La reaparición de la violencia en Oaxaca hace temer otra ola de represión y una vuelta a los graves sucesos que paralizaron en 2006 a ese estado del sur de México, según organizaciones de derechos humanos.
La inquietud emergió con una emboscada tendida en la tarde del martes por paramilitares contra una caravana humanitaria que se dirigía a la comunidad autónoma de San Juan Copala, situada unos 600 kilómetros al sureste de la capital de México y habitada por indígenas del pueblo triqui.
El ataque dejó dos muertos y una mujer herida. Los asesinados son Alberta Cariño, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el finlandés Juri Jaakkola, un observador de derechos humanos, ambos por disparos en la cabeza.
Además, varias personas fueron secuestradas y se reportaron inicialmente desaparecidas, entre ellos los periodistas Érika Ramírez y David Cilia, de la revista Contralínea, una publicación muy crítica del gobierno federal y de la administración oaxaqueña, encabezada por el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el listado aparecían también dos activistas, David Venegas y Noé Bautista, de una organización no gubernamental local, y dos mujeres triquis secuestradas antes de la emboscada.
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Poco después, los dos periodistas y los dos activistas escaparon de sus captores. Venegas y Bautista lograron llegar a la ciudad de Juxtlahuaca y allí mostraron un vídeo donde los reporteros aparecen con vida. Los dos se encontraban escondidos en la sierra y Cilia estaba herido de bala.
Este jueves el gobierno de Oaxaca despachó un helicóptero para rescatarlos.
También este jueves fueron liberadas las dos mujeres triquis secuestradas poco antes de la emboscada.
La zona es controlada por grupos paramilitares como la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), acusados de tener lazos con el PRI.
La caravana humanitaria, en la que viajaban observadores de Bélgica, Finlandia, Italia y Alemania, tenía el fin de suministrar alimentos, agua y otros productos básicos a la población de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de Ubisort, que cortó el servicio eléctrico e hídrico del poblado.
El contingente escoltaba asimismo a maestros que intentaban volver a dar clases en la zona.
Defensores de derechos humanos temen que el gobierno aproveche el ataque para promover sus propios intereses en la región triqui. "Tememos que el gobierno use esto de pretexto para militarizar la región", dijo a IPS Eduardo Almeida, activista de la organización Nodo de Derechos Humanos.
Entre mayo y octubre de 2006, el magisterio oaxaqueño afiliado a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, tomaron las principales calles de la ciudad de Oaxaca, capital del estado, reclamando la destitución de Ruiz.
Esas organizaciones acusan al gobernador, esfinge del ala más conservadora del PRI, de corrupto y autoritario. El conflicto, que paralizó el estado, se zanjó con la intervención de policías federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del derechista Partido Acción Nacional (PAN).
La acción dejó más de 20 muertos, la gran mayoría atribuidas a la represión, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos. Las manifestaciones recobraron fuerza a mediados de 2007, pero se extinguieron rápidamente.
Oaxaca, con una población predominantemente indígena, es uno de los estados más empobrecidos de México.
Gabriela Jiménez, una sobreviviente del ataque del martes y asesora de la APPO, sostuvo que los agresores se identificaron como miembros de la Ubisort y aseguraron contar con respaldo del gobierno estadual. Pero Ruiz negó cualquier vínculo con la emboscada.
San Juan Copala permanece bajo asedio de paramilitares desde que se declaró municipio autónomo en enero de 2007. Una de esas organizaciones es la Ubisort, que había advertido de que la caravana estaría en peligro si trataba de ingresar en el pueblo.
Su líder, Rufino Juárez, dijo a la prensa que los tiroteos eran frecuentes en la zona y que la Ubisort no se hacía responsable "de lo que pudiera ocurrirle" al convoy, integrado por unas 25 personas entre activistas, maestros y observadores.
El ataque fue condenado por numerosas organizaciones mexicanas e internacionales, que lo consideran un incidente inquietante ante las elecciones de julio para renovar el gobierno y la legislatura estadual.
El presidente de México, el conservador Felipe Calderón, dijo que los sucesos serán investigados a fondo. El desastre de Oaxaca lo toca de cerca, pues Fox ordenó la intervención en 2006 para evitar que heredara la crisis, y en los próximos comicios su partido, el PAN, aspira a destronar por primera vez al PRI en Oaxaca.
"¿A quién beneficia, en términos electorales, la brutal emboscada en Oaxaca? Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podría encontrarse en los intereses de los diversos actores político-electorales que se mueven en la región", escribió este jueves el columnista Francisco López en el diario capitalino La Jornada.
Las divisiones entre comunidades triquis son tradicionales en la zona, pero se agravaron a partir de la década de 1970. En esos años, las comunidades nativas crearon El Club, un grupo que con los años derivó en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
Esa organización se dividió más tarde y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, al que pertenece el municipio autónomo.
Ubisort culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa organización se beneficiaría de una intervención gubernamental en el área, presuntamente dirigida contra la administración autónoma.
En abril de 2008 fueron asesinadas en la zona las jóvenes locutoras Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, "La voz que rompe el silencio", víctimas de la violencia en que se expresan las diferencias en la región.
El municipio sigue incomunicado y su situación es incierta. Algunos residentes que se encontraban fuera al momento del ataque demandan que el gobierno cree las condiciones para que miembros de la sociedad civil lleguen al pueblo, sin ninguna intervención policíaca.
La policía estadual visitó dos veces el miércoles la escena del crimen para recoger los vehículos tiroteados y los dos cadáveres, sin localizar a los desaparecidos ni a los perpetradores.
La situación permanece inestable en tanto el gobierno, el municipio, la APPO y la Ubisort deciden cuáles serán sus siguientes pasos. Los atacantes del convoy anunciaron más violencia, despojaron a los emboscados de sus identificaciones y les advirtieron que serían ejecutados si intentaban regresar o contaban lo ocurrido, dijo un sobreviviente a IPS.
