, obligados a confesar y sentenciados a muerte sobre la base de un video falso", dijo en una declaración el subdirector para Medio Oriente y África del Norte de Amnistía, Hassiba Hadj Sahraoui.
"Parece haber un aumento en la aplicación de la pena de muerte en Emiratos en 2001", indicó la organización. "En el mes anterior a la sentencia contra los 17 indios, al menos ocho hombres habían sido condenados a la pena máxima en Emiratos, según un artículo del 22 de febrero el diario The National, de Abu Dhabi".
