El rescate en un puerto de Costa Rica de 36 asiáticos que permanecían en dos barcos en condiciones infrahumanas puso en evidencia la gravedad de los delitos de trata y tráfico de personas en este país.
Costa Rica es un territorio tanto de tránsito como de envío y recepción de personas captadas por estas redes delictivas, dijo a IPS Ana Hidalgo, jefa de la unidad para la lucha contra la trata y el tráfico de personas de la oficina para América Central y México de la intergubernamental Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Las víctimas no sólo son llevadas a destinos "tradicionales", como Canadá, Estados Unidos y Europa, sino que también son trasladadas dentro de las fronteras centroamericanas para su explotación sexual, aseguró.
Los 36 asiáticos fueron rescatados por las autoridades policiales y judiciales de Costa Rica el 10 de este mes en el puerto de Puntarenas en la costa del océano Pacífico.
Se trataba de 15 vietnamitas, 13 indonesios, cinco filipinos, dos taiwaneses y un chino, quienes permanecían en dos barcos pesqueros, donde laboraban en condiciones deplorables, que incluía latigazos, según sus denuncias. Sus turnos alcanzaban las 20 horas y estaban mal alimentados.
[related_articles]
Los cuatro inculpados por el delito de trata de personas, cuyas penas oscilan entre ocho y 16 años de prisión, permanecieron menos de 48 horas en la cárcel, luego de que el juez a cargo del caso decidiera seguir la investigación con ellos en libertad, lo cual levantó una polvareda en la sociedad costarricense.
En los últimos meses también se han detectado redes en Nicaragua y Guatemala, que han incluido a Costa Rica en el envío de ciudadanos hacia Europa.
Las sanciones por tráfico de personas en Costa Rica van desde los dos a seis años de cárcel en casos catalogados de simples y desde los tres a ocho años si resultan con agravantes.
Anualmente la trata de personas, considerada la expresión moderna de la esclavitud, mueve unos 32.000 millones de dólares en todo el mundo, siendo el tercer negocio ilícito más lucrativo tras el tráfico de armas y de drogas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La trata consiste en el traslado de personas bajo engaño a lugares donde sufrirán explotación laboral o sexual, mientras que el tráfico es la facilitación de la entrada ilegal a un país de un ciudadano extranjero con el fin de obtener beneficios financieros o materiales.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, las mujeres y niñas constituyen 80 por ciento de los casos identificados y los menores de edad representan entre 15 y 20 por ciento del total de afectados.
Asimismo, permanentemente alrededor de 2,4 millones de personas, víctimas de trata y de engaños, son obligadas a realizar trabajos forzados, de acuerdo a estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo.
La connivencia de las fuerzas de seguridad con este tipo de organizaciones facilita la comisión de estos delitos.
"El enemigo más fuerte que tiene el crimen organizado es una policía honesta", comentó a IPS la ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, por lo que su trabajo se ha centrado en limpiar los cuerpos policiales, afirmó.
Las organizaciones de narcotráfico han buscado "diversificar sus actividades" a través de estos delitos con personas, comentó Hidalgo, ya que cuentan con rutas y mecanismos similares.
El gobierno está haciendo un esfuerzo por controlar la situación. En octubre creó la Dirección sobre Trata de Personas y Promoción del Desarrollo Humano, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública.
Además, Costa Rica cuenta con una ley de protección de víctimas y testigos, así como un programa de asistencia. Pero no es fácil que una persona que se ha visto inmersa en una trama de estas características pueda quedarse en el país.
"Cada vez que una víctima de trata solicita refugio se analiza muy cuidadosamente" la petición, indicó la ministra. Son muy excepcionales los casos en que la respuesta es positiva debido a la escasez de recursos del país.
Las políticas gubernamentales "han ido en aumento, pero son insuficientes", planteó la representante de la OIM.
En cuanto al tráfico de personas, la nueva Ley de Migración y Extranjería, en vigor desde el 1 de marzo, busca eliminar el "coyotaje" (paso de personas de manera ilegal a través de las fronteras), para que los inmigrantes, especialmente nicaragüenses, "vean que es mucho más fácil entrar de manera legal" y tengan derecho a salario mínimo y seguro social, concluyó Del Vecchio.
