Chile empieza a pensar en los costos y desafíos de reconstruir buena parte del territorio devastado por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero, mientras siguen las labores de rescate.
Las cifras oficiales hablan hasta ahora de 795 muertos, 500 heridos y dos millones de damnificados.
"El impacto de este terremoto va a tener consecuencias económicas y sociales, es natural, y nosotros les estamos ofreciendo a las autoridades chilenas una evaluación detallada" de esos costos, dijo a IPS la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena.
En dos semanas más la Cepal podría tener una evaluación preliminar de los costos económicos y sociales del terremoto, adelantó Bárcena. La sede de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ubica en la zona oriente de la capital chilena.
A las 3.34 hora local del 27 de febrero, este país sudamericano de 17 millones de habitantes sufrió un terremoto grado 8,8 en escala de Richter que azotó fuertemente a seis de las 15 regiones, aunque se sintió en 11 de ellas.
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Se trata del segundo terremoto más fuerte que soporta Chile, después del registrado en la sureña ciudad de Valdivia en 1960, de 9,5 grados Richter, el más grande de la historia mundial. El sismo del sábado superó largamente en intensidad al vivido por Haití el 12 de enero, que dejó más de 200.000 personas fallecidas.
Las regiones más afectadas fueron las de El Maule y el Bío-Bío, entre 200 y 500 kilómetros al sur de la capital chilena, y particularmente localidades costeras como Cobquecura, Constitución, Dichato, Pelluhue, Talcahuano, entre otras que casi desparecieron por el tsunami que se levantó después del sismo.
A la emergencia por la gran cantidad de personas muertas, heridas y desaparecidas, se sumó el descontrol ciudadano por el desplome de viviendas y corte de servicios básicos, que terminó con grupos de delincuentes saqueando e incendiando locales comerciales.
Esto motivó la masiva salida de efectivos militares para resguardar la seguridad de la población y garantizar la correcta entrega de la ayuda, aunque arrecian las críticas por la tardanza con que llega a las zonas más golpeadas.
"Creo que Chile es un país muy preparado para este tipo de catástrofes, tiene una Oficina Nacional de Emergencias dentro del Ministerio del Interior, que en realidad ha operado con bastante eficiencia", estimó Bárcena.
Pero "esto fue de verdad una catástrofe de magnitud enorme, y cualquier país, por más preparado que pueda estar, tendría un impacto muy fuerte", enfatizó.
"Quizás la alerta del tsunami fue lo más crítico, parece que la Armada no tuvo la información plena, pensaron que el tsunami iba a ocurrir hacia las costa de Asia, pero la verdad es que para la magnitud del problema", los daños podrían haber sido peores, apuntó Bárcena.
Mostrado continuamente en el exterior como "modelo" de gestión y desarrollo, Chile bajó de 38,6 a 13,7 por ciento la proporción de población pobre entre 1990 y 2006, y se encaminaba a cumplir sin problemas en 2015 los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por la comunidad internacional en 2000.
El país presenta algunos de los mejores indicadores sanitarios de la región y pretendía erradicar este año los tugurios irregulares donde viven unas 20.000 familias.
Pero el terremoto dejó viviendas, hospitales, escuelas y organismos públicos en el suelo. La infraestructura vial y los sectores forestal, pesquero, siderúrgico, petroquímico y vitivinícola de las regiones de El Maule y Bío-Bío también fueron golpeados, según las primeras evaluaciones.
La Asociación de Aseguradores de Chile informó que los desembolsos por efectos de la tragedia superarán los 2.600 millones de dólares, 50 por ciento más de lo que entregan anualmente. Pero el número de asegurados contra terremotos es ínfimo: sólo seis por ciento de las viviendas y 30 por ciento de los vehículos.
"Cientos de miles de chilenos sufren en este desastre las consecuencias acumuladas de la desigualdad y la pobreza", dijo a IPS Álvaro Ramis, presidente de la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales, Acción, que reúne a 70 entidades.
"Los mayormente afectados corresponden a familias trabajadoras, pobres o de clase media, lo que devela la desigualdad en el diseño de las políticas públicas, la falta de protección de derechos y la falta de control y fiscalización por parte del Estado de los servicios básicos", acotó.
El activista ve "con preocupación la falta de capacidad del Estado para actuar frente a situaciones de crisis social, que teniendo amplios recursos financieros no los invirtió de forma preventiva para salir al paso de este tipo de tragedias".
La presidenta socialista Bachelet, que traspasará el mando del país el 11 de este mes al mandatario electo, el derechista Sebastián Piñera, dijo que su gobierno aún no sabe cuánto será necesario desembolsar para enfrentar la catástrofe, pero aseguró que la reconstrucción "costará mucho dinero y demorará mucho tiempo".
Aunque Chile es acreedor en el sistema financiero internacional y cuenta con ahorros dejados por las exportaciones de cobre de los últimos años, la jefa de Estado adelantó que se necesitarán préstamos internacionales "en buenas condiciones".
"Es difícil calcular en este momento. Hay áreas de Chile que no están afectadas, todo el norte del país, por ejemplo, que puede seguir produciendo cobre, el principal producto de exportación", planteó la secretaria ejecutiva de la Cepal.
"Lógicamente las zonas agrícolas van a tener que ser reevaluadas, el equipo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) está trabajando en ese tema. También habrá problemas de comunicación carretera", agregó.
"Pero es difícil hacer una evaluación sin haber hecho un recorrido del terreno. Por eso me preocupa que estén saliendo cifras (de costos) en la comunidad internacional cuando todavía no se ha hecho una evaluación como debe hacerse, con detalle, con metodología, con claridad, para evitar confusiones", explicó.
La empresa estadounidense Eqecat, especializada en el manejo de desastres, señaló el lunes que los costos económicos podrían llegar hasta 30.000 millones de dólares. A modo de comparación, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cifró en 14.000 millones de dólares la reconstrucción de Haití tras el terremoto de enero.
Según Bárcena, Chile "no está en el suelo".
"Es lo que yo quisiera transmitir a la comunidad internacional. Hay regiones muy afectadas, pero este país tiene instituciones, tiene gobierno, tiene un dinamismo económico muy fuerte, donde el sector privado, las Fuerzas Armadas, nosotros (como ONU) estamos actuando", añadió.
Bachelet sostuvo que "tenemos que tener conciencia de la extensión del daño. El próximo gobierno va a tener un desafío muy grande".
"Acá se puede hacer todo tipo de análisis, éste no es el momento del análisis, es el momento de la acción. Este es un terremoto de una fuerza nunca vista, les pedimos comprensión", agregó.
Este martes la mandataria recibió brevemente a la secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, y al presidente de Perú, Alan García, quienes expresaron sus condolencias y ofrecieron ayuda. El lunes visitó unos minutos el país el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Muchos otros países han enviado asistencia material que el gobierno calificó de urgente, como hospitales de campaña, teléfonos satelitales y grupos electrógenos, además de apoyo financiero.
"Exigiremos al nuevo gobierno implementar un plan de reconstrucción que contemple la participación de la ciudadanía, principalmente de las zonas afectadas. De esta forma se garantizará un certero diagnóstico de las demandas y necesidades de la población", planteó Ramis.
"Es necesario reforzar las políticas sociales desde un enfoque de derechos y garantías sociales", dijo
Para él, este terremoto debería contribuir a modificar "el curso de los debates sobre el modelo de desarrollo, afianzando y ampliando un modelo de protección social que garantice estándares de vida para la población, incluso en casos catastróficos", concluyó.
