Tras 16 años de embrollos judiciales entre Ecuador y la firma estadounidense Chevron, que han postergado una y otra vez la sentencia, esta transnacional petrolera obtuvo un triunfo que le permite aspirar a salvarse incluso en el caso de ser condenada en el proceso en su contra, por unos 27.000 millones de dólares.
El juez principal de la Corte Federal del distrito de Nueva York, Leonard B. Sand, se pronunció a favor de Chevron Corporation, al desestimar los argumentos de Quito y de los abogados de los demandantes en el caso de la contaminación petrolera y dictaminar que sí es procedente el proceso de arbitraje abierto por la empresa contra el Estado ecuatoriano.
El arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue planteado por Chevron en septiembre de 2009 y busca que sea la empresa estatal Petroecuador la que pague la reparación ambiental y los daños a la salud de los habitantes de la zona nororiental de la Amazonia ecuatoriana, por los que la firma transnacional es demandada.
El gobierno del Ecuador se opuso a la pretensión de arbitraje, no solo porque considera que el juicio determinará a quién le toca hacer la remediación, sino porque la transnacional petrolera se comprometió ante la propia Corte de Apelaciones de Nueva York a someterse al dictamen de la justicia ecuatoriana.
Fue en 2002 cuando ese tribunal dictaminó que al haberse cometido en Ecuador los hechos que se reclamaban y al ser la justicia ecuatoriana capaz de conocer el caso y juzgar en derecho, el proceso debía proseguir en el país andino, a pesar de los reparos de Chevron.
[related_articles]
La Corte en aquella sentencia ordenó a Chevron no alegar prescripción y someterse a la justicia ecuatoriana. Los demandantes dicen que éste es un caso histórico pues no hay precedentes de que una transnacional petrolera sea obligada a someterse a la jurisdicción de un país en desarrollo, en un juicio planteado por particulares.
El juez Sand, sin embargo, no consideró el compromiso asumido por Chevron en 2002 y en su sentencia del día 11 explicó que, según la Convención de Arbitraje de Nueva York, no ha habido nunca un caso en que una parte solicite un arbitraje que éste no haya sido concedido.
La transnacional enfrenta una demanda colectiva de 30.000 indígenas y colonos mestizos de unas 80 comunidades, para que se le obligue a reparar los daños ambientales y de salud pública ocasionados por su filial Texaco durante siete años de prospección y 18 años de explotación petrolera en la zona nororiental de Ecuador.
La empresa Texaco fue adquirida por Chevron en 2001. Pero desde mucho antes, esta última ya operaba en la región ecuatoriana afectada como socia de Petroecuador, tras el retiro de Texaco.
El juicio comenzó el 3 de noviembre de 1993 y ha sufrido todo tipo de demoras. Después de nueve años en Estados Unidos se reanudó en Ecuador en octubre de 2003. Es calificado por ecologistas y juristas como "el juicio ambiental del siglo" desde su inicio, mientras algunos grupos califican el desastre como "el Chernobil de Chevron en la Amazonia"
En 2008, un estudio ordenado dentro del proceso determinó que los daños ascienden a la suma de 27.000 millones de dólares, pues Texaco derramó más de 17 millones de galones (64,34 millones de litros) de petróleo crudo que contaminaron ríos, lagunas, el suelo y el subsuelo, afectando al ambiente y a la salud de los habitantes de esta zona de la Amazonía.
El peritaje estableció que, durante los años de exploración y explotación de petróleo, de 1964 a 1990, Texaco además del crudo echó al ambiente sin ningún tratamiento unos 18.000 millones de galones (68.130 millones de litros) de aguas de formación, es decir aguas que surgen de la tierra con el petróleo, contaminadas con hidrocarburos tóxicos.
Los demandantes, y el informe del perito judicial, dicen que aparte de acabar con la fauna y la flora del entorno de los pozos, los derrames se extendieron a decenas de kilómetros de distancia, llevados por los cursos de agua.
Las funestas consecuencias de la contaminación recayeron en la población, que ha presentado en el juicio casos de malformaciones congénitas, cáncer y enfermedades a la piel.
La estrategia de Chevron no deja de ser audaz: ahora que se acerca la sentencia que podría ordenarle pagar milmillonarias sumas, quiere llevar a Ecuador a la Corte de La Haya para que sea este país el que sea obligado a pagar las indemnizaciones.
Ecuador considera apelar a este último fallo judicial estadounidense, indicó el mismo día 11en un comunicado Diego García, procurador general del Estado. Para ello, tiene 30 días de plazo.
García, cuyas funciones son las de abogado del Estado, dijo que tiene claro que la decisión del juez Sand "no afecta a la defensa de Ecuador en el proceso arbitral ni implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia".
A su vez, James Craig, portavoz de Chevron para América Latina, explicó el domingo 14 en una visita a la Amazonía ecuatoriana que, si hay una apelación, su empresa recurrirá a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, "para argumentar nuestro caso de nuevo", tras el logro obtenido en el tribunal de Nueva York.
Craig, que recorrió con algunos periodistas invitados los pozos que Chevron había remediado con anterioridad, dijo que el arbitraje es necesario porque en el tribunal ecuatoriano se ha negado el debido proceso a la empresa, "ya que el Estado ha interferido inapropiadamente" en el caso.
Ya antes, en un comunicado escrito, Craig había explicado que la decisión de acudir al arbitraje se debía a que "la independencia e integridad del sistema judicial ecuatoriano se ha reducido sustancialmente".
A este duro juicio se añade que, para la transnacional, existe una "clara intención del gobierno de usar el proceso legal en contra de Chevron en Lago Agrio para eludir sus propias obligaciones ambientales".
La intención de Chevron, según explicó Craig a los periodistas, es que "el Estado y Petroecuador se encarguen de la remediación que no se ha hecho y de cualquier pago que se establezca a raíz del fallo en Sucumbíos".
Sucumbíos es la provincia ecuatoriana en cuya capital, Nueva Loja (ciudad a la que Chevron siempre se refiere con el nombre de Lago Agrio, puesto por la Texaco), se ventila el juicio.
El procurador García aclaró que el gobierno "no ha intervenido ni intervendrá" en el juicio ambiental y se declaró convencido de que Chevron "seguirá perdiendo en el futuro cualquier alegación de conducta inapropiada de la República, en cualquier foro que escoja para ventilar sus pretensiones".
