Con visiones contrapuestas sobre sus resultados, terminó este martes el operativo militar y policial desplegado en el norte de Paraguay para combatir a un casi ignoto grupo armado irregular. Sólo uno de los 167 detenidos en la zona fue acusado de guerrillero.
La declaración de estado de excepción por 30 días, aprobada por el parlamento el 25 de abril, permitió movilizar a más de 3.000 efectivos militares y policiales en los departamentos de Amambay, San Pedro, Alto Paraguay, Presidente Hayes y Concepción.
El presidente de Paraguay, el centroizquierdista Fernando Lugo, promulgó la ley respectiva tras varios hechos violentos atribuidos al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuyos integrantes, según los propios organismos de seguridad, no superarían la treintena.
El informe oficial presentado este martes resalta la reducción de los índices de criminalidad en el norte, una vasta zona despoblada donde proliferan el narcotráfico y el accionar de otras mafias, según las autoridades.
"Se seguirá ofreciendo seguridad y seguiremos ganando la batalla contra el EPP, el narcotráfico y todos los ilícitos que se adueñaron de la región", expresó Lugo en un acto público en la ciudad de Concepción, capital del departamento de mismo nombre, poco antes de viajar a Buenos Aires para participar de los festejos por el bicentenario del comienzo de la revolución emancipadora.
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En cambio, sectores de oposición se manifestaron en términos discordantes, calificando de fracaso el estado de excepción.
En concreto, en el operativo de las fuerzas militares se detuvieron 167 personas, 93 de las cuales ya contaban con orden judicial de captura. De ese total, apenas una fue acusada de integrar el EPP, mientras que algunas otras afrontan cargos de colaboración con el grupo.
Las órdenes de captura habían sido dispuestas tras la liberación del empresario ganadero Fidel Zavala en enero pasado, luego de permanecer 94 días en manos del EPP, al cual también se atribuyen otros casos de secuestros y delictivos varios.
Para el analista político Alfredo Boccia, la situación hoy en el área se encuentra igual que en abril, cuando se declaró el estado de excepción en medio de una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición.
"Desde ese entonces sabíamos que esta situación no variaría, más bien fue una demostración de firmeza de Lugo que no fue efectiva", comentó a IPS.
Boccia apuntó que el problema de fondo es allí la ausencia del Estado, a través de las fuerzas de seguridad, situación que "no cambiaría de un día para otro, con esta medida".
Desde los partidos opositores se señala que los exiguos resultados del procedimiento contra el EPP dan argumento para promover el juicio político del ex obispo católico, quien asumió el gobierno de Paraguay en agosto de 2008, por "incumplimiento de sus funciones".
Pretensión que es desechada por Boccia. "La oposición baraja opciones para un juicio político desde hace rato, pero, aunque el gobierno no es todo lo que hubiésemos deseado, para tener causal de interrumpir y crear una ruptura del proceso falta mucho", puntualizó.
La pobreza y desigualdad que afecta al país desde hace décadas eran consideradas caldo de cultivo para la aparición de una guerrilla izquierdista. Al menos eso era lo que se temía en los últimos gobiernos de la Asociación Nacional Republicana, la agrupación más conocida como Partido Colorado que mantuvo el poder en Paraguay por 61 años hasta 2008 la mayor parte en dictadura.
Las zonas rurales, donde viven 47 por ciento de los 6,2 millones de paraguayos, son las más afectadas por la desigualdad. Indicadores oficiales dan que el 20 por ciento más rico concentra el 62,4 por ciento de los ingresos, mientras que el 10 por ciento más pobre apenas 0,7 por ciento.
Para César Rojas, poblador del distrito de Horqueta, en Concepción, el operativo de las fuerzas militares y policiales fue positivo porque instaló un clima de seguridad.
"Se redujeron los robos callejeros y domiciliarios que se venían incrementando desde hace un tiempo", dijo a IPS. Pero, a la vez, se quejó de que redujo el movimiento comercial.
Expresó que en la localidad no sienten la presencia criminal del EPP, sino más bien la observan a través de lo que se señala en los medios de comunicación.
"Nos enterábamos a través de los medios sobre el estado de excepción. Si los del EPP están por la zona, están muy bien escondidos en algún rancho", comentó Rojas a IPS.
El operativo de las fuerzas de seguridad demandó una inversión importante, para solventar el patrullaje terrestre, aéreo y ribereño de la zona afectada, aunque no se revelaron cifras.
Según el Ministerio del Interior, en comparación con otros países de bajo índice delictivo, Paraguay gasta sólo 1,33 por ciento del producto interno bruto.
El operativo en el norte del país transcurrió en medio de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre presuntas extorsiones de militares y policías a ciudadanos comunes y la irrupción aparatosa en los domicilios. Por su parte, la Asociación Rural del Paraguay, que agrupa a los grandes ganaderos, expresó su satisfacción con la medida.
El estado de excepción llegó a su fin, pero las fuerzas de seguridad se mantendrán en el norte del país. Del grupo armado, no hay rastros.
