Las últimas condenas a represores de la dictadura argentina han sido ejemplares, según organizaciones de derechos humanos. Pero por cada causa que llega a sentencia hay muchas otras demoradas y la traba principal, dicen, está en el propio Poder Judicial.
Los juicios por crímenes contra la humanidad perpetrados por la última dictadura, de 1976 a 1983, se reactivaron en catarata en la segunda mitad de esta década luego de que quedaran sin efectos las llamadas "leyes del perdón" y los indultos. Sin embargo, sólo 75 de los 1.422 imputados hasta ahora recibieron dictamen, 68 de los cuales fueron condenados y el resto absueltos.
La más resonante de las últimas sentencias recayó en el ex general Reynaldo Bignone, quien lideró el régimen en el último tramo, desde 1982. Fue condenado el martes a 25 años de prisión, a cumplirse en una cárcel común, por delitos cometidos en Campo de Mayo en 1977, cuando era jefe del Comando de Institutos Militares, que está en ese cuartel ubicado al norte de Buenos Aires.
"El Poder Judicial es el principal responsable de las demoras. En algunos casos por complicidad, porque se trata de sectores enquistados en el fuero federal que quieren garantizar la impunidad", aseguró a IPS la directora ejecutiva adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogada Andrea Pochak.
El CELS, la organización no gubernamental especializada que hace un seguimiento de los procesos por violaciones a los derechos humanos, denunció en su informe de marzo un "sabotaje de algunos miembros del Poder Judicial". También advirtió que los magistrados que demoran las causas especulan con la suspensión por distintas razones o con el fallecimiento de los acusados.
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El alerta coincide con el que hizo esta semana el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El organismo con sede en Nueva York saludó la realización de los juicios en Argentina, pero destacó "la lentitud en el trámite de las causas, especialmente en algunas provincias como Mendoza".
Pochak dio la razón al Comité. "Mendoza es hoy nuestra principal preocupación. Por complicidad, hay jueces que demoran los procesos y dejan los juicios en un limbo a la espera de que los imputados vayan falleciendo sin que se haga justicia", acusó.
La abogada explicó que, además de complicidad, hay dificultades para procesar estas causas con eficiencia.
"El fuero federal, que es lento en general y no sólo para estas causas, no está acostumbrado a juicios de esta magnitud", señaló.
Tampoco termina de definirse un criterio para la unificación de los procesos, lo cual ayudaría a agilizar los trámites y terminar con los juicios en dos o tres años, y no en más de dos décadas como teme el CELS.
La Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 inconstitucionales las leyes de "punto final" y de "obediencia debida", de fines de los años 80, y en 2007 anuló el indulto otorgado en 1990 a varios de los jefes dictatoriales por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
Esas decisiones, precedidas por la anulación de las normas por el parlamento a instancias del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), reabrieron los casos por los desaparecidos, que suman 30.000, según organizaciones humanitarias, aunque los registros oficiales hasta ahora confirman algo menos de la mitad.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por Violaciones a los Derechos Humanos sostiene desde hace tiempo que no hacen falta leyes especiales para acelerar los juicios sino una mejor "gestión judicial".
Uno de los fiscales a cargo de esta unidad, Eduardo Auat, explicó a IPS que la acumulación "está permitida dentro del Código Penal" y no va en contra de las garantías de los imputados, sino al contrario.
La confluencia evita que los distintos procesos en contra de un acusado se prolonguen en el tiempo. No obstante, el fiscal admitió que no todos los jueces aceptan estos cambios y reveló falta de voluntad de algunos de ellos.
Los procesos podrían agruparse por centro clandestino de detención o por imputado y someterlos a un único juicio. También se pueden juntar por víctimas, para evitar el desfile de testigos y sobrevivientes en múltiples estrados. El CELS advierte que muchos procesos se traban en la etapa de instrucción (o investigación), una instancia en la que están hoy 71 por ciento de las causas. "Pocas quedan trabados a la espera de acumular casos, por recursos (legales) de la defensa o por problemas de infraestructura", puntualizó.
En este último punto, la abogada Pochak precisó que actualmente se llevan adelante dos juicios emblemáticos en una misma sala del Poder Judicial en Buenos Aires.
Tres días se realizan las audiencias del juicio por el caso de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada, con 19 imputados por delitos contra 87 personas detenidas, un número bajo en relación a los miles de prisioneros que pasaron por ese campo de concentración porteño. En las audiencias están citados unos 300 testigos.
Los dos días hábiles restantes se celebra en el mismo local el juicio conocido como "ABO" (por los centros de detención ilegales Atlético, Banco y Olimpo), en el que hay 15 acusados por crímenes contra 184 personas. En estas audiencias se convocó a declarar a 400 testigos.
Para el CELS, la lentitud de la justicia es "exasperante". El proceso contra la impunidad, así, "no termina de afianzarse", evalúan sus portavoces, a pesar de haber sorteado con éxito múltiples escollos institucionales en más de tres décadas.
En este marco, la condena a Bignone y a otros ex generales del ejército con responsabilidad en Campo de Mayo es considerada "muy positiva", porque "ayuda a fortalecer la democracia", dijo Pochak.
Bignone, de 82 años, cuenta en su haber con la quema de archivos de la dictadura y un decreto de amnistía para los represores. Pero no fue sentenciado por eso. El tribunal lo condenó por allanamientos ilegales, robos, torturas y detenciones en cuatro centros a su mando por donde se calcula pasaron unas 5.000 personas, muchas de las cuales aún están desaparecidas.
Junto al ex dictador se sentenció a los ex generales Santiago Riveros y Fernando Verplaetsen, y a otros tres uniformados.
Las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora celebraron que el tribunal dispusiera que las penas sean cumplidas en una cárcel común, a diferencia de otros represores que están detenidos en sus domicilios o en unidades castrenses, donde gozan de privilegios y hay un alto riesgo de fuga.
De hecho, el reporte del CELS estima que más de 40 acusados de delitos de lesa humanidad escaparon de la justicia en distintas instancias, algunos cuando estaban en prisión preventiva, y actualmente siguen prófugos.
