Presionado por organizaciones de derechos humanos internacionales, el gobierno de Sri Lanka define un plan que garantice las libertades políticas y civiles afectadas tras casi tres décadas de guerra civil.
La iniciativa fue recibida con escepticismo por activistas de derechos humanos porque, según ellos, este país de Asia sudoriental tiene graves problemas de credibilidad a la hora de hacer cumplir mecanismos que protejan los derechos humanos.
"Será otro documento que quedará en los papeles y sólo servirá para calmar a la comunidad internacional y mostrar que Sri Lanka adhiere a las convenciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre derechos políticos y civiles", según un activista que no quiso revelar su identidad.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) participaron en las discusiones iniciales para elaborar el plan nacional sobre derechos humanos, pero fueron excluidas a la hora de redactar el borrador y desconocen su contenido.
"Las ONG se mostraron entusiastas en las discusiones y muchas mostraron interés, pese a cierto cinismo porque el gobierno tiene problemas de credibilidad", señaló Jehan Perera, director ejecutivo del Consejo Nacional por la Paz.
[related_articles]
"El desafío para el gobierno es asegurarse de que se implementen las normas y que no queden simplemente en el papel, quizá necesite fondos de Occidente", apuntó.
El Plan Nacional de Acción para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos se dará a conocer dentro de poco y se comunicará a la comunidad internacional, informó la semana pasada el ministro de Derechos Humanos, Mahinda Samarasinghe. Pero no dio más detalles.
"El plan de acción mostrará nuestro compromiso y nuestra determinación para lograr minimizar, prevenir e incluso erradicar la tortura y las desapariciones", declaró.
El borrador fue preparado en noviembre y lo está terminando un comité encabezado por el fiscal general, Mohan Peiris, señaló el ex ministro de Derechos Humanos, Rajeeva Wijesinha, quien renunció al cargo hace unas semanas para presentarse a las elecciones parlamentarias de abril como candidato por el partido gobernante.
"La iniciativa comenzó hace dos años con el compromiso de redactar un borrador de plan de derechos humanos para presentar a la comunidad internacional", añadió.
La propuesta cubre varios asuntos, desde derechos de las mujeres y niños y niñas, hasta laborales y los vinculados a los trabajadores inmigrantes.
Sri Lanka fue acusada de violar los derechos humanos, en especial durante la ofensiva final de las fuerzas gubernamentales contra los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) a principios de 2009, así como de perseguir a periodistas y a activistas.
Más de 20 reporteros huyeron del país por temor a sufrir represalias por su trabajo. Hay activistas de derechos humanos que están en una presunta lista de perseguidos, preparada por el servicio de inteligencia de este país.
El gobierno negó las acusaciones en reiteradas oportunidades e incluso prohibió el ingreso de investigadores de la Unión Europea (UE) para observar el respeto de las convenciones de la ONU sobre derechos humanos y laborales.
Al no contar con informes del gobierno, los investigadores concluyeron que Sri Lanka incumple los convenios del foro mundial y recomendaron excluirla de los países cuyas exportaciones a Europa están libres de impuesto.
La UE informó en febrero su decisión de que Sri Lanka perdiera el beneficio a partir de agosto, a menos que asuma un compromiso fuerte para implementar las mencionadas convenciones.
Una delegación srilankesa, que incluyó al fiscal general, se reunió en Bruselas con funcionarios de la UE para pedir que se restauraran las concesiones y aseguraron que pronto se anunciará el nuevo marco de derechos humanos.
El último escándalo al respecto surgió después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, creó un panel especial para tratar la situación de derechos humanos en Sri Lanka, medida que fue considerada innecesaria por Colombo.
Pero al mismo tiempo, el gobierno acusó a las organizaciones de derechos humanos de extralimitarse y de participar en actividades políticas. En las últimas semanas, la secretaría para ONG del gobierno envió cartas a algunas de ellas pidiéndoles información sobre sus cuentas bancarias.
"Es ilegal. Sólo el Banco Central puede hacer un pedido de esas características", señaló un activista, cuya organización recibió de una de las misivas. "También se dijo que algunos funcionarios amenazaron con cancelar las visas de trabajadores extranjeros si no se entregaba la información bancaria solicitada", añadió.
El pedido fue enviado mucho después de que las ONG dejaron de participar en la iniciativa.
La mayoría de los funcionarios que presidieron los comités que se formaron antes de redactar el plan no estaban familiarizados con cuestiones de derechos humanos, señaló un activista.
"Hubo dudas sobre la efectividad de los comités. Sin embargo, las ONG que participaron estaban entusiasmadas de representar" al sector, añadió el activista.
Algunos consultores que participaron en la elaboración del plan confirmaron que cubre muchas áreas.
"Es necesario garantizar servicios de calidad y está previsto en el plan", señaló Hinranthi Wijemanna, funcionaria jubilada de Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y consultora del gobierno.
"No se trata sólo de integrar a los menores combatientes, sino también de atender a aquellos que perdieron a alguno de sus padres o que quedaron huérfanos y están en instituciones estatales", añadió.
