Los pueblos indígenas de la Amazonia en Bolivia se declararon en emergencia y anunciaron que el día 20 comenzarán una marcha de más de mil kilómetros hasta La Paz, para exigir al gobierno que defienda su hábitat natural ante el expolio de empresas petroleras, madereras y mineras.
"Se viola la Constitución Política del Estado y se vulnera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tabajo (OIT) que reconoce los territorios y derechos a los pueblos indígenas", dijo a IPS la secretaria de comunicación de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), María Saravia.
"No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Si no llegamos a un acuerdo con el gobierno, la marcha comienza el 20 de mayo", advirtió la representante de una agrupación que cuenta con un millón de afiliados
Ésta sería la séptima marcha de los pueblos amazónicos en defensa de sus derechos.
Su solo anuncio pone en evidencia las contradicciones del gobierno del izquierdista Evo Morales, que por un lado abandera internacionalmente la defensa de los derechos indígenas y el ambiente, y por otro busca mantener los millonarios ingresos que aporta la explotación de los hidrocarburos y otros recursos naturales.
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"Esperamos que entienda que este no es un ataque personal", expresó este viernes 14 al presidente Morales la Central de Pueblos Indígenas del Norte de La Paz (Cpilap) en la convocatoria a la marcha. Pero precisó que deben actuar ante "impactos socio ambientales importantes que nos afectan directamente".
"Aquí señor Presidente se están vulnerando los derechos de los indígenas, aquí señor Presidente se está vulnerando los derechos de nosotros, el pueblo, y esperamos que usted se ponga en nuestro lugar y que nos defienda de estos atropellos", añadió el documento.
José Ortiz, presidente de Cpilap, dijo a IPS que el plan es que unas 800 personas inicien los 1.105 kilómetros de marcha en Riberalta, en el nororiental departamento de Beni, y a este primer contingente se irán sumando indígenas de las 11 organizaciones de la Cidob en toda la cuenca amazónica.
Los pueblos originarios amazónicos representan 10 por ciento de los 10 millones de habitantes de Bolivia, donde más de la mitad de su población se declara indígena.
En 1990, los indígenas de esta región oriental, dominada por extensas llanuras, selva y bosque natural, caminaron desde la ciudad de Trinidad, capital de Beni, hasta la sede del gobierno en La Paz y consiguieron inscribir en la agenda política la demanda de territorios y la convocatoria a una asamblea constituyente.
Aquella primera marcha es ya parte de la historia boliviana y representó un impulso para cambios políticos y sociales que tuvieron su mayor cristalización en la Constitución vigente en este país desde febrero de 2009.
Pero la nueva Constitución no ha actuado como escudo protector frente a las compañías y personas que expolian las riquezas del norte amazónico y arruinan la forma de vida de sus pobladores originarios, según explican expertos en asuntos indígenas.
"El presidente Morales debe escuchar y ser sensible a lo que sucede y repensar el camino de los cambios junto a los movimientos sociales", dijo a IPS el dirigente indígena amazónico Cristian Domínguez, uno de los secretarios de la principal federación campesina del país.
Domínguez es uno de los impulsores de la defensa de la naturaleza dentro del gobernante Movimiento Al Socialismo y comparte con Morales la posición de responsabilizar al capitalismo como un modelo destructor del planeta.
Pero tiene diferencias con los nuevos colaboradores del presidente, un aymara de 50 años que llegó al poder en enero de 2006 e inició su segundo gobierno en enero, tras su reelección en diciembre.
Domínguez acusa a estos colaboradores de "embriagarse con el poder y seguir los pasos de la derecha", ya que no responden a las expectativas de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas representan una gran bandera en el escenario internacional, donde se percibe al gobierno de Morales como indigenista. Pero no hay acciones a su favor dentro de Bolivia, reclamó Saravia, de la Cidob.
Por ello, la nueva marcha reivindicará especialmente tres derechos: "territorio, dignidad y autonomía", explicó.
Como razones para la protesta, La Cidob citó la demora del Estado en el saneamiento de las tierras comunitarias ancestrales, los planes de colonización en reservas forestales y el interés de nuevos colonos por anular el territorio de la etnia Tacana, que habita las riberas del río Beni, en la frontera del departamento del mismo nombre con el de La Paz.
También acusa al gobierno de emplear "métodos de consulta tramposos y corruptos" para obtener la aprobación de comunidades indígenas a la construcción de la carretera transoceánica entre las poblaciones de Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, y San Ignacio de Moxos, en Beni.
Citan además al proyecto de la planta hidroeléctrica de Cachuela Esperanza en el río Beni, con una inversión proyectada de unos 2.000 millones de dólares y una capacidad de generación inicial de 1.000 megavatios.
Advierten igualmente sobre los daños al ecosistema con la construcción de la represa de El Bala, en una zona ubicada en el Parque Nacional Madidi, un área protegida en la provincia Iturralde del departamento de La Paz.
A estas denuncias suman los trabajos de exploración sísmica, perforaciones, trabajos petroleros y actividades mineras que se extienden desde la zona amazónica hasta el Chaco, al sureste de Bolivia.
