Antes de las elecciones del domingo 14, había en Colombia 420 municipios (una tercera parte del total) en estado de alerta porque sus urnas estaban asediadas por el dinero, la corrupción o la violencia.
Los promotores de ese grupo estaban encarcelados por sus relaciones con grupos paramilitares de ultraderecha, acusados de crímenes atroces en este país que vive un conflicto armado interno desde 1964.
Pero era mayor la expectativa por el parlamento que saldría de las urnas. Según el editorialista del diario El Espectador, "durante los últimos ocho años, el Congreso vivió la peor crisis de su historia".
Congresistas que cambiaron votos por contratos, por notarías o por otros cargos, que aprobaron leyes de clara inconveniencia pública, o que, en una proporción de 30 por ciento, fueron a parar a la cárcel por su relación o por el apoyo que recibían de grupos armados ilegales.
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Según una investigación de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris sobre las listas electorales, hay 13 congresistas electos con investigaciones vigentes del Partido de la U, 11 del Partido Conservador, seis de Alas y cinco de Cambio Radical todos parte de la coalición que apoya al presidente Álvaro Uribe— y cinco del opositor Partido Liberal.
A pesar de los procesos pendientes, muchos utilizan artimañas para mantener su influencia a través de parientes o amigos que actúan como testaferros políticos. Así sucedió con legisladores de los departamentos de Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena y Santander, en el norte, Valle del Cauca y Risaralda, en el oeste, y Casanare, en el este, entre los más notorios.
Controlar el Congreso a través de agentes es una vieja práctica que impulsaron los narcotraficantes Pablo Escobar (1949-1993), Gilberto y Miguel Rodríguez y el líder de los paramilitares Salvatore Mancuso, quien sorprendió al país cuando afirmó que 30 por ciento de los legisladores eran aliados de esas milicias ilegales. Los tres últimos están presos en Estados Unidos.
El columnista Hernando Gómez Buendía aseguró que en estos comicios se elegiría al nuevo presidente. El ex ministro Juan Manuel Santos, jefe del Partido de la U, necesitaría que su fuerza política arrasara para poner una base firme a su candidatura presidencial.
Lo mismo se afirmó del candidato conservador Andrés Felipe Arias, enfrentado en su partido a Noemí Sanín en una consulta interna por la candidatura oficial. Del resultado de ese enfrentamiento, que se conocerá en algunos días, dependerá la mayor o menor fortaleza de Santos y la influencia política de Uribe en el próximo período presidencial.
Otra consulta interna, la del Partido Verde, decidió la investidura de un candidato presidencial entre los tres líderes de ese movimiento, todos ex alcaldes de Bogotá. El triunfador fue Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003).
Las voces oficiales dieron cuenta de una jornada electoral sin problemas de orden público, "la más tranquila en los últimos 30 años".
Los observadores extranjeros vieron compra de votos y fraude, "igual o peor que en la anterior jornada", así como presiones indebidas sobre los electores, como la amenaza de privarlos de acceso al sistema de salud para los sectores de bajos recursos, si no apoyaban a determinado candidato.
En el amanecer del lunes 15 las expectativas cedieron paso a la realidad.
El "testaferrato" político fue el primero de los datos desalentadores.
Hubo fiesta en las celdas de varias prisiones. En una de ellas, un congresista condenado a 40 años de reclusión por su participación en una matanza se aseguró seguir actuando en la política de su región a través de su hermana, electa legisladora.
Un ex gobernador, condenado a siete años de prisión, consiguió que su esposa ocupara un escaño. Una empresaria de juegos de azar, procesada y encarcelada, triunfó con la elección de su hijo. Un congresista preso mantuvo su curul en manos de su socio político, y un ex senador, llamado a juicio, sobrevive en su primo que se hizo del cargo.
Los dos partidos con el mayor número de congresistas en la cárcel o procesados fueron los ganadores de la jornada.
El Partido de la U obtuvo 27 escaños en el Senado y 44 en la Cámara de Representantes. El Partido Conservador tiene hoy 24 senadores y 47 representantes. Entre los dos sumaron más de cuatro millones de votos y más de 50 por ciento de los asientos en ambos cuerpos legislativos.
En virtud de estos resultados, Uribe mantendrá en los próximos cuatro años una influencia superior a la de cualquiera de sus predecesores.
Se mantiene vivo, además, el fenómeno de la "parapolítica", la alianza forjada entre dirigentes políticos y paramilitares para "refundar el país".
La no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE) denunció la negociación masiva de votos y prácticas de fraude: becas a cambio de votos, sustitución de votantes, sufragios con cédulas de desaparecidos.
Según el jefe de la misión de la OEA, Enrique Correa, en Magangué, municipio del norteño departamento de Bolívar, los sufragios se pagaban en las mismas mesas de votación.
Nada garantiza que, con el régimen consagrado por los votos del domingo 14, vayan a desaparecer estas prácticas de corrupción.
A juzgar por los resultados, se profundizó el vínculo entre agentes y acciones de la violencia y del narcotráfico y el éxito político electoral.
En cambio, las propuestas que ofrecían posibilidades de cambio obtuvieron resultados escuálidos: el izquierdista y opositor Polo Democrático Alternativo redujo de 10 a ocho sus senadores.
La oferta del candidato presidencial Sergio Fajardo, ex alcalde de la ciudad de Medellín, quedó sepultada en las urnas.
Quienes contemplan con pesimismo la supervivencia de la influencia de Uribe comienzan a mirar hacia el Partido Verde que, al ungir a Mockus como candidato, dio la única nota de cambio de los comicios.
DESPLAZADOS DE LA DEMOCRACIA
El sábado 13, 200 personas del sudoccidental departamento de Nariño, sobre la costa del Pacífico, huían ante la presión del grupo paramilitar Los Rastrojos. ¿Se cumple el derecho al voto de la población desplazada por la guerra?
"Entre enero y febrero hubo 3.300 personas desplazadas, especialmente en la zona del Pacífico. Desplazamientos masivos presionados por grupos paramilitares. Estas personas ni siquiera están pensando en el tema electoral, sino en sobrevivir", dijo a IPS Jorge Rojas, presidente de la humanitaria Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
El gobierno reconoce que al menos 54.000 desplazados tienen dificultades para votar.
"En realidad los desplazados, por el hecho de serlo, además de ser desplazados por el conflicto armado interno, parecieran desplazados de la democracia. No hay garantías para que participen en el ejercicio electoral", según Rojas.
* Con aporte de Constanza Vieira (Bogotá).
