Una de las tres audiencias públicas celebradas esta semana en Lima por la Corte Interamericana de Derechos Humanos trató la responsabilidad del Estado paraguayo en violaciones al derecho de propiedad colectiva de las tierras indígenas.
Paraguay es el país de América Latina con más denuncias admitidas en la Corte por no respetar esos derechos.
Tres nativos de la comunidad de Xákmok Kásek expusieron el miércoles en Lima su caso ante la Corte. Ellos reclaman al Estado la restitución de 10.700 hectáreas en el occidente de Paraguay, alegando que son su despensa para la caza de animales y la recolección de frutos de los que dependen, y para reproducir sus tradiciones.
Las tierras en disputa, en el departamento Presidente Hayes, fueron vendidas paulatinamente a ganaderos, y el espacio de los indígenas se fue reduciendo. "Estamos acorralados", dijo a IPS Marcelino López, líder de la comunidad Xákmok Kásek.
López tiene 48 años de edad y lleva 35 en la lucha por su comunidad, reducida a 61 familias y casi 300 personas. "Muchos se han ido a otras zonas porque ya no se puede vivir así, como peones de los ganaderos, sin agua potable ni servicios de salud", explicó Maximiliano Ruiz, profesor indígena que dio su testimonio ante la Corte.
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Xákmok Kásek se encuentra en el noroccidental Chaco paraguayo, a 370 kilómetros de Asunción, la capital del país. La comunidad pertenece al pueblo sanapaná, uno de los 20 grupos étnicos de ese país.
Los indígenas denunciaron al Estado en 2001 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de los abogados de la organización no gubernamental Tierraviva.
La CIDH declaró admisible el caso dos años más tarde, y en julio de 2009 presentó la demanda ante la Corte por considerar que al no acceder los indígenas a sus tierras se agravó su "vulnerabilidad alimentaria, médica y sanitaria, además de amenazar la supervivencia de sus miembros".
El alto tribunal continental aceptó la denuncia de la CIDH y notificó a las autoridades paraguayas. Las partes enfrentadas han presentado sus pruebas y descargos y se encontraron frente a frente el miércoles en Lima ante ocho magistrados de la Corte, encabezados por el peruano Diego García-Sayán.
En representación de las víctimas, Maximiliano Ruiz y Antonia Ramírez dieron su testimonio y contestaron preguntas de los representantes del gobierno de Paraguay y de la Corte. La presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI), Lida Acuña, expuso la versión del Estado.
Otros elementos sobre los daños causados a los indígenas fueron expuestos por el antropólogo Rodrigo Villagra y el médico Pablo Balmaceda, quien se refirió a un registro de 40 muertes en 20 años, ocasionadas por las condiciones precarias de vida de la comunidad.
La Corte sesionará en esta ciudad hasta este viernes 16. Los abogados de Tierraviva esperan un fallo para julio del próximo año.
En 2005 y 2006, la Corte Interamericana emitió dos sentencias contra Paraguay y a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa, exigiendo la devolución de sus tierras en un lapso de tres años. Pero el gobierno paraguayo no ha cumplido con esas condenas.
Esos casos sumados a la demanda de la comunidad Xákmok Kásek convierten a Paraguay en el país latinoamericano con más denuncias admitidas en la máxima instancia del sistema interamericano por la violación del derecho al territorio indígena.
Los indígenas constituyen dos por ciento de los 6,1 millones de habitantes de Paraguay. "Tres condenas para un Estado tendrían que ser un problema serio que obliga a las autoridades a responder. El cumplimiento de estos fallos es obligatorio, pero aún no se dan las reformas institucionales para acatarlos", dijo a IPS la abogada de las víctimas, Julia Cabello.
Acuña, la presidenta del INDI, dijo a IPS que el gobierno paraguayo "se encuentra en proceso de cumplir" con los reclamos, para lo que ya adquirió 15.133 hectáreas de tierras que serán restituidas a las comunidades.
Los nativos de Xákmok Kásek se trasladaron en 2008 a una zona denominada 25 de Febrero, en alusión a la fecha de su reubicación, gracias a un acuerdo con otra comunidad que les cedió 1.500 hectáreas por solidaridad.
Acuña aseguró que el Estado realiza el trámite para oficializar la entrega de las tierras a los pobladores de Xákmok Kásek, pero éstos insisten en que, según la Constitución, les corresponden como mínimo 100 hectáreas por familia, y no algo más de 20, como tienen ahora.
"Tendremos que comprar tierras aledañas, porque los ganaderos no quieren vender", agregó Acuña.
El conflicto se agudizó porque en enero de 2008, el gobierno declaró los predios de la hacienda Salazar, que abarca parte de las tierras en disputa, como área silvestre protegida bajo dominio privado por un período de cinco años, lo cual impide que sean expropiadas.
"El problema es el conflicto entre el derecho de propiedad individual y colectivo", señaló a IPS Abraham Franco, de la Procuraduría General Estado.
"Nuestra lucha no es de ahora. ¿Por qué dieron esas leyes si sabían nuestro reclamo?", insistió el indígena López.
El problema de acceso a agua potable, atención médica y educación persiste. Según López, el centro sanitario más cercano queda a 100 kilómetros, mientras el lugar que funge de escuela sólo tiene un techo rústico.
"Tenemos que caminar lejos para conseguir el agua, es difícil cuidar a las criaturas", señaló a IPS Antonia Ramírez, de 60 años, que crió a 10 hijos en condiciones adversas.
