Managua lleva tres días de violentas disputas entre seguidores del gobierno del izquierdista Daniel Ortega y legisladores de partidos opositores que piden la intervención de la OEA.
Grupos de jóvenes identificados con los símbolos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) protestaron y bloquearon edificios públicos para impedir que sesionara la Asamblea Nacional legislativa para derogar el artículo 3-2010 emitido por Ortega en enero.
Hubo disparos con morteros artesanales contra la sede del parlamento, bloqueos de las principales avenidas, destrozos en la vía pública, choques con policías antimotines, golpes a periodistas y amenazas de incendiar sedes de medios de comunicación críticos del gobierno.
Tres diputados resultaron heridos y varios periodistas y transeúntes golpeados.
El decreto de Ortega determinó que se mantuvieran en sus cargos 21 funcionarios públicos cuyos mandatos ya expiraron y otros cuatro que concluirán este año, mientras el parlamento no elija a sus sustitutos de una lista de postulados por el FSLN y por los bloques de oposición.
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Entre esos funcionarios se encuentran magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral. El gobierno quiere renovar los mandatos de los jueces electorales, a lo que se niega la oposición que los considera artífices de fraude en los comicios municipales de noviembre de 2008.
Para el jurista Alejandro Serrano Caldera el decreto presidencial no tiene validez pues, según la Constitución, corresponde a la Asamblea Nacional nombrar en sus cargos a los funcionarios de los poderes del Estado.
La oposición cuenta con 48 escaños en un total de 91. Se requieren 47 votos para derogar el decreto y 56 para designar los funcionarios de los cargos vacantes.
Alineados contra el gobierno se encuentran el derechista Partido Liberal Constitucionalista del ex presidente Arnoldo Alemán —condenado en 2003 a 20 años de prisión por corrupción y beneficiado el año pasado con un polémico sobreseimiento—, y un desprendimiento liberal, el Movimiento Vamos con Eduardo, liderados por el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre.
A ellos se suma la Bancada Democrática de Nicaragua, compuesta por disidentes de todos los partidos y por el Movimiento Renovador Sandinista.
Ante la imposibilidad de reunirse en la sede parlamentaria, el martes 20 los legisladores opositores intentaron celebrar una sesión en el hotel Holiday Inn con el fin de votar la derogación del decreto.
El diputado Víctor Hugo Tinoco, que se apartó del FSLN, dijo a IPS que el presidente busca sostener en sus cargos a los miembros sandinistas del Consejo Supremo Electoral "porque ellos le garantizan el fraude para su reelección en 2011".
Ante el anuncio de los legisladores, el gobierno movilizó a empleados públicos y a simpatizantes para impedir que se llevara a cabo la sesión.
Grupos de manifestantes, encabezados por algunos de los funcionarios beneficiados en el decreto, sitiaron sedes de los partidos opositores, quemaron vehículos y lanzaron bombas molotov contra edificios y hoteles donde sesionaban los legisladores.
Además se paralizaron las labores en casi todas las oficinas públicas y también la actividad privada.
Bajo protección policial, los parlamentarios denunciaron un presunto plan para disolver la Asamblea, nombraron una comisión para buscar apoyo de la OEA (Organización de los Estados Americanos), ratificaron una resolución de no reelegir a los actuales magistrados del Poder Judicial y Electoral y prepararon un proyecto para derogar el decreto polémico.
Los legisladores oficialistas acusaron a sus pares de la oposición de boicotear el trabajo del Poder Ejecutivo y llevar al país al caos, pues está suspendido el tratamiento de leyes sociales y económicas.
René Núñez, presidente del congreso y jefe del bloque del FSLN, dijo que la sesión celebrada en el hotel no es válida pues se efectuó fuera de la sede parlamentaria, que estaba sin embargo rodeada de autobuses y barricadas para impedir el acceso de los legisladores.
Además, "sólo el presidente de la Junta Directiva puede convocar a sesión, y yo no lo hice y no hay constancia de que hayan estado 47 diputados", dijo Núñez a medios de comunicación oficialistas.
Rafael Solís, integrante sandinista de la Corte Suprema de Justicia y cuyo mandato expiró este año, estuvo al frente de una parte de los manifestantes.
El presidente, mientras tanto, ha guardado silencio.
El contexto en que ocurren estos hechos es una dura campaña contra la reelección de Ortega, autorizada por una interpretación de la Constitución que hicieron los magistrados favorables al sandinismo en la Corte Suprema.
La crisis estalló la semana pasada, cuando los magistrados Solís y Armengol Cuadra se ampararon en el decreto de Ortega para afirmar que tomarían parte en las audiencias judiciales mientras no fueran nombradas las nuevas autoridades para sustituirlos.
De los 16 magistrados del Poder Judicial, ocho son sandinistas y ocho liberales. Los primeros emitieron un dictamen validando el decreto y ordenaron a la Asamblea Nacional acatar el fallo.
Los congresistas acusaron al Poder Judicial de invasión de funciones y anunciaron la derogación de ese dictamen.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, denunció el martes amenazas de muerte y dijo que esta semana invocaría la Carta Democrática de la OEA para "tratar de solucionar la crisis antes de que nos pase lo que pasó en Honduras el año pasado".
En junio de 2009, legisladores, magistrados, jueces y militares hondureños condujeron un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, con el argumento de que intentaba poner en marcha un presunto mecanismo inconstitucional para presentarse a la reelección.
Este miércoles, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, instó a "preservar la institucionalidad, respetar a las distintas autoridades constituidas y resolver las diferencias políticas, particularmente entre los poderes del Estado, por medio del diálogo".
Insulza también se ofreció a colaborar en la solución del conflicto.
