Las aguas diplomáticas de Nicaragua se han agitado con Colombia, Costa Rica y Honduras, con los que el país mantiene diferendos limítrofes, por una serie de episodios en que el último y más grave fue la retención de 32 pescadores colombianos durante 14 días, liberados el miércoles 5.
Patrullas de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua capturaron el 22 de abril en el mar Caribe un barco pesquero de bandera colombiana y dos lanchas.
La marina aseguró que las embarcaciones faenaban dentro de aguas jurisdiccionales nicaragüenses, por lo que procedió a detener a los pescadores, decomisar la pesca y retener las embarcaciones.
Bogotá exigió la inmediata liberación de la tripulación, las embarcaciones y la pesca, además de una explicación formal de un acto que, según la posición de Bogotá, se produjo en un área en que la soberanía nicaragüense está en litigio.
Managua no dio explicaciones a Bogotá y mantuvo casi dos semanas el barco anclado en la capitanía naval de la ciudad de Bluefields, en el sur del Caribe nicaragüense, y a sus 23 tripulantes retenidos, al igual que los nueve de las dos lanchas, con bandera de las islas Caimán.
Solo el martes 4 concedió permiso a Bogotá para que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana ingresara al país a repatriar a los pescadores, que se habían quejado a través de medios de comunicación de maltrato y amenazas por parte de los militares.
El avión militar partió de Bluefields a la colombiana isla de San Andrés un día después, en medio de fuertes tensiones por el cobro por las autoridades nicaragüenses de impuestos al barco "Laura Any", por el uso de las instalaciones portuarias.
El canciller nicaragüense, Samuel Santos, comentó a IPS que "hicimos lo que teníamos que hacer. Estaban en territorio nacional depredando nuestras riquezas, y la Naval los detuvo conforme a sus funciones y las leyes nacionales".
Colombia y Nicaragua mantienen un diferendo por la soberanía de 50.000 kilómetros de plataforma marítima, que Managua reclama y Bogotá considera propios desde hace 80 años.
Nicaragua llevó su reclamación a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en Holanda, que el 13 de diciembre de 2007 sentenció que Colombia tenía soberanía sobre tres islas situadas dentro del área reclamada por Managua, entre ellas San Andrés.
Pero dejo para un segundo proceso el dirimir los límites marítimos entre los dos países. Una causa que se complicó ahora, con el anuncio de Honduras y Costa Rica de que pretenden personarse en ella.
Tegucigalpa anunció en marzo que pedirá intervenir en el juicio en La Haya para fijar esos límites, con el argumento de que en las áreas marinas que se ha pedido delimitar a la CIJ se incluyen porciones hondureñas, según explicó el canciller Mario Canahuati.
Nicaragua y Honduras libraron durante años otra batalla jurídica por la delimitación de sus fronteras marítimas en el Caribe, que concluyó con la fijación de los límites por la Cij, en 2007.
Tegucigalpa acusa a Managua de desconocer esa delimitación y en la última semana de abril protestó formalmente que las fuerzas navales nicaragüenses se adentraron en sus aguas jurisdiccionales para capturar al pesquero colombiano, lo que coincide con la versión de Bogotá.
Managua no respondió a la protesta, ocurrida días después que los presidentes Daniel Ortega, de Nicaragua, y Porfirio Lobo, de Honduras, suscribieron una declaración conjunta a favor de una solución a los problemas que se suscitan periódicamente en el Golfo de Fonseca, compartido por los dos países y El Salvador en las costas del Pacífico.
Honduras acusa a la marina nicaragüense de hostigar constantemente a sus pescadores en el área, lo que Managua niega. Tegucigalpa presentó una denuncia en marzo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por estas acciones.
El otro país que pidió participar en el litigio marítimo colombo-nicaragüense en la CIJ fue Costa Rica. Su solicitud ante la CIJ se fundamentó también en que la reclamación territorial de las dos partes incluye miles de kilómetros de su plataforma caribeña.
La CIJ debió dirimir otro contencioso limítrofe de Managua, esta vez con San José, sobre el fronterizo río San Juan. En julio de 2009 dictaminó la soberanía nicaragüense sobre el lecho fluvial de más de 200 kilómetros de longitud, pero en el fallo reconoció derechos de navegación costarricenses sobre 140 kilómetros del río.
En marzo, el gobierno de San José acusó a Managua de limitarle esos derechos y violar la sentencia de La Haya. Nicaragua respondió negando la acusación, ratificando su respeto al fallo y asegurando que ejerce la soberanía conforme al dictamen.
Desde 2009, las cancillerías de los dos vecinos han tenido varios roces por otro diferendo limítrofes en el océano Pacífico.
San José propuso en 2007 a Managua el arbitraje de la ONU para delimitar la frontera de sus costas pacíficas, luego que un pesquero costarricense fue capturado en aguas que Nicaragua considera de su jurisdicción.
Al rechazar Nicaragua la propuesta, Costa Rica solicitó ante la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar que le reconozca la frontera marítima que ese país ha establecido. Para ello, San José presentó en 2009 un mapa que para la cancillería de Managua es lesivo para el territorio nicaragüense.
El canciller Santos acusó al gobierno de Costa Rica de pretender aprovecharse de la limitación de recursos económicos de Nicaragua para arrebatarle áreas marítimas y no descartó introducir otra demanda ante la CIJ.
