La detención de ocho colombianos en Venezuela, acusados de espionaje, dio otra vuelta de tuerca a la fuerte controversia política y diplomática que los gobiernos de ambos países sostienen desde hace un año.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reclamó explicaciones a Bogotá sobre el incidente, pues, según dijo, dos de los detenidos "tenían carnés del ejército colombiano" y "andaban recorriendo el país tomando fotos de instalaciones termoeléctricas e hidroeléctricas".
Venezuela sufre una crisis de producción y distribución de electricidad, atribuida por el gobierno a la sequía que afecta al país por acción de El Niño, el fenómeno climático derivado del aumento de la temperatura superficial del agua del océano Pacífico. Pero la oposición culpa a la imprevisión y mala gestión en el área estatal, que llevó al deterioro del parque termoeléctrico.
Chávez vinculó el caso de las detenciones al uso de bases colombianas por militares de Estados Unidos, que percibe como una amenaza.
"No creo que sea un hecho aislado, forma parte de algo mayor y ese algo mayor tiene que ver con la desesperación del imperio (Estados Unidos), lo cual lo hace más peligroso", dijo el mandatario.
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Como respuesta, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, aseguró que Venezuela viola los derechos de sus connacionales detenidos.
"Esto se llama violación de los derechos humanos, y el gobierno de Colombia no puede permitir la violación de derechos humanos contra sus ciudadanos, vivan en Colombia o en el extranjero".
La cancillería colombiana, en una declaración, exigió garantías a Caracas para con sus ciudadanos y pidió la "intervención urgente" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de "evitar daños irreparables a la vida, seguridad y garantías judiciales" de los detenidos.
Según las versiones divulgadas por autoridades y familiares, los primeros detenidos fueron Luis Carlos Cossio, de 52 años, y su sobrino político Santiago Giraldo, de 21, arrestados el 23 de marzo en el centro-norte del país.
Al ser revisados en un puesto de control, a Cossio y Giraldo se les encontró una cámara fotográfica con imágenes de instalaciones eléctricas, una de las cuales correspondería a una antena de comunicaciones utilizada por la policía política.
Cossio y su esposa Elva Giraldo, tía de Santiago, poseen una pequeña fábrica de helados en Barinitas, una población de las llanuras del oeste en el estado de Barinas, cercano a la frontera colombiana.
Uribe admitió que la pareja había pertenecido al ejército de su país. Elva Giraldo, que es farmacéutica, trabajó en el dispensario militar de Medellín, y Cossio lo hizo "como médico general en ese mismo lugar hasta el 2002, luego se radicó en Canadá donde obtuvo la nacionalidad. Desde entonces, ellos han estado vinculados a Venezuela, donde tenían una fábrica de helados", dijo el mandatario a la prensa local.
La instalación de la empresa familiar fue allanada, así como algunas viviendas, y Elva Giraldo y cinco operarios fueron también detenidos.
Según el ministro del Interior de Venezuela, Tarek El Aissami, en las pesquisas se consiguieron "algunos documentos en inglés y otras cosas de interés criminalístico", que sumados a la nacionalidad de los detenidos "ya es un elemento preocupante".
La nota de protesta de la cancillería desde Bogotá expresó, tras esa declaración, su "preocupación por la práctica de estigmatización de ciudadanos por ser colombianos".
El vicepresidente del parlamento venezolano, Saúl Ortega, dijo que la detención de los ocho colombianos "es un alerta importante". "Del actual gobierno de Colombia, vinculado al terrorismo paramilitar y al narcotráfico, se puede esperar cualquier cosa", agregó.
En cambio, el dirigente opositor Enrique Ochoa criticó a Chávez porque, dijo, "es experto en ver la responsabilidad en los demás y nunca en sí mismo". "Es propia de todo régimen autocrático la paranoia institucional que busca enemigos debajo de cada piedra", apuntó.
Por su parte, el defensor del pueblo de Colombia, Volmar Pérez, vinculó la detención de los ocho compatriotas suyos con la de otros 12, detenidos apenas unos días antes en una finca de las llanuras del sudoeste venezolano, donde "les encontraron cinco escopetas viejas y por eso los acusaron de integrar un grupo paramilitar".
El contrapunteo entre Bogotá y Caracas recordó de seguidas la matanza de nueve jóvenes colombianos en Táchira, extremo sudoeste de Venezuela, en octubre de 2009, presumiblemente por ajuste de cuentas entre paramilitares de derecha y guerrilleros izquierdistas del vecino país. Se desconoce el desarrollo de esa investigación.
La ristra de incidentes tiene como telón de fondo la ruptura política con Colombia que Venezuela decidió una vez que su vecino decidió el año pasado abrir nueve bases aéreas, navales y terrestres a fuerzas militares estadounidenses. El comercio binacional se detuvo parcialmente y las relaciones diplomáticas se colocaron "en el congelador".
Según Bogotá, la apertura de las bases da continuidad al Plan Colombia, que instrumenta la cooperación militar y policial de Washington para combatir el narcotráfico y la guerrilla.
Para Caracas, en cambio, se brinda a las fuerzas estadounidenses una plataforma que se utilizaría en una eventual agresión armada contra Venezuela, además de facilidades para que esa potencia del Norte proyecte su poderío militar sobre toda América del Sur.
El gobierno de Uribe ha expresado preocupación por la "carrera armamentista de Venezuela", que en los últimos tres años ha comprado armas rusas y chinas por unos 5.000 millones de dólares.
También negocia con Moscú la compra de equipos bélicos por otros 5.000 millones, según los resultados de la visita a Venezuela la semana pasada del primer ministro de Rusia, Vladimir Putin.
En lo personal, las relaciones entre los presidentes Uribe y Chávez han alternado entre una declarada hermandad y críticas con lenguaje inusitadamente duro.
El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el gobierno de su país aguardará la llegada de un nuevo presidente en Colombia, este año, para reexaminar las relaciones.
