Rabia, impotencia y temor se sienten en los múltiples escenarios afectados por una ley contra la inmigración aprobada por un estado de Estados Unidos: la SB 1070 de Arizona.
El territorio del Gran Cañón, en el sudoeste estadounidense, tiene en vigor desde el día 23 la norma SB 1070 (Senate Bill 1070), que considera delito la permanencia de extranjeros sin permiso y faculta a la policía estadual a detenerlos ante la «sospecha razonable» de que no tengan autorización de residencia.
La «sospecha razonable» en Arizona, gobernada por la republicana Jan Brewer, se configura fácilmente con una tez oscura y un aspecto latinoamericano.
Sería el caso de Shirley, de 31 años y originaria del estado mexicano de Guerrero. Lleva más de 12 años en Estados Unidos, pero ahora tiene que explicar a su hija que quizás deban irse.
«Mamá, si nos vamos a México no tenemos nada, de chiquita me trajiste y yo no conozco», contesta la niña.
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Ella «es nuestra principal preocupación, queremos que vaya a la universidad y sea una profesional, pero si nos tenemos que ir, no sabemos qué va a pasar», dice Shirley a IPS.
El gobierno de México tampoco sabe qué va a pasar. De hecho, lleva una década sin saberlo, a pesar de que hay al menos 10 millones de sus connacionales viviendo y trabajando en el país vecino, de los cuales 6,5 millones serían indocumentados, según estimaciones del estadounidense Departamento de Seguridad Interior.
«Vamos a actuar, estamos actuando y actuaremos más», dijo el presidente mexicano Felipe Calderón, aunque no está claro cuáles fueron sus acciones ante la ofensiva legal de Arizona.
Se necesita «un trabajo de mucha más calidad e incidencia y una mejor diplomacia. Se trata de entender la dinámica en la cual podríamos incidir en las políticas públicas en Estados Unidos», dijo a IPS la coordinadora de migración de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Amanda González.
En su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica mexicana increpó especialmente a la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores por desentenderse de lo que pasaba en Arizona y reclamó «un trabajo más intenso y eficaz» para frenar los «atropellos» cometidos en el vecino país.
Al menos desde 2000, cuando fue investido presidente Vicente Fox, México está colgado de promesas de un debate migratorio amplio y profundo con Washington. Mientras, se multiplicaron muros fronterizos, deportaciones, recortes de servicios sociales y políticas cada vez más restrictivas.
Inclusive si el Congreso legislativo de Estados Unidos discutiera este año una reforma migratoria, México no estaría libre de la peor pesadilla: que la legislación de Arizona marque una tónica nacional.
La postura de Calderón «es la de no queremos molestarlos. Tendría que haber medidas bilaterales, pero con acuerdos serios», dijo a IPS la activista María García, del no gubernamental Movimiento Binacional por la Esperanza, con sede en la norteña ciudad estadounidense de Chicago.
Calderón tendrá una oportunidad de demostrar cómo piensa actuar cuando se reúna en mayo con su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama.
También hay mucha gente pensando cómo actuar en Phoenix, capital de Arizona, pero para sobrevivir sin ser apresada y condenada.
Para empezar, «ya no vamos a llamar a la policía» aunque la necesitemos, dijo Griselda, de 38 años, a IPS. «Con esta ley todo será miedo».
Otros piensan simplemente en irse.
«En nuestra comunidad mucha gente está pensando en salir», describió Antonio Velázquez, de 35 años y oriundo del pueblo de Ixchiguán, en el sudoeste de Guatemala.
Velázquez no dejó de atender el teléfono durante todo el lunes. «Una de las principales preguntas es, ¿puedo transportar a gente para ir a trabajar?», dijo este representante de Maya Chapín, organización comunitaria integrada por más de 20.000 guatemaltecos.
Es que la SB 1070 también penaliza a quienes transporten a residentes no autorizados.
Para otros «es mejor irse porque aquí no nos quieren y nos están cerrando las puertas».
«Es triste que los republicanos estén haciendo estas cosas, y no piensen que la gente inmigrante sudó para que ellos comieran», agregó.
El total de la riqueza económica producida por trabajadores inmigrantes sumó 44.000 millones de dólares en 2004 en ese estado, según la Universidad de Arizona.
Más de 35.000 empresas de Arizona cuyos propietarios son latinoamericanos facturaron unos 4.300 millones de dólares y emplearon a 39.363 personas en 2002, último año con datos disponibles, informa el American Immigration Council.
Pero no se trata de dinero, ¿o sí? Para Velázquez, las autoridades estaduales «simplemente ven al inmigrante como extraterrestre».
En Guatemala la indignación sube por las gargantas, y se organizan marchas y otras protestas. «Xenófoba» y «racista» son los epítetos más escuchados para definir la norma.
«Criminaliza la migración, fomenta la xenofobia, la discriminación, el odio, el racismo y la persecución de inmigrantes», dijo a IPS la secretaria ejecutiva de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, Marila de Prinz.
La activista anunció acciones para coordinar una primera protesta masiva contra la ley este sábado 1 de Mayo, cuando se celebre en casi todo el mundo —excepto en Estados Unidos— el Día Internacional del los Trabajadores.
«Esta señora gobernadora no se pone la mano en la conciencia», dijo a IPS en la capital guatemalteca Víctor Hugo Herrera, uno de los tantos deportados.
«La gente lo único que está haciendo allá es luchando y trabajando honradamente», agregó.
Eso era lo que él hacía en el matadero de la empresa Agriprocessors en Postville, una pequeña ciudad de Iowa en el norte de Estados Unidos. Detenido con otros 388 inmigrantes acusados de poseer documentación falsa, pasó cuatro meses tras las rejas y el 14 de octubre de 2008 fue deportado.
Dos semanas atrás se empleó como peón agrícola en Guatemala por un jornal de cuatro dólares. «Está muy dura la situación aquí», se quejó, pero sólo para agregar que «ilegalmente no regresaría a Estados Unidos».
Este año y hasta el 23 de abril, 7.433 guatemaltecos fueron deportados por avión desde Estados Unidos. El año pasado las deportaciones sumaron 27.222, de acuerdo con la Dirección General de Migración.
La ley de Arizona afecta a todo extranjero cuyo aspecto constituya «sospecha razonable». «Por ser morena ya te consideran un criminal», sintetizó María Alanis, una ciudadana estadounidense de 41 años, nacida en México.
Por eso «este día es el peor en la historia de nosotros los inmigrantes», dijo Alanis el viernes 23.
«Yo no sé si se les ha olvidado la historia, pero este estado es de inmigrantes», añadió. De casi seis millones de habitantes, 1,3 millones son extranjeros.
Ella también tiene en la boca la palabra «impotencia», pero no exenta de «coraje para seguir adelante, para seguir luchando porque esto lo tenemos que vencer. Lo que no te mata te fortalece», concluyó.
* Con aportes de Valeria Fernández (Phoenix), Danilo Valladares (Guatemala) y Emilio Godoy (México).
