El palestino Mohammad Al Saba es una de las 17 personas, 14 de Gaza y tres de Cisjordania, condenadas a muerte en 2009 por tribunales militares o de seguridad del Estado que languidecen en la cárcel.
Al Saba, de 36 años, fue sentenciado en noviembre a morir en la horca por un tribunal militar de la meridional ciudad fronteriza de Rafah, en el territorio palestino de Gaza, por presunta "traición y colaboración con fuerzas hostiles".
Tribunales castrenses o de seguridad del Estado de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania, y de Hamás (acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica), que controla la franja de Gaza, dictan una cantidad alarmante de condenas a muerte, pese a los llamados de organizaciones de derechos humanos locales e internacionales para imponer una moratoria.
Lo que más preocupa a las organizaciones humanitarias es la gran cantidad de palestinos condenados al máximo castigo por su presunta colaboración con un partido rival así como la cantidad de delitos pasibles de ser castigados con la pena capital.
"La ejecución de condenados a muerte en juicios injustos sólo socavará el intento de Abú Mazen (sobrenombre del presidente de la ANP, Mahmoud Abbas) de reforzar sus credenciales para imponer la ley y el orden", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente de la organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
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"Para garantizar el respeto de la ley y la seguridad de los palestinos, la ANP debe crear un sistema judicial independiente que respete el debido proceso", remarcó Whitson.
"Desde el punto de vista práctico es imprescindible que Abú Mazen se niegue a ratificar las condenas a muerte, que en Cisjordania no pueden ejecutarse sin su consentimiento", dijo a IPS Sarit Michaeli, de la organización de derechos humanos israelí Btselem.
El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) de Gaza pidió varias veces a la ANP que declarara una moratoria total sobre las condenas a muerte, que violan la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984.
"La ANP declara en su Constitución provisoria de 1997 y en su versión enmendada de 2003 su compromiso de trabajar, sin demora, para alinearse con los instrumentos regionales e internacionales que protegen los derechos humanos y de respetarlos todos", dijo a IPS Jaber Wishah, del PCHR.
"Muy pocas condenas se ejecutan en Cisjordania porque Abbas no firma las órdenes, pero el sistema judicial y el procesamiento de las sentencias no mejoró. Seguimos luchando con otras organizaciones de derechos humanos para que la ANP cambie la legislación", añadió Wishah.
La pena de muerte se aplica en función del artículo 37 del Código Penal de 1936, que funciona en la franja de Gaza y que data de la época de la colonia británica, y del artículo 14 del Código Penal jordano, de 1960, que rige en Cisjordania, que estuvo bajo administración de Jordania entre 1948 y 1967.
Muchas condenas son dictadas por los tribunales de seguridad del Estado basándose en el Código Penal Revolucionario, de 1979, impuesto por la Organización para la Liberación Palestina, creada por la Liga Árabe unos años antes como representante legítima del pueblo palestino.
Los tribunales para la seguridad del Estado fueron creados por un decreto presidencial emitido por el fallecido líder histórico y ex presidente palestino Yasser Arafat (1929-2004) en 1995 sin definir su mandato ni la naturaleza de los casos que le competen.
Activistas de derechos humanos denuncian que se trata de juicios sumarios y sostienen que el acusado no tiene tiempo de preparar la defensa ni tiene acceso a un asesoramiento legal adecuado.
Los fallos dictados por esos tribunales, incluso las condenas a muerte, no se pueden apelar en ningún órgano superior.
"Además, el Código Penal Revolucionario es inconstitucional y no fue aprobado por el Consejo Legislativo Palestino", dijo Wishah a IPS.
El Consejo Legislativo dejó de funcionar después de que Hamás expulsó a Fatah, que controla la ANP, de la franja de Gaza en 2007, lo que dividió políticamente a ambos territorios palestinos, así como su sistema judicial.
En los años 70, la ocupación militar de Israel interrumpió la aplicación del máximo castigo en los territorios palestinos porque ese país no tiene pena capital.
"La pena de muerte fue abolida por orden del ejército israelí cuando el estado judío controló el sistema legal de Cisjordania", señaló Thuraya Judi Alwazir, una de las pocas juezas de la Autoridad Judicial de la ANP, ubicada en esta ciudad palestina.
"La justicia ordinaria de la ANP no puede implementar la pena de muerte. Las que hubo fueron dictadas por tribunales militares", dijo a IPS Alwazir.
"Eso es un problema y queremos limitar la jurisdicción de los tribunales militares y devolver a la justicia ordinaria el procesamiento de civiles acusados de traición y otros delitos pasibles de recibir la pena capital", remarcó.
"Un proyecto de ley con ese fin fue entregado al presidente Abbas", apuntó Alwazir.
Lo irónico es que pese a la presión internacional, un Consejo Legislativo inactivo, la actual escisión entre los sistemas judiciales de Hamás y de Fatah y la promesa de la ANP de respetar el derecho internacional, la falta de voluntad política puede llegar a ser el factor que incida en que no se dicte ninguna moratoria.
"De hecho, estamos discutiendo reintroducir la pena de muerte en la justicia ordinaria. Es consistente con nuestras creencias islámicas y también cuenta con el apoyo de numerosos dirigentes religiosos. No le compete a la comunidad internacional imponernos su sistema de valores", dijo Alwazir a IPS.
