Un fuerte rechazo despertó la decisión comunicada este viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de España de procesar a Baltasar Garzón, por medidas adoptadas en la investigación de una trama de corrupción del opositor Partido Popular, y su consecuente suspensión a partir del próximo jueves.
Las víctimas de las dictaduras de uno y otro lado del océano Atlántico, abogados de represores y de reprimidos, artistas, escritores, personalidades, sindicalistas, políticos, periodistas y un largo etcétera se han pronunciado con contundencia contra el dictamen del Supremo.
Con esta decisión, son tres las causas abiertas contra el juez Garzón, ya que el alto tribunal también lo procesa por investigar los crímenes perpetrados en la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, y en la posterior dictadura de Francisco Franco, que finalizó en 1975, y por haber cerrado un proceso contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
"Es fatal, terrible, que se procese a alguien como Garzón, que ha dedicado su vida a luchar por la justicia. Ahora lo están persiguiendo, no juzgándolo", dijo a IPS Carla Artés, la joven que, tras ser entregada ilegalmente en adopción en 1976, pudo recuperar su identidad gracias a su abuela sólo en 1985 y hoy reside en Madrid.
"Se están violando los más elementales principios de la justicia y la democracia", añadió Artés, hija de una joven argentina que fue detenida y desaparecida en 1976 en el norte argentino y de un uruguayo asesinado en Bolivia ese mismo año.
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Sobre su investigación de los crímenes del franquismo, también es categórico Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y actual presidente de la Fundación Cultura de Paz.
"No hay un buen futuro si no se conoce bien el pasado y la justicia es la base de la democracia. La justicia debe ser sin fronteras porque no se puede enmarcar en un territorio el combate democrático contra las dictaduras, y Garzón en eso siempre ha procedido bien y sigue haciéndolo", comentó Mayor Zaragoza a IPS.
El abogado Fernando Ramos, quien fue en España el defensor de los represores y torturadores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo, procesados por Garzón en 1997, también rechazó que se lo juzgue.
Al respecto manifestó que le parece "hipócrita, arbitraria y oportunista la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la de los magistrados del Tribunal Supremo por no defender el mismo criterio en la causa sobre la Guerra Civil y el franquismo que el mantenido sobre los casos latinoamericanos".
Esto ocurre, añadió, por temor "a los propios fantasmas, los que no se desentierran por miedo y defensa sumisa de las directrices políticas del Ejecutivo, en el caso de la Fiscalía, y por inmensos egos en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo".
El rechazo al procesamiento de Garzón por investigar los crímenes de la guerra civil es muy fuerte: desde el jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien destacó la lucha del juez contra el terrorismo, hasta dirigentes sindicales, de organizaciones civiles y colegas suyos.
Las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), emitieron un comunicado manifestando "públicamente su solidaridad en estas horas con el juez Garzón", después de participar en una manifestación de apoyo.
En el mundo del arte participaron en esa manifestación y se pronunciaron, entre otros, el director de cine Pedro Almodóvar, los actores Juan Diego Botto, José Sacristán y Pepe Viyuela, la actriz Pilar Bardem y los escritores Almudena Grandes y Luis García Montero.
Un vasto grupo de familiares de víctimas del franquismo y asociaciones de la memoria histórica, además de participar en esas manifestaciones, organizaron un encierro simbólico y concentraciones ante la Audiencia Nacional (a la que pertenece el juzgado de Garzón), que se mantendrá hasta el 24 de abril.
Todas las protestas se basan en que el Tribunal Supremo de Justicia no respondió a ninguna de las peticiones hechas por Gonzalo Martínez-Fresneda, el abogado de Garzón, quien pidió algo tan elemental jurídicamente como que se precisaran las acusaciones de prevaricación y vulneración de la intimidad.
El magistrado Luciano Varela, quien lleva el caso contra Garzón, no contestó a esas peticiones y manifestó en su resolución que las investigaciones de éste son "objetivamente contrarias a Derecho", porque atribuyó a personas fallecidas delitos que habían prescripto y fueron amnistiados, además de no ser el tema de su competencia.
Aunque son tres las causas, ésta es la más llamativa y se basa en que inició una investigación atendiendo a una demanda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
En ese caso el magistrado ordenó la apertura de 19 fosas comunes en distintas zonas del país, entre ellas una en la que está enterrado el poeta Federico García Lorca, fusilado por los franquistas el 19 de agosto de 1936 en su Granada natal.
Sobre este hecho Hilda Farfante Cayo, de 79 años e hija de un matrimonio de maestros asesinados por las fuerzas franquistas en 1936, dijo lagrimeando al incorporarse a actos de apoyo a Garzón sentirse "culpable de lo que le pasa".
"Porque yo le veía que iba a por (el dictador chileno) Pinochet y luego a por los argentinos y siempre decía: ¿Y lo de mis padres? ¿Y la represión franquista? Cuando dijo que se iba a ocupar de esto, me llevé la alegría de mi vida", narró.
Detrás de la acusación contra Garzón por investigar los crímenes franquistas están el grupo Manos Limpias, autollamado sindicato pero de dudosa representatividad y no registrado como tal, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, todos ultraderechistas.
El juez, consultado por IPS aseguró que seguirá defendiendo la regularidad de sus actuaciones y su inocencia, que "es absoluta", dispuesto a defenderse convencido de que ha cumplido su obligación.
"Como cualquier ser humano puedo equivocarme, pero tenga la certeza de que nunca emitiría una sentencia o una orden sabiendo que es injusta. Eso sería ir claramente contra la ley", agregó ante la consulta sobre las razones de la acusación de prevaricación que pesa sobre él por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, desconociendo la ley de 1977 que los amnistió.
El proceso que afecta al centroderechista Partido Popular (PP) y es conocido como "el caso Gürtel", se basa en que Garzón ordenó grabar conversaciones de abogados con clientes suyos, implicados en una red de corrupción.
Se trata de dirigentes del PP acusados de haber recibido comisiones al menos por 37 millones de euros (49.500 millones de dólares) para que gobiernos locales a su cargo adjudicaran obras a empresas constructoras.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) también se pronunció contra el juzgamiento de Garzón.
"Los estándares internacionales relativos a la independencia de la judicatura prohíben la responsabilidad penal de los jueces por decisiones controvertidas e incluso injustas o incorrectas, que en todo caso deben ser tratadas a través de los mecanismos disciplinarios establecidos a tal efecto", dijo la consejera jurídica principal para Europa de la CIJ, Róisin Pillay.
