El proyecto minero Cerro Blanco, para extraer oro y plata en el sudoriental departamento guatemalteco de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, es cuestionado por ambientalistas de ambos países por la amenaza que representa para el compartido lago Güija y varios ríos de uno y otro lado de la frontera.
"Las aguas residuales de esta mina serán descargadas en el rió Ostúa, en Guatemala, y llegarán al lago de Güija, de 45 kilómetros cuadrados y unido al río Lempa, la más importante cuenca hidrográfica de El Salvador", explicó a IPS David Pereira, activista salvadoreño del no gubernamental Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio.
Entiende que la operación de la mina debe cancelarse pues causará daños irreparables para el agua, suelo, fauna, flora y los asentamientos humanos cercanos. Pero especialmente al río Lempa, que surte a más de tres millones de salvadoreños y del cual dependen actividades como la agricultura, ganadería e hidroeléctricas.
Pereira basa sus afirmaciones en un estudio realizado por la doctora Dina Larios, profesora de geoquímica e hidrogeología de la estadounidense Universidad de Ohio, el cual hace serias advertencias sobre las aguas residuales de la mina.
"Descargar agua con altas concentraciones de flúor, arsénico y boro en el rió Ostúa a una temperatura de 35 grados pondría en peligro su biodiversidad y produciría contaminación térmica, lo cual afectará la pesca que es el sustento de cientos de familias de la zona", citó Pereira.
El proyecto minero Cerro Blanco, aprobado durante el gobierno guatemalteco de Óscar Berger (2000-2004), se encuentra en proceso de construcción y prevé iniciar la producción de oro y plata este año.
La Iglesia Católica salvadoreña también ha manifestado su preocupación por la mina e incluso pidió interceder al actual gobernante de este país, el izquierdista Mauricio Funes.
"La contaminación del lago Güija y de los ríos Guajoyo y Lempa sería inevitable y por eso pedimos a nuestro gobierno interponer sus mejores oficios ante las autoridades de la hermana República de Guatemala para que se detenga el proceso de explotación de la mencionada mina", señaló en marzo el arzobispo de San Salvador, José Escobar.
Las organizaciones sociales de El Salvador y Guatemala, en busca de detener las operaciones de esta mina, se reunieron el 16 de marzo con diputados guatemaltecos y los viceministros Luis Zurita, de Ambiente, Lars Pira, de Relaciones Exteriores, y Alfredo Pokus, de Energía y Minas, de este país.
Sin embargo, a decir del diputado guatemalteco por la izquierdista Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, Héctor Nuila, quien participó en la reunión, no se logró ningún acuerdo.
"Relaciones exteriores no tiene ni idea de los problemas de relaciones internacionales que podría causar este proyecto, el Ministerio de Ambiente tiene una visión ambientalista pero muy débil, y el de Energía y Minas tiene una visión economicista", criticó el parlamentario.
Nuila afirmó que la mina provocará serios daños al ambiente del lado guatemalteco, pero principalmente al vecino El Salvador.
"La preocupación fundamental es que este gobierno no ha autorizado ninguna licencia de exploración y explotación minera, pero les está dando viaje (vía libre) a todas cuando existen serias debilidades en los estudios de impacto ambiental", agregó.
La explotación de la mina, ubicada en el municipio de Asunción Mita, en Jutiapa, está a cargo de la empresa Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp, que a su vez, explota oro y plata en el departamento guatemalteco de San Marcos, fronterizo con México, en medio de una fuerte oposición de la población.
Organizaciones y líderes guatemaltecos también han manifestado su rechazo al proyecto minero en la frontera con El Salvador.
El sacerdote católico Fray Armando González, quien ha liderado varias marchas contra la mina Cerro Blanco, dijo a IPS que ésta sólo traerá contaminación, más pobreza, violencia, prostitución y división de las comunidades en esa zona de El Salvador y de Guatemala, razones que consideró suficientes para que sea cancelado.
González también se mostró preocupado porque la empresa Entre Mares ofreció la construcción de una usina termoeléctrica en la zona, sin que haya sido considerada en el estudio de impacto ambiental.
El ambientalista guatemalteco Julio González, de la agrupación Madreselva, dijo a IPS que la explotación de la mina Cerro Blanco será a través de un túnel del cual extraerán agua hirviendo para lanzarla al río Ostúa, que alimenta el lago Güija.
"En un río que recibe el agua caliente, desaparece la biodiversidad, sumado a que el agua que extraen sus propios componentes pueden ser altamente contaminantes", precisó.
Según González, el problema de la minería en Guatemala radica en que el país ha sido "demasiado permisivo" con las autorizaciones, sin considerar los graves daños que provocan al ambiente.
"Los estudios de impacto ambiental están hechos a la medida de las empresas porque son las que pagan consultores y, obviamente, les hacen un trabajo como un traje a la medida y la gente desconoce cuáles son los impactos y lo devastador que será para la biodiversidad", afirmó.
