Sukhil Johal se hacía diálisis en Estados Unidos cuando sus doctores le informaron que necesitaba un transplante de riñón. También le dijeron que podían pasar 10 años antes de que consiguiera al donante adecuado. Pero ella no estaba dispuesta a esperar.
En 2008, Johal decidió viajar al llamado bazar mundial de riñones: Pakistán. Ahora, a los 47 años, goza de buena salud y es esteticista en Gran Bretaña.
Pero los extranjeros ya no tendrán las mismas facilidades, aseguran muchos médicos y funcionarios del gobierno pakistaní más de un mes después de que el presidente Ali Zardari promulgara un proyecto de ley contra el tráfico de órganos y tejidos humanos.
La norma prohíbe a los pakistaníes entregar órganos o tejidos a extranjeros, pero permite que mayores de 18 años donen de forma voluntaria a una persona "emparentada legal y genéticamente".
De no existir esa posibilidad, la ley habilita la donación voluntaria a una persona "sin vínculo sanguíneo".
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Para que un mayor de 18 años pueda ser donante tiene que haber dejado una autorización escrita antes de morir o sus familiares deben consentir a la realización del procedimiento.
La norma prevé más de 10 años de prisión y una multa que puede llegar a unos 11.600 dólares para quienes la infrinjan.
También prevé la creación de comisiones de control y de evaluación, responsables de aprobar todos los procedimientos de transplantes.
Los promotores de la ley no ocultaron su voluntad de frenar el abuso de personas pobres por gente que busca órganos, en especial riñones.
A mucha gente le preocupa que el comercio se vuelva clandestino y haya más vidas en peligro. Los pakistaníes no están preparados para donar a sus seres queridos que acaban de morir.
"Las cirugías de transplante quedarán en manos de matasanos", opinó Ahsan M. Jan, del Hospital Masud, de la oriental ciudad de Lahore.
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Riñones, de Karachi, Jaffar Naqvi, tiene dudas de que "los familiares de una persona fallecida dejen que alguien toque el cuerpo".
Pacientes de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente llegaban a Pakistán, conocido como mercado de órganos, en busca de un transplante.
A fines de 2006 se hicieron unos 2.000 transplantes de riñón en este país, de los cuales la mitad fueron a extranjeros y sólo un cuarto de los pacientes recibieron órganos de algún familiar.
Unos 50.000 pacientes mueren al año en este país "por necesitar un transplante", señaló Adibul Hassan Rizvi, jefe del Instituto de Urología y Tecnología de Sindh, ubicado en Karachi.
En 2007, el entonces presidente Pervez Musharraf promulgó una versión anterior de la ley. Pero la norma quedó en un limbo legal tras su derrocamiento al año siguiente.
En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo proyecto, que pasó al Senado y que luego Zardari promuolgó el 18 de marzo.
Pakistán demoró mucho en tener una ley de este tipo porque en 2007, "al darse cuenta de que su nefario negocio corría peligro, el lobby comercial recusó el proyecto por considerarlo contrario al Islam", señaló Anwar Naqvi, del Instituto de Urología y Tecnología.
Al final, su contenido fue "revisado por eruditos musulmanes que lo consideraron acorde con la shariá (ley islámica). Luego pasó a la Asamblea Nacional, donde algunos parlamentarios se opusieron porque querían permitir la venta de órganos, pero desistieron tras ser convencidos de que no se contradecía con el aspecto ético de la norma", añadió.
La sociedad civil y la prensa pueden contribuir a impedir que se cree un mercado negro de órganos y que haya operaciones clandestinas difundiendo el contenido de la norma y el programa de donantes fallecidos, señaló Rizvi. El gobierno, por su parte, debe garantizar el cumplimiento de la ley.
Pero también existen dificultades prácticas para implementar la norma.
"El programa de donación de cadáveres implica crear una infraestructura complementaria con una base de datos centralizada con información sobre donantes voluntarios, varias unidades de cuidados intensivos en todo el país con urólogos, cirujanos especializados, una red de transporte e incluso ambulancias aéreas", explicó.
El costo de mantener un cuerpo vivo con un respirador asciende a unos 116 dólares al día, indicó Jan. "No tenemos fondos para asistir a las personas vivas, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para mantener cadáveres?", preguntó.
A los médicos les puede resultar difícil "aconsejar a los padres de un joven fallecido que piensen en la donación cuando todavía no han podido aceptar" el hecho, apuntó. "La nación no está madura" para entregar los órganos de sus muertos, señaló Jaffar Naqvi.
Existen unidades de cuidados intensivos, pero "hay que mejorar las de los hospitales estatales", apuntó.
Tampoco es imposible crear una base de datos nacional, sostuvo Anwar Naqvi. "El consentimiento puede figurar en el documento de identidad, que todo el mundo lleva encima", añadió.
