La disputa de los vecinos de ocho favelas que la alcaldía de esta ciudad brasileña quiere desalojar, por considerarlas áreas de derrumbe, tomó nuevos rumbos al conocerse una pericia que desmiente ese argumento.
Los peritos del Núcleo Tierra y Habitación de la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro concluyeron que "no hay fundamento técnico para el desalojo" de la favela Morro dos Prazeres, como había dictaminado el Instituto de Geotécnica del municipio carioca (Geo-Rio).
El alcalde Eduardo Paes firmó la orden de desalojo con base en el informe de Geo-Rio, dependiente de la Secretaría Municipal de Obras Técnicas.
El 10 de abril, Paes anunció el desalojo de 3.600 familias de las comunidades de Morro do Urubú, Fogueteiro, Tabajaras, Laboriux, Cantinho do Céu y Pantanal, en Morro do Turano, Parque Colúmbia y el citado Morro dos Prazeres.
La medida fue dispuesta dos días después del temporal que causó 256 muertos, la mayoría por derrumbes en las favelas, esos barrios hacinados que se trepan por las laderas de las montañas o "morros". Miles de personas quedaron sin hogar.
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El paisaje de las favelas tendidas sobre los morros es característico de esta ciudad de seis millones de habitantes. El Instituto Pereira Passos estima que en ellas viven un millón de personas, según datos del último censo, realizado en 2000.
En los análisis iniciales y complementarios del Núcleo Tierra y Habitación "no hay nada que sea coherente para determinar que todo el barrio sea desplazado", dijo a IPS el ingeniero Mauricio Campos, responsable de la pericia de la Defensoría Pública.
Campos agregó que "los restantes procedimientos investigativos aplicados en las ocho favelas son cuestionables" porque Geo-Río "marcó como áreas de riesgo zonas en las que existen muros de contención contra desplazamientos y que resistieron las lluvias".
La revisión técnica firmada por Campos también recomendó la "reubicación de las familias que viven en zonas de derrumbe", pero "dentro del mismo barrio o en áreas cercanas", como determina la Ley Orgánica Municipal.
Con base en el informe de este grupo técnico —que también fiscalizará los estudios de Geo-Rio en Fogueteiro, Tabajaras y Laboriux— los vecinos pedirán a la Defensoría Pública Estadual que suspenda todas las expulsiones.
El decreto "esconde la intención de valorizar los terrenos y barrios aledaños con la recolocación de estas favelas" declaró Marcelo Chamorro, propietario de un inmueble en Tabajaras.
Allí "las lluvias no causaron heridos, ni muertos, ni derrumbes", dijo. Además, "esto es una favela-barrio: pagamos impuestos y servicios, se hicieron muros de contención contra derrumbes y está asfaltado".
"Este barrio está registrado en el municipio desde 1988", continuó, "y por eso la demolición de casas en perfecto estado y las indemnizaciones ofrecidas sobre el valor de mercado me hacen pensar que es pura especulación inmobiliaria".
A los propietarios se les ofreció una indemnización 40 por ciento superior al valor de tasación de su vivienda para que compren una casa en otro sitio.
Siete de las favelas abarcadas por el decreto lindan con barrios de clase media y alta. "En Prazeres tenemos una de las mejores vistas de Río", declaró Soraide Gomes, quien vive allí desde hace 28 años. "Nos quieren sacar porque estos terrenos valen una fortuna".
Entre 1995 y 2002, en Prazeres se hicieron obras de infraestructura por valor de 14 millones de dólares. Y ahora "sólo hubo derrumbes donde no se hicieron obras, como en el Sector 42 y en Pequeño Prazeres, áreas que se anexaron a la comunidad" y en las que fallecieron 42 personas.
Trece mil domicilios estaban incluidos en áreas de riesgo antes del temporal.
Para Jorge Barbosa, uno de los coordinadores del no gubernamental Observatorio de Favelas, "a la industria inmobiliaria y de construcción civil no le interesa invertir en viviendas populares porque quieren un retorno financiero rápido".
Doctor en geografía y especialista en urbanismo, Barbosa considera que "es mentira que sea inviable urbanizar las favelas, y esa limpieza viabilizada por los desalojos es una afrenta moral a la vida social de quien los sufre".
A los desalojados que eran inquilinos se los incluyó en el plan Alquiler Social, que les permite cobrar 218 dólares durante tres meses.
Tanto estos como los propietarios pueden ingresar al plan del gobierno federal Mi Casa, Mi Vida, que construye barrios populares en el centro y en el suburbio de la ciudad.
"Ese dinero sólo permite alquilar en zonas muy alejadas y no resuelve nada porque esas personas perdieron todo", agregó Barbosa.
Luana de Castro vivió hasta el día 16 en uno de los albergues improvisados en una escuela, "porque la mitad de mi casa de barro y madera la arrasó un derrumbe". Madre soltera de dos hijas y desempleada, residía hasta el mes pasado en Morro do Turano.
"Ahora voy a empezar a cobrar el Alquiler Social y a anotarme en Mi Casa, Mi Vida porque no tengo dónde ir", contó.
Cristiane Susana Silva, vecina de Castro en la favela y el albergue, está de acuerdo con el desalojo. "No quiero volver a vivir ese día", dijo. "No puedo culpar a este gobierno porque en Turano nunca nadie invirtió en obras".
