Mientras las víctimas fatales del devastador terremoto y tsunami que afectó a Chile la madrugada del sábado se elevaron provisionalmente a 723, autoridades y expertos reconocen que la catástrofe evidenció errores y falencias institucionales.
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet decidió, además, poner a cargo de la seguridad de las zonas más golpeadas a los militares, para así frenar los saqueos.
Localidades costeras de las centrales regiones del Maule y Bío-Bío, las más afectadas, fueron arrasadas por tsunamis generados por el sismo de 8,8 grados en la escala de Richter, registrado a las 3:34 hora local del sábado, con epicentro a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Concepción, capital del Bío-Bío.
Casas en el suelo, edificios desplomados, puentes caídos, carreteras cortadas, hospitales e iglesias dañadas, personas clamando por agua y comida, familias enteras durmiendo en las calles por temor a las réplicas, y saqueos en locales comerciales son algunas de las postales que dejó el sismo, que duró más de dos minutos.
El domingo el gobierno decretó el estado de excepción por catástrofe en El Maule y Bío-Bío, entre 200 y 500 kilómetros al sur de la capital, para asegurar el orden público y abastecer de agua y alimentos a la población, con la entrega de mercadería almacenada en los supermercados.
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Esta figura, que moviliza al ejército y restringe una serie de derechos ciudadanos, respondió a los descontrolados saqueos a supermercados y locales comerciales registrados en Concepción y otras ciudades del país.
En este marco, se decretó el toque de queda entre las 21:00 horas del domingo y las 6:00 de la mañana de este lunes en Concepción, lo que impidió a la gente salir de sus casas. A raíz de la medida, una persona murió y 57 fueron detenidas. A la luz de estos resultados, este lunes se evalúa si se mantiene la medida.
El ministro de Defensa, Francisco Vidal, anunció que unos 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados hasta ahora para enfrentar las emergencias del terremoto.
Mientras, continúan las tareas de rescate de personas atrapadas entre las ruinas de las edificaciones y desaparecidas, cuyo número es aún indeterminado.
En el sur del país todavía permanecen áreas aisladas, sin servicios de agua potable, electricidad y telefonía.
Quienes tienen conexión a Internet buscan desesperadamente a sus familiares y amigos a través de redes sociales como Facebook y Twitter, mientras se han organizado grupos solidarios que les ayudan en la tarea.
El gobierno asegura que movilizó de inmediato todos los mecanismos del Estado para socorrer a los afectados. Pero los damnificados y algunas autoridades locales cuestionan la tardanza con que ha llegado la ayuda.
También hay críticas a la poca información desplegada en las áreas más impactadas respecto de temas como los lugares de entrega de la ayuda o la identidad de las personas fallecidas.
En tanto, ya se han levantado hospitales de campaña y albergues para atender a los heridos y acoger a decenas de miles de damnificados.
El domingo, autoridades gubernamentales aseguraron que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile activó confusa y tardíamente las alarmas de tsunami, lo que fue desmentido por esa dependencia.
"En Chile faltan expertos, faltan protocolos, falta comunicación entre todas las instituciones involucradas (en la formulación de las alertas de tsunamis)", dijo el sismólogo de la Universidad de Chile, Jaime Campos.
El país debería contar con la tecnología satelital disponible hoy en el mundo para detectar la posibilidad de un tsunami mientras ocurre un terremoto, enfatizó.
"Lamentablemente Chile es un país sísmico. Es uno de los países más sísmicos, si no el más sísmico del mundo. Está expuesto a tsunamis, terremotos y fenómenos volcánicos bastante frecuentes", apuntó el especialista.
"Por lo tanto, el país tiene que tener un dispositivo adaptado a todas esas amenazas naturales que tenemos", subrayó Campos.
Ese dispositivo requiere "tener instrumentos, protocolos, institucionalidad ( ) y un arsenal de investigadores, expertos e ingenieros en todas estas materias", inexistentes en la actualidad al grado requerido, consideró.
