Por primera vez en más de 20 años, el parlamento de Venezuela despojó de inmunidad a un diputado, el disidente Wilmer Azuaje, acusado de agredir a una funcionaria cuando realizaba un trámite particular sobre su vehículo.
La medida, adoptada en una sesión de urgencia la noche del viernes, siguió a la detención por varias horas de Guillermo Zuloaga, propietario del canal de 24 horas de información Globovisión, de línea editorial opositora, y a la de Oswaldo Álvarez Paz, un político opositor acusado de difamar instituciones del Estado.
Zuloaga, a quien se le prohibió salir del país, y Álvarez Paz, recluido en una celda de la policía política (Sebin), serán procesados a raíz de que parlamentarios oficialistas los acusaron ante la fiscalía de mentir y ofender al presidente Hugo Chávez en declaraciones recogidas por la televisión.
"¿Qué está permitido decir acerca del país y su presidente?", cuestionó la organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en Francia, en una declaración de alarma ante las decisiones de los poderes públicos que "suscitan inquietudes en cuanto al futuro de la libertad de expresión en Venezuela".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticó las detenciones de Zuloaga y Álvarez Paz y expresó su "grave preocupación por la utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar y perseguir penalmente a las personas que las autoridades consideran opositores políticos en Venezuela".
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Cuando abordaba su avión para visitar Ecuador el viernes, Chávez declaro que "en Venezuela hay respeto por los poderes, pero tiene que llegar a su fin la impunidad. Antes los burgueses difamaban, irrespetaban, daban golpes de Estado y masacraron a un pueblo, pero ahora hay un Estado soberano que toma decisiones".
"¿Qué nos critican? ¿Que los órganos del Estado estén funcionando? Bienvenido el veneno de la canalla, significa que vamos bien. Aquí hay hasta diputados que se creen con derecho a escupir mujeres, pero el que viole la ley tiene que responder ante el Estado", agregó el mandatario.
El gobierno "pretende que la oposición se aparte de la ruta democrática, pero no lo van a lograr e iremos a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre" próximo, comentó a IPS el dirigente del partido Primero Justicia, Julio Borges.
Las decisiones contra los opositores "son parte de una estrategia para sembrar miedo, por parte de un gobierno acorralado por la pérdida de apoyo popular", agregó.
Otros dirigentes del abanico opositor expresaron opiniones similares, evocando sondeos de opinión según los cuales el respaldo popular al presidente, a diferencia de años anteriores, es inferior a 50 por ciento de los encuestados.
En la Asamblea Nacional, parlamento unicameral, los 167 escaños fueron ganados por políticos oficialistas en los comicios de 2005, pues de éstos no participó la oposición tras alegar falta de transparencia en el proceso electoral.
Posteriormente una docena de diputados se fueron declarando opositores o independientes, entre ellos Azuaje, del estado de Barinas, en las llanuras del sudoeste de donde es oriunda la familia de Chávez.
Azuaje denunció hace dos años un supuesto enriquecimiento indebido de la familia Chávez, que habría adquirido varias fincas a través de testaferros, pero los tribunales desestimaron esa acusación. Luego, un hermano del diputado fue asesinado por delincuentes comunes que la policía detuvo y colocó a las órdenes de los tribunales competentes.
Una camioneta de la madre de Azuaje fue robada hace meses, recuperada por la policía y entregada a su propietaria, pero faltaba un documento sobre el procedimiento, y en su busca el diputado acudió el jueves a la oficina de vehículos de la policía judicial, en Caracas.
Allí se produjo un altercado, con versiones contradictorias por parte de Azuaje y de los funcionarios. Según el diputado, cruzó gritos con una empleada y un jefe policial e ingresó sin permiso a un cubículo. Según los agentes, el parlamentario agitó manos frente al rostro de la mujer, le golpeó un hombro y dio puñetazos a un escritorio.
Azuaje entonces fue esposado. Otros diputados disidentes, Ismael García y Ricardo Gutiérrez, acudieron a la sede policial, así como el jefe del cuerpo de detectives, Wilmer Flores. Según Gutiérrez y García, hubo acuerdo para superar el incidente mediante excusas recíprocas, pero una llamada telefónica ordenó otro curso de los acontecimientos.
La fiscalía ordenó detener a Azuaje como aprehendido in fraganti cometiendo un delito y, de acuerdo con disposiciones legales, lo refirió al Tribunal Supremo de Justicia, que reunió de urgencia a 28 de sus 32 magistrados y resolvió el viernes, con 24 votos a favor, pedir el allanamiento (despojo) de su inmunidad parlamentaria.
La Asamblea, por tratarse de un caso de flagrancia, deliberó sin Azuaje —por la misma razón tampoco el Tribunal Supremo oyó al diputado— y negó la posibilidad de que una comisión estudiase el caso con mayor detenimiento para resolver dentro de un mes.
Tras una larga y enconada sesión, se despojó al parlamentario de su inmunidad, con 106 votos del bloque del gobernante Partido Socialista Unido y grupos aliados, contra sólo seis en contra. El antecedente más cercano se remonta a 1987, cuando se despojó de su fuero a un legislador incurso en tráfico de drogas.
"La inmunidad no constituye patente de corso para cometer delitos y atropellar personas. No es un derecho absoluto", expuso el diputado oficialista Carlos Escarrá. Su compañera de bloque, Marelis Pérez, destacó que Azuaje responderá por agredir funcionarios y violar la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia.
El artículo 40 de esa ley sancionada en 2006 prevé prisión de seis a 18 meses para quien "mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas (bofetadas), empujones, aun sin causarle lesión que afecte su integridad física".
La diputada disidente Pastora Medina insistió en que "el gobierno ha tomado el camino de reprimir la disidencia para sembrar miedo", y cuestionó los alegatos en defensa de la mujer hechos por parlamentarios oficialistas, aseverando que "trabajadoras de esta Asamblea, y yo misma hemos padecido un trato vejatorio y humillante".
