El 4 de mayo es el día señalado para el comienzo del segundo y definitivo debate en el parlamento de Ecuador del proyecto de «Ley Orgánica que Regula los Recursos Hídricos y el Uso y Aprovechamiento del Agua», que divide a los movimientos indígenas entre sí y con el gobierno.
Según supo IPS, aún se hacen esfuerzos de último momento entre asesores y delegados de diferentes movimientos sociales para lograr limar los puntos que más polémicas suscitó.
El problema es que el proyecto a discutir en la sesión plenaria de la unicameral Asamblea Nacional es rechazado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se declarará en desobediencia civil si no se aprueba el texto alternativo impulsado por ella, según anticipó.
Delfín Tenesaca, presidente de la regional de la Sierra de la Conaie, advirtió, tras manifestaciones masivas de indígenas la semana pasada frente a la sede del Congreso legislativo, que se preparan para tomar edificios de instituciones públicas, bloquear carreteras y radicalizar las movilizaciones en las calles y plazas del país.
Pero el proyecto mayoritario también es rechazado por la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), enfrentada a la Conaie y que rompió su alianza con el gobierno izquierdista de Rafael Correa por las discrepancias con esa iniciativa.
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Tras nueve meses de debate, cada una de estas dos organizaciones, a través de sendos legisladores indígenas miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, presentó su propio proyecto de ley del agua, diferentes entre sí, como informes de minoría.
Pero el pleno parlamentario tratará sólo el articulado que tuvo mayoría en la comisión y que es el que el gobierno ha consensuado, curiosamente, con la derecha, representada en la comisión por Susana González, del movimiento Madera de Guerrero, ligado al alcalde socialcristiano Jaime Nebot.
El antropólogo Fernando García, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señaló a IPS que "un problema de fondo de esta ley y otras que hacen a los recursos naturales es que no se han construido consensos con las organizaciones sociales".
Esto, sin embargo, se contradice con lo afirmado por Jaime Abril, de la gobernante Alianza País y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, de que se han realizado decenas de seminarios, talleres y foros con todo tipo de organizaciones sociales.
Pero según García, "aunque se ha cumplido la formalidad del debate, la presión de cumplir con los plazos (para expedir la ley), primero para octubre de 2009, como lo dispuso la Constitución, luego para marzo y después para abril, no ha permitido utilizar el tiempo necesario para llegar a acuerdos".
Si a eso se junta la realidad de la intervención del Poder Ejecutivo para imponer ciertos lineamientos, la reacción de los indígenas, de otras organizaciones campesinas y de los ecologistas "es de rechazo a un proyecto que consideran ajeno", precisó el experto de la Flacso.
Pedro de la Cruz, el asambleísta indígena dirigente de Fenocin, en su informe de minoría, denuncia, precisamente, que a partir de la discusión del artículo 80 del proyecto, delegados del gobierno intervinieron para dar instrucciones en la comisión legislativa sobre cómo debía salir la ley.
Esta forma de conducir el debate fue la razón principal por la que cinco legisladores socialistas decidieran dejar el bloque parlamentario del gobierno, explicó De la Cruz. Ello redujo las huestes oficialistas a comienzos de este mes de 58 a 53 representantes del total de 120 miembros de la Asamblea Nacional.
Siguiendo una tendencia que nació en Uruguay con su reforma constitucional de 2004, la carta magna ecuatoriana declara, en su artículo 12, que "el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida".
El agua, en realidad, no es escasa en Ecuador: cada uno de sus 13,8 millones de habitantes cuenta con 40.000 metros cúbicos por año, más de dos veces y media del promedio mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).
Pero uno de los puntos serios de desacuerdo es la aplicación real del principio constitucional de que "se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes" (art. 282).
Según De la Cruz, Alianza País en su proyecto se ha olvidado de la prelación que establece la Constitución en su artículo 318 de que los recursos hídricos se destinarán primero a consumo humano, luego a riego para garantizar la soberanía alimentaria, después a lo que se llama "caudal ecológico" y, finalmente, a "actividades productivas".
El proyecto gubernamental permite que continúe "el acaparamiento del agua por parte de haciendas y empresas agroexportadoras", aseguró.
La Conaie, por su parte, considera que los municipios no pueden dar en concesión la distribución del servicio de agua potable, pues, dice, es igual a privatizarla, lo cual está prohibido por la Constitución.
Sin embargo, el proyecto a discusión permite que siga la única concesión existente en Ecuador: la del agua potable de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, en manos de la firma Interagua, de propiedad de un consorcio constituido por la francesa Veolia, la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la colombiana Fanalca, y las ecuatorianas Hidalgo & Hidalgo y Ricardo Palau.
Múltiples comentarios de prensa señalan que esta autorización es la clave para el voto de la legisladora derechista González, que levanta las críticas de ambos movimientos indígenas.
Otro de los problemas principales en discusión es la autoridad única del agua, prevista en la Constitución. Según el proyecto gubernamental, es el presidente de la República quien nombra al Secretario Nacional del Agua, con rango de ministro.
La Conaie, en cambio, propone que el organismo máximo sea un Consejo Plurinacional, en el que tengan mayoría las organizaciones indígenas, de campesinos y las juntas de usuarios de los sistemas de riego. Este mismo sistema se replicaría en cada circunscripción territorial.
"Lo que pretende la Conaie es que los agricultores tengamos que pagar a los cabecillas indígenas locales para que nos permitan tener riego para nuestras haciendas", se quejó ante IPS el empresario Francisco Correa, dueño de una explotación ganadera y florícola en la central provincia de Cotopaxi, y quien fue retenido en marzo por tres días como rehén por aborígenes.
El proyecto del oficialismo acepta la existencia de un Consejo Plurinacional, pero le da funciones de formular políticas y vigilancia del cumplimiento de la ley, no de decisión. Además, tendrá composición paritaria de delegados gubernamentales y de la sociedad civil, con el Secretario del Agua con voto dirimente.
