Organizaciones indígenas ecuatorianas, que se oponen a un proyecto gubernamental para regular el agua, amenazan con extender las protestas que los llevaron a tomar la sede de la Asamblea Nacional legislativa el martes y a cortar varias carreteras en tres provincias.
Los indígenas buscan impedir que se apruebe el proyecto de Ley Orgánica que Regula los Recursos Hídricos y el Uso y Aprovechamiento del Agua, que se empezó a discutir en el pleno de la Asamblea en Quito, tras nueve meses de debate en la Comisión de Soberanía Alimentaria.
El martes los indígenas permanecieron varias horas dentro del edificio, bloqueando todas sus entradas. "De aquí no sale nadie", era la consigna que repetían.
La policía los expulsó a la fuerza a las 23.30 hora local (hora GMT 04:30 de este miércoles) lo que dejó "dos indígenas y 11 policías heridos, dos de estos últimos en estado grave", según el coronel Jaime Vaca, jefe policial de operaciones.
Tras ser desalojados, los indígenas atacaron con piedras los vehículos de legisladores y funcionarios de la Asamblea que se retiraban del lugar.
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Según reportó el diario Expreso en su edición digital, el vehículo de la directora de Comunicación de la Asamblea, Julia Ortega, fue destrozado.
Unos 1.000 indígenas se retiraron a primeras horas de este miércoles a un parque cercano a la Asamblea, donde acamparon.
En cuanto amaneció, se concentraron nuevamente en torno a la sede del Poder Legislativo. Su número, según pudo comprobar IPS, se incrementaba por momentos, con nuevos grupos llegando desde distintas provincias.
"Nos quedaremos 10 días, 15 días, o lo que sea necesario", dijo Marlon Santi, presidente de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en declaraciones a la prensa.
A media mañana, delegados de la Conaie, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas de Ecuador (Feine) y de los sistemas comunitarios de agua ingresaron a dialogar con el presidente de la legislatura, Fernando Cordero.
En la reunión, los dirigentes sociales plantearon formar una comisión de alto nivel "para resolver los nudos críticos del proyecto", en particular la cuestión de la autoridad única del agua.
La Conaie insiste en que dicha autoridad sea un Consejo Plurinacional con delegados indígenas, usuarios del riego, consumidores, movimientos sociales y una representación minoritaria del gobierno, señaló a IPS Delfín Tenesaca, presidente de la regional de la Sierra de la confederación.
El proyecto del gobierno prevé que el presidente de la República nombre a un Secretario Nacional del Agua con rango de ministro.
Aunque incluye un Consejo Plurinacional, con composición paritaria del gobierno y las comunidades, la iniciativa legal limita sus funciones a formular políticas y supervisar el cumplimiento de la ley, y le da voto dirimente al Secretario Nacional del Agua.
"No es eso lo que queremos", dijo Tenesaca a IPS, luego de salir de la reunión con Cordero, quien se comprometió a revisar las atribuciones del Consejo Plurinacional.
Otra exigencia de la Conaie es que se respete el orden de prioridades que establece la Constitución para el uso del agua: consumo humano, riego para producción alimentaria, caudal ecológico (necesario para conservar vivos los ecosistemas) y, por último, actividades productivas.
Esto tiene implicaciones importantes para sectores como la minería, la acuicultura y la producción agrícola de exportación: desde las flores y hortalizas hasta el banano.
Precisamente en Cuenca, la tercera ciudad más poblada de Ecuador, ubicada a más de 400 kilómetros al sur de Quito, el bloqueo de carreteras realizado el martes por dirigentes y usuarios de los sistemas comunitarios de agua del Azuay, buscaba rechazar "los derechos que tendrán las mineras con el proyecto".
La policía rehabilitó el paso y tomó presos a cinco dirigentes de los sistemas de agua en Girón y Tarqui, dos poblaciones de las afueras de Cuenca.
En la mañana de este miércoles se realizó en Cuenca una asamblea ampliada de frentes sociales y dirigentes comunitarios para exigir la libertad de los detenidos, tras de lo cual salieron en manifestación, nuevamente dispersada por la policía.
Tenesaca declaró, además, que la Conaie no cederá en su rechazo a la única concesión vigente en el país, entregada a la transnacional Interagua, que tiene a su cargo la provisión y distribución del vital recurso en la occidental ciudad de Guayaquil.
Según observadores parlamentarios, el gobierno habría pactado mantener esa concesión con Jaime Nebot, alcalde de esa ciudad, la más poblada de Ecuador, a pesar de ser su tenaz opositor, a fin de obtener sus votos para la aprobación de la ley.
El pleno de la Asamblea continuará este jueves la discusión del conflictivo cuerpo legal. "Estamos abiertos al diálogo, pero bajo presión no vamos a cambiar nada del proyecto", declaró el legislador del gobernante Movimiento País, Rolando Panchana.
Según Tenesaca, si no hay avances y no se conforma la comisión de alto nivel que pide la Conaie, las protestas se extenderán a todo el país.
"Esta es la batalla final. No vamos a ceder", concluyó.
