Más de 380 familias y 2.000 personas deben ser reubicadas en uno de los sectores de la capital de Colombia en que se han asentado los desplazados por el conflicto interno, tras los derrumbes ocasionados por filtraciones en las tuberías de agua de las laderas de la cordillera oriental andina.
El ingreso en el invierno, como se define en el país la estación de lluvias, ha dejado hasta el martes 11 un saldo de 59 personas muertas.
En el sector bogotano de Ciudad Bolívar se registraron en las últimas semanas tres deslizamientos que arrastraron unos 1.300 metros cúbicos de tierra, derrumbaron cinco casas y ocasionaron la muerte de Carlos Ávila, un soldado rescatista de 22 años, sepultado por un alud.
Ciudad Bolívar es la Localidad (distrito) 19, de las 20 en que se divide Bogotá, cuya población es de unos 10 millones de habitantes, según proyecciones del censo de 2005.
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De ellos, más de un millón viven en Ciudad Bolívar, con una extensión de 12.998 hectáreas, 252 barrios, 47 de ellos ilegales. Se calcula que 10 por ciento de su población corresponde a desarraigados del conflicto.
La precariedad económica y la solidaridad de antiguos vecinos transformaron al sector en el más buscado por los desplazados.
La capital es el destino preferido por los desplazados forzosos, por tener la mayor oferta laboral y la mejor posibilidad de camuflarse en su extenso territorio, según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
Los barrios de Ciudad Bolívar situados sobre la Autopista Sur de la ciudad tienen servicios públicos, parques y centros comerciales. Pero a medida que se asciende por la montaña las viviendas son más precarias.
No hay pavimento en las calles, el transporte público es deficiente y desde algunos puntos se tardan dos horas en llegar al centro de la ciudad.
El barrio de Caracolí, por ejemplo. Situado casi al filo de la montaña, su parte más alta la preside el tanque de Santa Bibiana, que surte de agua al sector y a un distrito vecino.
"El tanque tiene una red de distribución con mangueras de cuatro pulgadas que la gente rompe para extraer agua", dijo a IPS el ingeniero Gerardo Rodríguez, de la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar.
Pero la comunidad responsabiliza a la administración.
"Los (técnicos) del acueducto quitaron las mangueras y pusieron contadores. Pero no saturaron las mangueras madres y las filtraciones provocaron el derrumbe", dijo a IPS Rosalbina Muñoz, que vive en Caracolí hace siete años.
"Asómese ahí no más y vea cómo se riega el agua. Hay un chorro grandísimo que es un enorme desperdicio", dijo José Bulla, afincado en el barrio por una década.
En tanto, la Dirección de Atención y Prevención de Emergencias (DPAE) vigila 70 puntos del distrito, mientras avanza la reubicación de las familias.
"Reubicación preventiva", precisó Rodríguez, que comenzó tras el primer derrumbe.
"La primera noche se pidió que buscaran albergue en casas de familiares o amigos, y se les otorgaron 120 mil pesos (unos 60 dólares) para solventar los primeros gasto", dijo a IPS Viviana Boyacá, portavoz de la alcaldía de Ciudad Bolívar.
Detalló que "las demás personas fueron acogidas en salones comunales y un polideportivo".
"En la zona ningún habitante tiene título de propiedad. Todos han comprado de manera informal", explicó Rodríguez.
Según el procedimiento establecido por DPAE en 2007 para estos casos, los habitantes de la zona alta de Caracolí serán reubicados con "acompañamiento integral por parte de la (gubernamental) Secretaría de Integración Social", dijo Boyacá.
Esto implica el pago de arrendamiento por entre seis meses y un año, antes de la adjudicación de una vivienda de "interés social", de precarias construcción y tamaño.
La adjudicación compete a la gubernamental Caja de Vivienda Popular.
"Yo quiero que me trasladen, porque siempre que llueve siento que se me va a caer la montaña encima", dijo a IPS Alba Sánchez, habitante del sector desde hace siete años y quien, como sus vecinos, adquirió su parcela a los llamados "terreneros".
"Alguien llega con una promesa de compraventa, dice este lote es mío, se lo vendo y ya", dijo Bulla.
Al lado de su casa, en la parte baja del derrumbe, hay lotes a la venta. Uno de seis por 12 metros cuadrados, cuesta el equivalente a 2.500 dólares.
El salario mínimo está establecido en unos 260 dólares, un ingreso al que difícilmente acceden los trabajadores informales, que representan la mayoría en Ciudad Bolívar.
"Pero si es abajo de la carretera el mismo lote cuesta cuatro o cinco veces más", continúo Muñoz.
La pregunta es por qué la gente gasta sus exiguos recursos en lotes en donde el peligro es inminente, los servicios son precarios y el acceso difícil.
"Porque en medio de situaciones complejas, de dolor por la violencia y otras dificultades, la gente es vulnerable e incauta y compra lo que no debe", respondió a IPS Aida Muñoz, subdirectora del Centro Operativo Local de la alcaldía. "No proyectan los riesgos", dijo.
La reubicación de Caracolí concluirá en junio, mientras continúan la llegada de desplazados y la venta de lotes.
