Un proyecto de ley contra personas indocumentadas en Arizona desató una campaña de desobediencia civil en este sudoccidental estado de Estados Unidos.
Conocido como "Ley de barrios seguros y apoyo a las fuerzas del orden", el proyecto tiene varias disposiciones que exceden la simple detención de indocumentados por "sospechas razonables".
También persigue a jornaleros al criminalizar la búsqueda de trabajo en la calle. Toda persona que albergue o transporte a una persona indocumentada, incluso sus propios familiares, podrán ser multados.
La aprobación del proyecto causó gran revuelo. Hubo manifestaciones, varias protestas y llamadas telefónicas a la gobernadora urgiéndola a vetarlo.
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Una coalición de organizaciones de derechos civiles, empresarios y autoridades religiosas, representantes de Arizona y de otros estados, entregó unas 50.000 firmas para evitar la promulgación.
"Es injusto, infringe la legislación federal y es inconstitucional", señaló Eliseo Medina, presidente del Service Employees International Union (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios).
Es un "mandato sin fondos" que agotará los recursos de la policía obligándola a realizar el trabajo de las autoridades de inmigración.
La iniciativa llevará a la bancarrota al estado por juicios contra la policía por realizar estereotipos raciales o por no cumplir la ley, sostienen detractores.
El jefe de policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien realizó rastrillajes en barrios hispanos, afronta varias causas en su contra y una investigación del Departamento de Justicia por violar los derechos civiles.
"¿Queremos que a todos los jefes de policía les pase lo mismo?", señaló Mary Rose Wilcox, de la Junta de Supervisores de Maricopa. "El propósito es obligar a que se cumpla la ley por desgaste. La intención es amargar la vida de los inmigrantes y de sus familiares para que se vayan. Está diseñada, literalmente, para atemorizarlos", añadió.
Además puede derivar en detenciones de ciudadanos estadounidenses simplemente por su color de piel.
Entre los que se oponen al proyecto está la Red Nacional de Jornaleros Organizados, el Valley Interfaith Project, la Red de Acción Fronteriza y la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés).
La ACLU estudia la posibilidad de recusar la constitucionalidad del proyecto, que regula un campo legal tradicionalmente en manos del gobierno federal.
Los inmigrantes de Arizona están impactados. La medida de Arpaio y la última gran ofensiva contra redes de contrabando, lanzada por el gobierno federal, aumentó la desconfianza en la policía local.
"La ley genera un miedo inconmensurable, es cruel", señaló el pastor José Morales, de la Iglesia Impacto de Fe. "Ojalá la gobernadora salga de su despacho y vaya a las escuelas y a las comunidades y vea el horrible temor de nuestros niños y niñas, quienes se preguntan cuándo las autoridades se llevarán a sus padres y en manos de quién se quedarán ellos", añadió.
El autor del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, considera que el gobierno es "complaciente" en materia de inmigración ilegal y que su propuesta "dejará las manos libres a los responsables de hacer cumplir la ley" al permitirles detener a los residentes que no tengan documentos oficiales de este país.
Según él, las personas indocumentadas agotan los recursos que tiene Arizona para educación y salud y quitan trabajo a los estadounidenses.
"La cantidad de ilegales disminuyó en el estado, pero aumentó la proporción de delincuentes ilegales, quienes se declararon culpables", señaló Paul Babeu, presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Arizona.
Lo que comenzó siendo un asunto de debate local, ahora concentró la atención de todo el país. Organizaciones de derechos humanos llegan a Arizona a protestar contra el proyecto, y lo mismo ocurre del otro lado de la frontera.
Las autoridades del vecino estado mexicano de Sonora sostienen que Arizona se convertirá un lugar inseguro para los turistas de su país y para otras personas que cruzan a diario la frontera por negocios o para hacer compras.
Los senadores federales republicanos John McCain y Jon Kyl anunciaron un plan de 10 puntos que incluye el despliegue de 3.000 efectivos de la Guardia nacional en la frontera de este estado.
McCain, quien está a favor de una reforma migratoria, respaldó el proyecto de Arizona.
Varias organizaciones prevén marchas y protestas en defensa de los derechos de los inmigrantes para el 1 de mayo.
El proyecto de Arizona puede llegar a enfurecer a la población, frustrada por las promesas incumplidas del gobierno de Barack Obama en la materia, pero también puede llevar a otros estados a seguir el ejemplo de éste y endurecer sus normas, señaló la abogada Isabel García, de la Coalición derechos humanos, con sede en la ciudad de Tucson.
"En este país no hay Sueño Americano, se volvió una pesadilla. Mientras se proclama la nación más justa del mundo en materia de derechos humanos, en Arizona nos damos cuenta de que es lo contrario", añadió.
