Críticos de la ley que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona sostienen que podría acarrearle «costos desestabilizadores» a ese sudoccidental estado estadounidense, y reclaman que se la declare inconstitucional.
La gobernadora republicana Jan Brewer promulgó la ley SB 1070 el día 23, tras una semana de manifestaciones y protestas por parte de organizaciones anti y pro-inmigrantes.
La nueva norma convierte a Arizona en el primer estado de Estados Unidos en considerar delincuente a un inmigrante indocumentado.
En un solo condado de Arizona, el de Yuma, el jefe de policía Ralph E. Ogden estima que para cumplir con ella las agencias dedicadas a aplicar la ley gastarán entre 775.880 y casi 1,2 millones de dólares.
Los costos carcelarios oscilarán entre poco más de 21 millones y 96 millones de dólares, y los correspondientes a abogados y otros profesionales serán de entre 810.067 y 1,6 millones de dólares.
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Ogden realizó esos cálculos a efectos de incluirlos en un balance elaborado en respuesta a una legislación similar aprobada en 2006.
El de Yuma es uno de los 15 condados de Arizona y tiene unos 200.000 habitantes. El balance del jefe de policía también revela que será necesario construir más centros de detención, a un costo que se desconoce.
La enumeración de estos costos no incluye la pérdida de ingresos por concepto de impuestos y de compras realizadas por los consumidores, así como las demandas potencialmente caras que probablemente se presenten.
Ya hay en curso varios reclamos legales para impedir que la legislación entre en vigor. Los presentaron el Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación, la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y la Red Nacional de Organización de Jornaleros.
"Arizona tendrá en la historia el mismo lugar que Sudáfrica", dijo Salvador Reza, de Puente, movimiento de derechos humanos con sede en Phoenix, comparando la nueva ley con el apartheid, régimen que hasta 1994 discriminó oficialmente a la mayoría negra sudafricana.
Pero la aprobación de la ley de Arizona también puede haber infundido nuevos bríos y determinación al movimiento pro reforma inmigratoria.
El presidente Barack Obama ha criticado la norma aprobada, señalando que amenaza con "debilitar las nociones básicas de justicia que respetamos como estadounidenses, así como la confianza entre la policía y nuestras comunidades, que es tan crucial para mantenernos seguros".
También pidió al Congreso legislativo que apruebe una exhaustiva reforma inmigratoria.
John McCain, senador republicano de Arizona y ex candidato presidencial, fue en el pasado uno de los adalides de esa reforma. Actualmente, abocado a que su sector gane la nominación de su partido por otro periodo, ha aprobado la nueva ley.
El otro senador por Arizona, el también republicano John Kyl, ha hecho lo mismo.
La norma permitirá a los policías arrestar a una persona en base a la "sospecha razonable" de que se trata de un inmigrante indocumentado.
Los departamentos de policía podrán enfrentar demandas de individuos que crean que esas secciones no están aplicando la ley.
Una coalición de líderes empresariales y religiosos advirtió que el impacto de la nueva medida puede perjudicar severamente la economía de Arizona.
La nueva ley "está partiendo nuestro estado en dos. Nos humilla ante los ojos de Estados Unidos y amenaza nuestra recuperación económica", dijo el alcalde de Phoenix, Phil Gordon.
El senador del estado Russell Pearce, republicano de la localidad de Mesa y autor de la ley, dijo que ésta tendrá el efecto opuesto. Cree que la norma hará que los inmigrantes se vayan de Arizona, lo que derivará en que el estado ahorrará dinero en los servicios que actualmente brinda a los hijos de inmigrantes indocumentados en escuelas y hospitales.
Como no existe una norma de este tipo en el plano federal , los estados tienen que tomar este asunto en sus propias manos, agregó Pearce.
La reciente muerte de un hacendado en la frontera, vinculada a los hechos violentos que tiene lugar en el área, dio impulso para aprobar la nueva norma.
Cuando la gobernadora de Arizona dio su aprobación al proyecto legislativo, la comunidad religiosa del estado y de todo el país lo condenó por considerarlo "una afrenta a la conciencia moral que dividirá a familias y comunidades".
"La inhumana legislación demuestra la urgente necesidad de que una dirigencia política nacional apruebe una reforma inmigratoria exhaustiva", señaló una coalición integrada por una decena de líderes evangélicos, protestantes tradicionales, católicos y judíos, que representan a millones de ciudadanos estadounidenses.
El Comité Antidiscriminación Árabe-Estadounidense también condenó la legislación.
"La ley que la gobernadora Brewer convirtió en ley es un pecado social y racial, y debería ser denunciada como tal por la gente de fe y de conciencia en toda la nación. No se trata sólo de Arizona, sino de todos nosotros, y de qué clase de país queremos ser", dijo el reverendo Jim Wallis, presidente del movimiento cristiano The Sojourners.
"Esta ley vuelve ilegal amar al vecino en Arizona, y nos obligará a desobedecer a Jesús y a su evangelio. No cumpliremos", agregó.
Y el reverendo Jan Flaaten, del Consejo Ecuménico de Arizona, dijo: "Todos los líderes religiosos de Arizona saben y entienden que esta ley no solucionará el problema del delito a lo largo de la frontera o en nuestro estado, sino que demonizará a cualquiera que parezca sospechoso de ser un indocumentado, lo que llevará a una inevitable elaboración de perfiles raciales".
"Nuestras tradiciones religiosas nos piden que tratemos a la gente con dignidad y respeto, y buscamos una manera más iluminada y esperanzada de trabajar con las personas indocumentadas que viven junto a nosotros", añadió.
