Miles de millones de dólares se movilizan para proteger y multiplicar los bosques del planeta bajo la iniciativa REDD contra el cambio climático. Pero algunos especialistas no creen que funcione y otros temen que resulte un desastre.
"La mayoría de los países no están listos. No tienen políticas para proteger los derechos de las poblaciones locales e indígenas, para determinar la tenencia de la tierra o incluso para decidir de quién son los créditos de carbono de un bosque", dijo Larson en una conferencia sobre forestación comunitaria celebrada en Montpellier, Francia, entre el 24 y el 26 de marzo.
Mediante la iniciativa REDD, los países más ricos pagarían para mantener bosques de regiones tropicales como forma de compensar sus emisiones de carbono, el principal de los gases que recalientan la atmósfera.
Así, los países obtendrían "créditos de carbono" que los ayudarían a cumplir su compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero.
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La deforestación es responsable de 20 por ciento de las emisiones mundiales de gases invernadero, más que todo el sector del transporte.
En la conferencia de cambio climático celebrada en Copenhague en diciembre de 2009, seis países —entre ellos Estados Unidos y Francia— anunciaron un fondo de unos 3.500 millones de dólares para financiar programas REDD+, que incluyen conservación y aumento de los depósitos de carbono de bosques existentes.
A fines de marzo se sumaron otros 1.000 millones de dólares y se estableció un comité de 10 naciones para conducir un programa mundial REDD+, que podría ser aprobado en noviembre, durante la conferencia de cambio climático que las Naciones Unidas llevarán a cabo en México.
Para Larson podría ser demasiado pronto, según un estudio de tres años realizado en 10 países tropicales para documentar la evolución de los derechos agrarios de las comunidades y pequeños agricultores en las últimas dos décadas.
"Inclusive cuando el Estado reconoce el derecho de tenencia, luego no lo respeta o no lo respalda", dijo Larson a Tierramérica.
El estudio "Forests for People: Community Rights and Forest Tenure Reform" (Bosques para la gente: derechos comunitarios y reforma de la tenencia forestal) fue presentado en la conferencia de Montpellier, que organizó el Cifor junto con dos entidades francesas.
A pesar de varias reformas agrarias que en las últimas décadas reconocieron derechos de tenencia a poblaciones locales, hubo pocos cambios en muchas regiones por los vacíos legales, el incumplimiento de las normas, la corrupción y la burocracia, afirma el libro.
"Sí, hay nuevas oportunidades para algunas comunidades, pero no podemos decir que el reconocimiento de sus derechos resolvió el problema", opina Larson.
Hay cuestiones cruciales en el diseño y aplicación de la REDD, insiste. La mayor parte de los gobiernos la observan desde el plano nacional y no toman en cuenta los impactos en las comunidades locales.
Muchas otras ni siquiera identifican mecanismos para distribuir de manera justa los ingresos y beneficios de esos programas. "¿Quién va a decidir a dónde va todo ese dinero?", se pregunta.
Por otra parte, la deforestación se tragó en la última década 13 millones de hectáreas por año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reportó el 25 de marzo una ligera reducción: en la década de 1990 eran 16 millones de hectáreas anuales.
"Ya que nada detuvo la deforestación, quizás la REDD lo haga", admite Larson. Es una gran oportunidad y un gran peligro, afirma.
Hay demasiada especulación, según David Bray, profesor y presidente adjunto del departamento de la Tierra y el ambiente de la estadounidense Florida International University.
La REDD es una empresa compleja y "los mercados de carbono requieren créditos verificables", dice Bray a Tierramérica.
Verificar cuánto carbono hay en un bosque y cuánto se retiene en 40, 60 u 80 años es un muy difícil asunto técnico. "Para las comunidades que viven en él será muy arduo", advierte.
Varios proyectos piloto están en marcha con el programa ONU-REDD de 50 millones, que las Naciones Unidas implementaron para ayudar a países en desarrollo a concebir cómo se podría asegurar el beneficio para la nación, la selva y las comunidades selváticas.
Uno de ellos se aplica en la selva de Budongo, un bosque tropical lluvioso del noroeste de Uganda.
El economista ambiental Glenn Bush, del estadounidense Woods Hole Research Center, estudió las comunidades cercanas a Budongo para determinar si los ingresos de la REDD pueden compensar las pérdidas que sufrirán por detener el uso tradicional del bosque.
"Es muy complicado. Depende la situación en el lugar e incluso de la época del año", dijo Bush en Montpellier.
"Hay momentos del año, por ejemplo durante las sequías, en los que ningún dinero puede proporcionar lo que la gente necesita y obtiene del bosque, como comida y agua", sostuvo.
* Este artículo fue publicado originalmente el 3 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
