Un tribunal especial de Perú absolvió a dos militares y un policía imputados de la desaparición forzosa de cuatro campesinos en la región de Ayacucho, en lo que fue percibido como un revés para los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra contrasubversiva (1980-2000).
Con base en la declaración de varios testigos y otras evidencias documentales, el Ministerio Público acusó a los militares Carlos Bardales y Marino Ambia y al policía Javier Culquicóndor de la detención y desaparición de los comuneros, tras haber reclamado el arresto ilegal de un familiar.
Pero la Sala Penal Especial, presidida por Emma Benavides, y compuesta por María Cayo y Clotilde Cavero, sorprendió al fallar que, si bien está acreditado el delito de desaparición forzada de los cuatro campesinos tras su arresto por efectivos del ejército, existen dudas razonables sobre la culpabilidad de los imputados.
La sentencia, emitida el lunes 26, fue recurrida esta misma semana ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de la causa, que la consideran parte de una tendencia judicial de absolver a los uniformados involucrados en violaciones de derechos humanos durante las dos décadas de conflicto armado interno.
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El fiscal de la causa, Isidoro Prado, también interpuso un recurso de nulidad contra el fallo absolutorio, mientras los familiares se declararon "indignados" por la sentencia.
"Declararon los testigos de la detención y se acreditaron documentos. Sin embargo, para los magistrados existen dudas razonables sobre la responsabilidad de los acusados. ¿Por qué? Porque piden un papel que acredite la orden de desaparición forzada. Eso no existe", señaló a IPS la abogada de los familiares de Albino Quino, Karim Ninaquispe.
La esposa de Quino, Francisca Janampa, "fue testigo de la detención de su marido por parte de los militares", aseguró Ninaquispe, de la no gubernamental Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq.
"Ella los identificó plenamente, y sin embargo, para los jueces hay dudas razonables. Es increíble. Por eso hemos apelado ante la Corte Suprema", dijo.
El 25 de julio de 1986, un pelotón del ejército de la base Cangallo ingresó en el poblado de Matero en busca de un grupo de campesinos. Al no encontrar a quienes buscaban, los militares arrestaron a Francisca Janampa y a Severino Quispe, menor de edad. Poco después, Janampa fue puesta en libertad con la condición de que los pobladores requeridos se entregaran al cuartel.
El 30 de julio, se presentaron ante la oficina del jefe policial Javier Culquicóndor los tres comuneros buscados por los militares: Quino, Pérez y Escriba. Llegaron acompañados de vecinos de Matero dispuestos a avalar su inocencia.
Culquicóndor llamó al ejército, y un pelotón apareció para llevar a la cercana base de Cangallo a los tres campesinos. Nunca más se supo de ellos. Tampoco de Quispe.
El caso ocurrió un año después de comenzado el primer gobierno del socialdemócrata Alan García (1985-1990), que volvió a la Presidencia por un segundo quinquenio en julio de 2006, con una propuesta política conservadora, diferenciada de la centro-izquierda de su anterior mandato.
Desde hace casi 24 años, los familiares de las cuatro víctimas buscan castigo para los responsables de su desaparición, así como la ubicación del lugar en que fueron enterrados sus restos.
"La absolución de los dos militares y del policía acusados por la desaparición forzada de cuatro campesinos en Matero, no es un hecho aislado sino que forma parte de una tendencia del Poder Judicial de exculpar a los violadores de los derechos humanos", explicó a IPS el abogado del no gubernamental Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera.
Lo hacen "bajo el argumento de que no existen pruebas contra los imputados o hay dudas razonables sobre la culpabilidad de los mismos", detalló.
"Este es el séptimo caso en el que la Sala Penal Especial exculpa a militares y policías implicados. En otros tres casos sí hubo condenados", recordó Rivera.
Esta es la segunda vez que el caso Matero queda impune.
En 2008, un juzgado de primera instancia declaró que no existían pruebas contra los acusados, a pesar de que Francisca Janampa atestiguó sobre su propia detención y la de su cónyuge.
"Ella demostró cómo ocurrieron los hechos, identificó en fotografías a los responsables y señaló los seudónimos que utilizaban en la zona, pero todo fue desestimado por el juez", dijo Ninaquispe. Luego vino la apelación, ahora frustrada.
"También pienso que se está consolidando una tendencia judicial de absolución a los responsables del delito de desaparición forzada", señaló.
Gloria Cano, de la no gubernamental Asociación Pro Derechos Humanos, que patrocina a los familiares de tres de las víctimas de Matero, señaló que seis años atrás el Estado se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para sancionar a los autores de la desaparición de los cuatro comuneros.
El Estado adquirió ese compromiso ante el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Sin embargo, por segunda vez el Poder Judicial exculpa a los imputados omitiendo las pruebas presentadas contra estos", señaló Cano a IPS.
"La sentencia exculpatoria es un retroceso de la justicia. Es un fallo indignante", aseguró.
