Chile sigue sin conocer el número total de muertos por el terremoto y el tsunami del 27 de febrero, en medio de anuncios de reformas de las instituciones encargadas de atender las emergencias y cuando faltan tres días para el cambio de mando presidencial.
Esto se manifestó principalmente en la fallida alerta del tsunami que siguió al sismo, en los problemas de comunicaciones con las zonas afectadas, en la complicada contención de los saqueos posteriores, en la tardanza de las primeras ayudas y en el conteo de las víctimas.
Pese a esas críticas sobre el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, la mandataria mantiene un inédito 84 por ciento de aprobación ciudadana, según los resultados de un sondeo realizado tras el terremoto y divulgado este martes por la empresa Adimark.
La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de dos comisiones investigadoras.
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La primera analizará la calidad de las construcciones, ante el colapso de muchas edificaciones pese a la existencia de una norma antisísmica. La segunda estudiará la capacidad de respuesta institucional ante catástrofes.
El destructor terremoto que azotó a seis de las 15 regiones de este país sudamericano a la hora 03:34 de la madrugada del 27 de febrero generó un maremoto que arrasó con localidades costeras de El Maule y Bío-Bío situadas entre 200 y 500 kilómetros al sur de la capital chilena.
Cuatro días después de la tragedia, la administración de Bachelet informó de 802 muertos. Pero luego, las autoridades reconocieron que en las primeras estimaciones se contabilizó también a los desaparecidos, lo cual originó una confusión.
Según el último reporte del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, entregado el lunes, las muertes confirmadas son 497.
Ante los errores que impidieron emitir una alerta de maremoto, el 5 de este mes fue destituido el almirante Edmundo González, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), con el fin de iniciar una investigación interna.
El SHOA aseguró haber enviado dos comunicaciones a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), dependiente del Ministerio del Interior, informando de la posibilidad de un maremoto tras el sismo. Pero la Onemi sólo reconoce un reporte, que además tildó de ilegible y ambiguo.
Menos de dos horas después del terremoto, cuando Bachelet se encontraba en la sede de la Onemi monitoreando la situación, el SHOA descartó la ocurrencia de un tsunami, pese a que las olas ya habían arrasado con varios poblados y que el mar aún no se levantaba en otras zonas, por lo que se podrían haber salvado vidas.
Con todos los servicios básicos privatizados, en espera aún de ser normalizados en todo el territorio, el gobierno tampoco contaba con los teléfonos satelitales necesarios para enfrentar el corte de las comunicaciones tras el sismo, cuestionaron diversas voces.
No sirvió de nada que Chile tuviera una penetración de 100 por ciento de la telefonía celular, con 16,7 millones de aparatos, según estimaciones de las principales empresas del rubro.
Ante los cuestionamientos por la débil respuesta institucional, el presidente electo, el derechista Sebastián Piñera, que será investido este jueves, ya anunció que reestructurará la Onemi y modernizará el sistema de alerta temprana ante catástrofes.
Piñera también informó que mantendrá desplegadas mientras sea necesario a las fuerzas militares en las regiones más afectadas por el sismo grado 8,8 en la escala de Richter, que dejó en el suelo a numerosas localidades del centro y sur de este país de 17 millones de habitantes.
No obstante, entidades como la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales (Acción) han planteado la necesidad de acotar la participación de las Fuerzas Armadas a "la restitución de las cadenas de transporte, telecomunicaciones, energía y salud pública, evitando la militarización de la seguridad ciudadana".
A juicio del politólogo Fuentes, el sismo también evidenció "un exacerbado individualismo en muchas de las respuestas sociales", en referencia sobre todo a los descontrolados saqueos en las ciudades más afectadas, que estuvieron "organizados, no por delincuentes, sino por una clase media que tiene trabajo".
El mandatario electo también hizo saber de su interés en que autoridades locales de las regiones afectadas, como gobernadores y secretarios regionales ministeriales, se mantengan un tiempo en sus puestos después del 11 de este mes, a modo de transición.
Asimismo, Piñera indicó que enviará un proyecto de ley para adecuar el presupuesto de este año a los necesarios costos de reconstruir buena parte de la infraestructura y muchas viviendas.
"Piñera tiene varios desafíos. Primero, mantener la ayuda hacia los damnificados y, segundo, la reconstrucción y la generación de oportunidades de empleo y de desarrollo", previó Fuentes, doctor en ciencia política.
La reconstrucción "genera un debate necesario sobre cómo se va a financiar en el largo plazo. Esto tiene que ver con la carga impositiva. Hay dos modelos: vía exenciones tributarias a las empresas o vía alza de impuestos. Yo creo que ese va a ser el debate de los próximos meses", planteó.
Según Bachelet, levantar nuevamente al país podría demorar tres años.
Sólo la reparación de la infraestructura dañada, como caminos, puentes, aeropuertos, embalses y borde costero, costará entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, indicó el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar.
En tanto, la restauración de los hospitales dañados requerirá otros 3.600 millones de dólares, informó el titular de la cartera de Salud, Álvaro Erazo.
Algunas ciudades costeras totalmente derribadas, como la central Constitución, no podrán volver a erigirse en el mismo lugar, advirtieron expertos.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, visitó el país dos días y comprometió una asistencia de 10 millones de dólares del foro mundial, que se suma a la cuantiosa ayuda enviada por una veintena de países del mundo.
Una campaña benéfica de 24 horas, realizada entre la noche del viernes y el sábado a través de una cadena televisiva, reunió 30.000 millones de pesos (58 millones de dólares) para erigir 20.000 viviendas de emergencia y reparar algunos hospitales y colegios.
La llamada "Teletón Chile ayuda a Chile", que duplicó la meta prevista de 15.000 millones de pesos, contó con la presencia de Bachelet y Piñera y recibió donaciones de empresas, trabajadores, artistas, deportistas y de gente anónima de Chile y el extranjero.
El lunes volvieron a las clases 80 por ciento de los escolares. El Ministerio de Salud espera vacunar a 4.000 niños contra la hepatitis A, para prevenir contagios por ingerir agua o alimentos contaminados.
Mientras continúan las fuertes réplicas del sismo, la ayuda se sigue distribuyendo en ciudades como Talca, Concepción, Constitución, Talcahuano y pequeños poblados costeros.
