El presidente de Perú, Alan García, no pudo calmar el descontento de militares y policías, pese a que accedió a dar un aumento escalonado de salarios y pensiones, aunque en porcentajes menores a los reclamados y dejando sin el beneficio a los retirados. Se anuncian protestas y hasta huelgas.
Las asociaciones de uniformados en situación de retiro, lisiados, viudas de efectivos, deudos y pensionistas, que de hecho expresan también el sentir de los activos, confirmaron este martes la convocatoria a una movilización nacional para el 8 de marzo, que puede derivar en una huelga del personal efectivo el 5 de abril si no se escuchan sus reclamos.
La protesta es porque entienden que lo dispuesto por García no contempla lo pretendido. El "decreto de urgencia" firmado el domingo, tras un intento por desechar cualquier tipo de aumento, otorga por única vez un "bono extraordinario" de 1.000 soles (357 dólares) para los grados superior de comandante hasta suboficiales de tercera, lo cual alcanza a casi 80 por ciento de los 148.000 efectivos en actividad de las dos fuerzas de seguridad.
Aunque también llegará a unos 2.000 discapacitados en acciones de combate y familiares de fallecidos, a los 120.000 jubilados no les corresponderá el beneficio.
García también dispuso un aumento de 100 soles (36 dólares) para los militares y policías en servicio y pensionistas, lo cual en 12 meses demandará un gasto de 300 millones de soles (107,1 millones de dólares), más los 150 millones de soles (unos 53,5 millones de dólares) que suman el total bonos extraordinarios.
La decisión fue analizada por los expertos como un paso atrás del mandatario, presionado por las amenazas de protestas. Es que se había opuesto en un principio al mandato del Congreso legislativo del 7 de febrero de otorgar un "bono extraordinario", cuyo monto debía fijar el Poder Ejecutivo, y un aumento de sueldos escalonado en cinco años para los 268.000 militares y policías.
García cuestionó la ley con el argumento de que el parlamento no estaba facultado por la Constitución para disponer gastos del Tesoro.
Además, había indicado en un comunicado que el monto no era factible de financiar, porque el Estado había mermado sus ingresos previstos, debido a la crisis económica internacional y la caída del precio de los minerales, de 57.000 millones de soles (20.000 millones de dólares) a 46.000 millones de soles (16.000 millones de dólares).
"Compartimos la necesidad de tener unas Fuerzas Armadas y policiales mejor equipadas y pagadas de acuerdo a su eficiencia, pero todos debemos saber que es imposible cumplir al mismo tiempo con la renovación del material de guerra básico que se está haciendo, con el aumento de los gastos en la lucha contra la subversión y con el aumento del 60 por ciento en promedio como lo señala la comisión de Defensa del Congreso", explicó García en el comunicado.
Aplicar el bono y el aumento "pondría en peligro la estabilidad fiscal y monetaria del país, gracias a la cual y dedicando los recursos a los excluidos y más humildes se logró reducir sustantivamente la pobreza", añadió.
Sin embargo, 14 días después el presidente peruano aprobó pagar un "bono extraordinario" y un aumento de sueldos para militares y policías.
El general en retiro Roberto Chiabra, quien fue ministro de Defensa del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), criticó el bono extraordinario y el aumento de sueldos.
"En lugar de un beneficio, es un perjuicio, porque divide a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional entre los que están en actividad y los que se encuentran en retiro, y discrimina a los que no están comprendidos entre los grados de comandante a subalterno", explicó Chiabra a IPS. "Creo que este bono en vez de ser un estímulo, rompe la integración entre los uniformados", dijo.
Chiabra también cuestionó que el gobierno no explique qué programas del Ministerio de Defensa y del Interior sufrirán recortes para financiar el bono y el aumento.
"¿Van a reducir los gastos de entrenamiento a las tropas? ¿Se enviará menos gente al extranjero para prepararse? ¿Se disminuirá la presencia de las fuerzas del orden en el valle de los ríos Apurimac y Ene donde se combate a Sendero Luminoso? No se ha dicho qué gastos se van a suprimir", señaló Chiabra. "Es de suma importancia saber qué sectores serán reajustados", sostuvo.
Pero, además, el ex ministro de Defensa criticó que se les dará un bono a los familiares de los militares y policías fallecidos en acción, y a los que sufrieron alguna forma de invalidez en el cumplimiento de sus funciones.
"Eso significa que a uno lo tendrían que matar, o resultar lisiado en acción, para recibir el bono", indicó Chiabra. "Considero que si el gobierno quiere sincerar el ingreso de los efectivos no debe excluir a nadie por ninguna razón".
La protesta de los uniformados puede originar un problema interno.
"Se ha marginado a un amplio sector, especialmente a los efectivos en retiro, a las viudas y a los deudos de quienes no murieron en servicio, y a los que sufrieron invalidez cuando no cumplían su función", dijo a IPS el general retirado Jorge Rivas, presidente de la Coordinadora Nacional de las Fuerzas Armadas, que agrupa a 25 asociados de militares retirados.
Para Rivas, el decreto del gobierno es una represalia contra los integrantes de la asociación que conduce, que reúne a unos 60.000 retirados y es una de las organizaciones más activas en las protestas.
"Nosotros somos los que en nombre de los miembros de las Fuerzas Armadas salimos a las calles para protestar contra los sueldos miserables, porque nuestros compañeros en actividad están prohibidos de hacerlo", precisó Rivas.
"Lo que el gobierno pretende es dividirnos favoreciendo a unos y perjudicando a otros", advirtió.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Policías del Perú, el suboficial en retiro Óscar Pedraza, también criticó el decreto de García, porque no beneficia a los policías que cumplieron servicio durante 30 o 35 años.
"En lugar de agradecerles por los servicios prestados, el gobierno los margina. Han dejado de lado a efectivos de la tercera edad, a los hijos de los policías fallecidos y de los discapacitados, entre otros", dijo Pedraza a IPS.
"Da la impresión que el gobierno ha solucionado el problema, pero en realidad lo que ha hecho es lanzar combustible a una hoguera", apuntó.
El Poder Ejecutivo ha organizado una comisión para que en un plazo de 180 días proponga un plan de reestructuración de remuneraciones de los elementos de las fuerzas de seguridad.
