El operativo de fuerzas militares y policiales en el norte de Paraguay para desmantelar un grupo guerrillero poco conocido, quedó en entredicho tras un enfrentamiento entre efectivos del ejército y de la policía, que avivó las dudas sobre el estado de excepción en que se ampara.
En medio de un aluvión de críticas, el presidente Fernando Lugo visitó la población donde el día 9 se produjo el confuso episodio, Huguá Ñandú, situada a unos 600 kilómetros al noreste de Asunción.
Un día después se reunió con la cúpula militar y los 24 soldados separados del operativo tras el tiroteo con los policías, que no dejo heridos.
Desde el 25 de abril y por 30 días prorrogables rige el estado de excepción en cinco de los 17 departamentos del país, con el fin de desmantelar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), compuesto por un centenar de guerrilleros.
El izquierdista mandatario paraguayo arrancó con dificultades al parlamento, controlado por la oposición derechista, la suspensión de parte de las garantías constitucionales en el área donde opera el EPP. El gobierno argumentó que la medida era indispensable para enfrentar la acreciente actividad guerrillera en el área.
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El incidente fue utilizado por sectores de la oposición para plantear la suspensión anticipada del estado de excepción y calificar de fracaso el operativo de las fuerzas de seguridad en el norte, en medio de una ofensiva contra el gobierno de Lugo, al que amenazan, otra vez, con un juicio político.
Los efectivos del ejército aseguraron que llegaron a la población del departamento de Concepción en búsqueda de Magna Meza, una de las supuestas integrantes del grupo armado, tras obtener información de que se encontraba allí.
La policía acusó a los militares de atacar con disparos a la comisaría local y quitarles después sus armas y municiones, mientras que el ejército afirmó que solo respondió al enfrentamiento iniciado por los agentes.
"Claramente existe una descoordinación de las fuerzas de seguridad", dijo a IPS la analista política Milda Rivarola.
A su juicio, las fuerzas militares paraguayas no están entrenadas para actuar en asuntos de seguridad interna, al contrario de la Policía Nacional.
Para el senador Sixto Pereira, del Partido Popular Tekojoja, el incidente de Concepción demuestra una abierta falta de coordinación entre fuerzas públicas que deberían trabajar de manera conjunta para cumplir el objetivo encomendado.
Pero Pereira, cuyo partido integra la gobernante Alianza Patriótica por el Cambio, consideró irresponsable el calificar de fracaso al operativo de las tres armas militares y la policía por un incidente puntual.
"Hay intención clara de desestabilizar y por eso se magnifica tanto. El gobierno hizo lo que es más sensato políticamente en estos casos", dijo.
Lugo, un ex obispo católico ligado a la teología de la liberación, asumió la Presidencia en agosto de 2008, tras su triunfo electoral cuatro meses antes, que puso fin a 61 años de hegemonía del derechista Partido Colorado.
El presidente ordenó una investigación exhaustiva de lo ocurrido y la detención de los 24 efectivos militares en una instalación castrense. También quedaron a disposición de la justicia civil.
También la Policía Nacional abrió un expediente especial a los agentes de la comisaría de Huguá Ñandú.
Las críticas a los procedimientos y a los logros de la ofensiva contra el EPP, así como a la vigencia del propio estado de excepción, sirvieron de combustible para reflotar la amenaza del enjuiciamiento de Lugo por incumplimiento de sus funciones.
Esta figura constitucional para destituir a un gobernante es un arma que enarbolan cíclicamente los opositores más radicales al presidente.
Para Pereira, todo pasa por una consulta popular para saber si la población desea que Lugo sea enjuiciado, después de haberle entregado su confianza dos años atrás.
Por su parte, Rivarola sostuvo que se trata de una actitud irresponsable de la clase política, que debería apoyar los primeros esfuerzos de un gobierno paraguayo por acabar con las acciones de secuestros y otros delitos de un grupo armado.
"La clase política aprovecha la situación para generar un ambiente de desestabilización mayor, que en nada contribuye", indicó.
La analista recordó que hace 10 años ya se hablaba de que en Paraguay se instalaría la acción armada guerrillera, si no se tomaban las medidas necesarias para revertir la situación de pobreza, ausencia de Estado, corrupción y dominio de mafias en el país.
Pero una década despues, los datos estadísticos revelan que de los 6,1 millones de habitantes, un poco más de 2,1 millones viven en condiciones de pobreza y 1,1 millones sobreviven en extrema pobreza.
Los primeros actos de violencia atribuidos al EPP se registraron bajo del gobierno de Nicanor Duarte (2003-2008), con delitos como el secuestro de personas acaudaladas con fines de extorsión.
"Como no se hizo nada de ese tiempo hasta ahora, estamos ante un escenario donde a guerrilla ya está instalada y las fuerzas públicas no tienen toda la capacidad para hacer frente a un grupo que creció y se perfeccionó en el tema delincuencial", indicó Rivarola.
Agregó que la tarea de atrapar a los integrantes del grupo armado será larga y requerirá de estrategias muy bien planificadas.
"La elites de este país no quieren que haya Estado, para poder seguir haciendo lo que se les antoja, sin control alguno, eso es lo que se quiere", dijo Rivarola.
En tanto, los operativos conjuntos siguen su curso. Sus portavoces aseguran que hasta el momento fueron detenidas 133 personas, dentro de los controles desplegados en los cinco departamentos involucrados.