La directora de la Oficina Nacional de Emergencia, Carmen Fernández, declaró que al país le falta "cultura de tsunami". "No teníamos la experiencia suficiente", admitió.
Durante el domingo se registraron falsas alertas de tsunami lo cual agravó el temor de la población, en especial en la ciudad portuaria de Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago.
"Cada momento que pasa tenemos peores noticias", dijo el domingo el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, sintetizando de esta forma lo vivido por los 17 millones de habitantes de este país sudamericano desde el violento temblor.
Se trató del segundo terremoto en intensidad de la historia chilena, después del ocurrido en 1960 en la sureña provincia de Valdivia, de 9,5 grados en la escala Richter y considerado el mayor registrado en el mundo.
Calificado de "engañoso" por la población, el terremoto no dejó a la vista de inmediato su devastación, debido a la enorme extensión del territorio afectado y a los problemas de comunicación que le siguieron.
El sismo se sintió con diversa intensidad en 11 de las 15 regiones del país, desde la norteña Antofagasta hasta la sureña Los Lagos.
Además del Maule y Bío-Bío, las regiones más afectadas fueron la de Valparaíso, la Metropolitana de la capital del país, y la de O'Higgins.
Inicialmente, el Servicio de Sismología de la estatal Universidad de Chile informó que el terremoto alcanzó 8,3 grados en la escala de Richter, pero luego lo situó entre 8,6 y 8,8, grados, alineándose con las mediciones de otros institutos internacionales.
En la noche del domingo, la presidenta socialista, que había conformado un Comité de Emergencia Nacional, se reunió en su domicilio con el mandatario electo, el derechista Sebastián Piñera, quien asumirá el cargo el día 11, para coordinar las medidas de ayuda a la población.
El gobierno aseguró que el país cuenta con los recursos financieros necesarios para hacer frente a la catástrofe, pero estudia aceptar algunos ofrecimientos de ayuda específicos provenientes del exterior, como hospitales de campaña, tecnología de telecomunicaciones y otros.
Tanto Bachelet como Piñera han enfatizado que para levantar el país se requiere la colaboración tanto del sector público como del privado.
La ministra de Vivienda, Patricia Poblete, aseguró que los inmuebles del país "respondieron bien" al terremoto, considerando la gran intensidad del movimiento telúrico.
Pero a medida que pasan las horas aumentan las críticas a empresas constructoras y a la fiscalización gubernamental por el desplome de casas y edificios inaugurados recientemente.
Otras voces aseguran que debido a las normas antisísmicas obligatorias en el país, las más estrictas de América Latina según Poblete, la destrucción fue muy inferior a la registrada en Haití, donde murieron, según cifras provisionales 214.000 personas.
Ese sismo, considerado de una intensidad cincuenta veces menor al del sábado en Chile, ocurrió el 12 de enero y fue de 7 grados en la escala de Richter.
En Concepción, un edificio de 14 pisos inaugurado en 2009 se desplomó por completo y aún se buscan sobrevivientes entre el dolor de los familiares.
El domingo se reanudó, aunque todavía con restricciones, la llegada de algunos vuelos internacionales al dañado aeropuerto de Santiago, mientras se reparan los graves daños registrados en la terminal de pasajeros.
Los expertos descartaron que pueda producirse un nuevo sismo o tsunami en las próximas horas, pero advirtieron que las réplicas, con temblores de menor intensidad, pueden sentirse hasta tres meses más.
"Estamos ante una emergencia sin parangón en la historia de Chile", resumió Bachelet.
Una consultora de Estados Unidos aseguró este lunes que la catástrofe le supondrá a Chile una pérdida de 10 por ciento de su producto interno bruto.
Pero el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, declaró este mismo lunes que aún no existen cifras oficiales que cuantifiquen la tragedia y permitan calcular el impacto a corto y mediano plazo.
