La política en esta ciudad brasileña de saturar las favelas de presencia policial solo es una forma de criminalizar la pobreza que no resuelve la exclusión social, la base de la violencia que se pretende combatir, afirmaron organizaciones de derechos humanos.
El gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, decidió utilizar las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), conformadas por integrantes de la Policía Militar, como fuerzas de intervención armada para combatir a las bandas de narcotraficantes que operan en la mayoría de las favelas, como se les llama en Brasil a los barrios pobres y hacinados.
Las UPP "son una forma más de controlar al pobre", dijo a IPS Patricia Oliveira, integrante de Red Comunitaria Contra la Violencia, para quien "este plan está condenado al fracaso" porque "es imposible mantener una ocupación armada para siempre".
"También está dentro de la lógica de tolerancia cero hacia los que menos tienen por parte del gobernador Cabral" afirmó la activista, antes de destacar que el plan "es una copia del mismo esquema de control aplicado en Bogotá", la capital de Colombia.
Cabral, del opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño, llegó a la gobernación de Río en enero de 2007, con una oferta de "mano dura" contra las bandas de narcotráfico.
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La gobernación pretende que cuando acabe 2010 estén incluidas 17 favelas en el plan de seguridad pública, lo que en el proyecto se llama "pacificadas".
En la actualidad, siete "morros" como también se llaman a las favelas por estar empinadas sobre los rocosos cerros de la ciudad— viven bajo ocupación policial, en un proceso que comenzó en diciembre de 2008 con la intervención policial de la barriada Dona Marta.
Las favelas intervenidas hasta ahora son Providencia (en el centro), Pavão Pavãozinho (Copacabana), Tabajara y Dona Marta (Botafogo), Ciudad de Dios (Barra da Tijuca), Borel (Tijuca) y Batam (Jacaraepagua).
"En la favelas donde actúan las UPP, aumentaron los casos de abuso y violencia policial. Ser negro, pobre, vestirse de rapero y usar gorra significan que un policía va abordarte para saber quién eres, dónde vives y trabajas" explicó Oliveira.
"Antes había que pedirle al jefe del narcotráfico permiso para todo; ahora, al jefe policial designado. El derecho a expresarse y circular sigue igual de limitado que antes", añadió.
Los movimientos sociales también cuestionan que los operativos estén en manos de un cuerpo policial que registra el mayor índice de muertes en "actos de resistencia", como se denomina en Brasil a los presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
"Las muertes en manos de la Policía Militar aumentaron mucho" desde que Cabral es gobernador, relató Camila Ribeiro, coordinadora de proyectos de la no gubernamental Justicia Global. "Esos asesinatos responden siempre al estereotipo de hombre negro, entre 15 y 30 años, pobre y vecino de favela", agregó.
Ribeiro dijo a IPS que "las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública estadual indican que en el primer trimestre de 2009 hubo 581 muertos en enfrentamientos con la policía", una caída respecto al mismo periodo del año anterior. Pero insistió que ello es aval para "una política de exterminio y darwinismo social". Los datos de 2010 aún se desconocen.
Ribeiro y Oliveira coinciden en que las UPP solo intervinieron hasta ahora a favelas que estaban dominadas por bandas de narcotraficantes, excepto en el caso de Batam, que era controlada por "milicianos".
Las milicias son bandas armadas que garantizan una favela "limpia" de traficantes a cambio del pago de una cuota mensual y el control de servicios como la luz, gas o la televisión por suscripción. Varias investigaciones judiciales indican que esos grupos son integrados por policías activos y retirados.
"Cabral sabe que hay políticos sospechosos de ser milicianos, pero prefiere mirar para otro lado", acusó Oliveira. "Batam es una excepción porque dos periodistas (del diario O Dia) fueron torturados allí cuando investigaban a las milicias", explicó.
Ribeiro consideró que hay un interés oculto detrás de las intervenciones policiales.
"Esconden la intención de presionar económicamente a los vecinos para que abandonen sus barrios", porque con las UPP entran las empresas de servicios, como electricidad y agua, se regulariza la situación y los moradores deben registrarse y pagar las mismas tarifas que en los barrios de clase media y alta, "imposibles de pagar para el pobre", aseguró.
La experta subrayó que cinco de las favelas intervenidas "están en los barrios más acomodados de la ciudad", donde los espacios para "la construcción son pocos". La presión para que los habitantes de los morros se vayan es, a su juicio, otra forma de "especulación inmobiliaria".
Las otras dos, Batam y Ciudad de Dios, rompen la norma porque están en medio de barrios de clase alta, pero el primero entró en el plan de seguridad por el caso de los periodistas torturados y el segundo por haber sido el escenario de la película del director brasileño Fernando Meirelles que lo catapultó a la fama mundial: "La ciudad de Dios".
Además, las dos favelas integran el área de Río donde se levantarán las instalaciones para los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en la ciudad en 2016. Las autoridades "necesitan transmitir una imagen de paz y seguridad" en toda la ciudad, pero "en especial en esa zona", dijo Ribeiro.
María Costa Correira da Silva, dirigente vecinal de Borel, intervenida hace poco más de un mes, comentó a IPS que "todavía no hubo incidentes en el barrio", aunque "estamos alertas" porque en otras comunidades "aumentaron los casos de golpizas a jóvenes que cuestionan la autoridad policial y son arrestados por desacato".
Pero en general, reconoció Ribeiro, la imagen de las UPP entre los vecinos de los barrios donde actúan "es positiva porque es el mal menor" luego de vivir durante años "en el fuego cruzado entre traficantes y policías".
