Seis meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiese dos condenas contra el Estado mexicano, una de ellas vinculada a los femicidios de Ciudad Juárez, el cumplimiento de las sentencias sigue demorado.
En noviembre de 2009 la Corte, el máximo órgano de justicia de América y cuyos fallos son inapelables, declaró culpable al Estado mexicano de violentar los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personal, entre otros delitos, por el caso de tres jóvenes asesinadas en 2001.
Los cuerpos de Claudia González, de 20 años, Esmeralda Herrera, de 15, y Berenice Ramos, de 17, aparecieron, junto a los de otras cinco mujeres, el 5 de noviembre de 2001 en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, situada al norte del país, en la línea fronteriza con Estados Unidos.
La Corte, con sede en San José de Costa Rica, también condenó al Estado por no investigar adecuadamente y por violar la no discriminación, los derechos del niño y la integridad personal de familiares de las tres asesinadas.
Esta sentencia se considera histórica porque es la primera vez que se condena a un Estado como responsable de femicidio, como han pasado a definirse los asesinatos por razones de género, justamente a raíz de los crímenes de Juárez, donde desde 1993 han desaparecido 600 mujeres y 360 fueron asesinados, en casos en su mayoría impunes.
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La otra sentencia condenatoria fue por violación de los derechos a la libertad y a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la propia vida de Rosendo Radilla, un dirigente comunitario del sureño estado de Guerrero, que fue detenido y desaparecido por efectivos militares en 1974.
También se dictaminó la violación a los derechos, garantías y protección judicial de sus descendientes.
"Nos preocupa que no se ha creado un mecanismo adecuado para cumplir la sentencia y rendir cuentas", señaló a IPS Andrea Medina, abogada del no gubernamental Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem)
Esa organización, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer representaron a las víctimas de Campo Algodonero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y después ante la Corte.
De las 16 disposiciones que el Estado debe acatar, sólo ha cumplido hasta ahora con la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional.
La Corte condenó a México a pagar 134.000 dólares a los familiares de González, 145.500 a los de Herrera, y 140.500 a los de Ramos, por concepto de indemnización, reparación, gastos procesales y otros.
Además, las autoridades tendrán que investigar adecuadamente los asesinatos, efectuar un acto público para las víctimas, erigir un monumento en su memoria y crear un sitio electrónico con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas desde 1993 en el norteño estado de Chihuahua, en que se asienta Ciudad Juárez.
"Faltan muchas cosas, falta lo relacionado con la investigación, que es lo más urgente e importante. El problema es que el Estado no tiene un mecanismo formal para cumplir las sentencias internacionales", dijo a IPS Juan Gutiérrez, director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Esa comisión y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Afadem) presentaron en 2001 el caso de Radilla ante la CIDH, que junto con la Corte integran el sistema autónomo de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en que participan casi todos los países del continente.
En su sentencia sobre Radilla, la Corte ordenó investigar adecuadamente el caso y continuar su búsqueda y localización. Además, ordenó pagar 238.300 dólares a los familiares, como reparación por daños materiales e inmateriales y costas procesales.
Asimismo, el Estado deberá realizar un acto público de desagravio a la memoria de Radilla, publicar su biografía y reformar el fuero militar, que data de 1933 y fija un marco especial para los delitos civiles cometidos por los uniformados en el ejercicio de sus funciones. También obliga a modernizar la legislación sobre la desaparición forzada.
Al igual que en el caso de Campo Algodonero, sólo se ha cumplido la publicación del fallo.
Las organizaciones se quejan de la falta de contacto de las autoridades involucradas en aplicar las sentencias. Por ejemplo, la CMDPDH y Afadem aún no han recibido el expediente del caso Radilla de la Procuraduría (fiscalía) General.
"La sentencias no sirven si se quedan en el plano formal y no generan cambios en el plano interno, el tema es cómo generar una reparación con perspectiva de género", planteó a IPS la argentina Liliana Valiña, representante adjunta en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En ambos casos, la Corte revisará en diciembre el cumplimiento de las sentencias. En el fallo de Campo Algodonero fijó que este año debe cumplirse todo lo estipulado.
Laura Carrera, titular de la gubernamental Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, aseguró que se buscan los fondos para el monumento a las víctimas y se prepara un protocolo a aplicar en los casos de mujeres desaparecidas.
Además, anunció el proyecto Casas de Justicia, con refugios para mujeres víctimas de violencia de género y que tendrás sus primeras sedes en Juárez.
"En este momento se tendría que estar investigando los asesinatos y prestando atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, y no está ocurriendo", denunció Medina, autora de un estudio especial sobre la sentencia de Campo Algodonero.
Cuando se incumplen sus dictámenes, la Corte puede acudir a la asamblea general de la OEA a exponer el caso. Si ello le sucediese a México, podría ser declarado Estado renuente a cumplir fallos internacionales en materia de derechos humanos.
El gobierno mexicano ya anunció que enviará al Congreso legislativo un proyecto de reforma del fuero castrense. "Lo que nos preocupa es que esa reforma no sea discutida con nosotros. Es fundamental que se nos permita conocer la propuesta de ley", dijo Gutiérrez.
