El creciente peso de militares retirados de alto rango en posiciones clave de la administración pública de Nicaragua despierta muchas suspicacias entre analistas y opositores, mientras es visto con normalidad por el ejército y defendido por allegados al presidente Daniel Ortega.
Desde que retornó al poder en enero de 2007, Ortega nombró por decreto y contratación directa en cargos importantes al menos a medio centenar de oficiales retirados.
Este mismo mes se supo que el mandatario sumó otros 17 militares retirados a cargos públicos, una parte de los cuales pasaron a retiro en febrero, cuando se produjo el recambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que está establecido cada cinco años.
La preferencia de Ortega, líder del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y antiguo guerrillero, por sus viejos compañeros de armas ha creado fuertes recelos entre sus adversarios políticos.
El coronel retirado Víctor Boitano, declarado opositor al gobierno de Ortega, considera que el mandatario tiene una estrategia para "conquistar voluntades" del estamento militar, mediante el ofrecimiento de cargos públicos.
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"Desde que le pusieron la banda (presidencial), Ortega ha venido tratando de atraer a la oficialidad del Ejército a las filas del FSLN", denunció Boitano a IPS.
"Hay una cierta ambición dentro del ejército de modernizar sus armas y profundizar sus recursos económicos y negocios, y las ofertas constantes de Ortega han convencido a varios oficiales", denunció.
El portavoz del Ejército de Nicaragua, el general Adolfo Zepeda, negó que la institución militar tenga relaciones políticas, de negocios o de cualquier otro tipo con ninguna autoridad civil, que no sean las autorizadas por las leyes.
"Lo que hagan los compañeros una vez en retiro, es cosa de cada quien, pero mientras son miembros activos, se deben a una institución que obedece a la Constitución", puntualizó Zepeda a IPS, tras recordar que casi todos los oficiales tienen títulos universitarios y están altamente calificados.
En este país centroamericano quien ostenta la presidencia es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a esa Constitución.
Además, la fuerza militar se subordina a la autoridad civil, mientras ésta debe respetar las decisiones internas en materia de seguridad, defensa de la soberanía y otras facultades que la legislación otorga al estamento castrense.
Algunos analistas y militares retirados consultados por IPS desconfían de una iniciativa de Ortega de modificar la normativa militar vigente desde 1994.
El ejército, a propuesta del presidente, estableció que los oficiales en edad de retiro pueden quedarse de manera indefinida en sus cargos "para aprovechar su experiencia y formación".
Las guerrillas izquierdistas del FSLN llegaron al poder en 1979, tras derrotar a la dictadura dinástica de la familia Somoza, que por 45 años sometió a Nicaragua a un régimen de represión militar.
Esas fuerzas irregulares se convirtieron entonces en el Ejército Popular Sandinista (EPS) y recibieron entrenamiento militar y armas de Cuba, Libia y la extinta Unión Soviética.
Al mismo tiempo, Ortega asumió el mando civil al frente de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y luego como presidente electo, desde 1985.
En aquella década, el gobierno de Estados Unidos organizó y financió a guerrillas anti-sandinistas, también conocidas como "contras", y Nicaragua libró otra guerra civil que concluyó con un acuerdo de paz y las elecciones de febrero de 1990, que Ortega perdió frente a la centrista Violeta Chamorro.
A partir de entonces, la institución militar entró en una etapa de modernización y profesionalización y en 1994 pasó a denominarse Fuerzas Armadas.
El hermano del presidente y general fundador de las Fuerzas Armadas con Chamorro, Humberto Ortega, dijo a IPS que no temía que los nuevos mandos militares "cedieran su profesionalismo" a ninguna pretensión de traerlos a un proyecto político.
"Este ejército es hoy por hoy la institución más profesional, creíble y responsable de Nicaragua. No la veo, de ninguna manera, cediendo espacios a su principal fortaleza que es la credibilidad social", detalló.
Pero otros oficiales retirados piensan distinto. Según el general en retiro Hugo Torres, también ex guerrillero sandinista, el debate sobre las supuestas intenciones de Ortega de "recuperar" para el FSLN al ejército, se activó desde que el presidente atrajo a tantos militares a cargos gubernamentales.
Actualmente varios generales en retiro, antiguos comandantes guerrilleros, ex agentes de inteligencia y otros oficiales están dentro del FSLN, además de ocupar importantes cargos públicos.
Hay oficiales retirados en la presidencia del Banco Central, en los ministerios de Salud, Agropecuario, Relaciones Exteriores y Transporte, el Instituto Forestal, la Contraloría, varios tribunales, la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Electoral.
También ocupan posiciones en las delegaciones ante la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas y en varias embajadas, así como en empresas de petróleo y alimentos, y en la seguridad social.
"Hay una estrategia en todo esto", observó Torres a IPS. "Los regímenes tiránicos usan un arsenal de armas políticas en su estrategia de coaptación de instituciones claves. Recurren al tráfico de influencias, el amiguismo, a los halagos, al chantaje", dijo.
Torres recordó a IPS que en 2008, antes de las elecciones municipales sobre las que existen denuncias de fraude, el presidente organizó públicamente a antiguos combatientes de un cuerpo de elite del EPS desaparecido en 1990.
En una alocución por televisión, Ortega dijo entonces que los militares retirados "librarían nuevas batallas a favor del pueblo".
Posteriormente, durante la campaña electoral de ese año, organismos de derechos humanos acusaron al gobierno de armar y organizar a antiguos militares para reprimir manifestaciones opositoras.
"Son puras especulaciones", replicó a IPS el secretario de relaciones internacionales del FSLN, Jacinto Suárez, a las presuntas "malas intenciones" que adjudican al mandatario respecto a los militares.
"Son acusaciones infundadas. Los militares son gente profesional, abogados, ingenieros, administradores, gente brillante e intachable que puede serle útil a la sociedad desde cualquier puesto público", dijo.
"Lo que ocurre es que la oposición derechista, los medios y algunas ONG (organizaciones no gubernamentales), se han dedicado a atacar al presidente sin analizar los beneficios sociales que los proyectos del gobierno brindan al pueblo", denunció.
El 21 de febrero, en su discurso al asumir como el nuevo comandante en jefe del Ejército, el general Julio César Avilés dijo que seguiría la línea de neutralidad política y apego a la constitución política "porque somos el ejército de todos los nicaragüenses". Los integrantes de la nueva cúpula castrense han sido bien vistos por todos.
El analista en temas de seguridad del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Javier Meléndez, consideró que el ejército ha mantenido una línea de independencia frente a los poderes políticos, "pero ahora hay riesgos respecto a eso".
Ortega anunció durante la toma de mando de Avilés que los militares participarán desde ahora en labores de construcción de calles y funciones sanitarias.
"Esa flexibilidad del ejército frente a proyectos del gobierno, que tienen un alto contenido partidario, hace peligrar la independencia de los militares, ya que los subordinada a acciones propias de un partido y de un gobierno", advirtió Meléndez.
Pero el propio general Avilés dijo a IPS que el ejército, en su plan de modernización y servicio social, ha venido adoptando nuevos retos de cara a la sociedad.
"En vez de quedarnos en las bases militares, salimos a reparar calles y construir puentes. Así entrenamos a nuestras tropas, cooperamos en beneficio del país y no nos quedamos recluidos", aseguró.
