Nicaragua está sumergida en una difícil situación socioeconómica que se agrava día a día, alimentada por una larga crisis política que ha enfrascado al gobierno de izquierda y a la oposición de derecha en una guerra de acusaciones mutuas de corrupción.
El origen de la crisis política está en las elecciones municipales de noviembre de 2008, cuando el gobierno de Daniel Ortega fue acusado de haber promovido un fraude por sectores sociales y políticos, dentro y fuera del país, dijo a IPS Carlos Tunnermann, del no gubernamental Movimiento por Nicaragua.
Para Tunnermann, "desde entonces el país ha entrado en una debacle económica y política que cada día lo hunde más en la pobreza", como consecuencia en parte de la suspensión de la cooperación por parte de varios países, mientras no se aclaren las denuncias de ilegalidad aparentemente cometida por el Consejo Supremo Electoral.
El Banco Central indicó que por la caída en la cooperación, el gobierno de este país centroamericano debió reducir en 500 millones de dólares su presupuesto, mientras disminuyeron los fondos para programas sociales, en áreas como educación, salud y alimentación.
Tunnermann observó a IPS que la crisis arreció la semana pasada cuando la oposición derechista en la unicameral Asamblea legislativa propuso una amnistía a favor de los funcionarios acusados de corrupción desde 1990.
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El parlamento debate ya el proyecto de ley de amnistía, cuya aprobación o rechazo dependerá de que una de las dos facciones consiga 47 de los 92 votos legislativos. El gobierno cuenta con 38 diputados propios y otros nueve que lo respaldan.
La iniciativa responde a diputados afines al ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2001), luego que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), activara desde el Poder Judicial varios procesos pendientes contra el máximo dirigente del Partido Liberal Constitucionalista.
La proyectada amnistía fue rechazada por las organizaciones de la sociedad civil, grupos religiosos y sectores empresariales, que han respaldado los juicios contra los saqueadores del erario del considerado segundo país más pobre de América, después de Haití.
El gobierno inició una intensa campaña en los medios contra los autores de la propuesta y los posibles beneficiarios de la amnistía: los ex funcionarios de derecha que gobernaron desde 1990, cuando el FSLN perdió el poder tras 10 años de guerra contra milicias financiadas por Estados Unidos en la década los ochenta.
La administración actual acusa a los gobiernos que tuvo el país entre 1990 y 2007 cuando en enero Ortega retornó al poder, tras haber gobernado el país entre 1985 y 1990- de haber despilfarrado o robado más de 1.000 millones de dólares, provenientes de la cooperación internacional.
En Nicaragua, 48 por ciento de sus 6,6 millones de habitantes vive con menos de dos dólares al día y 17 por ciento sobrevive en situación de pobreza extrema, con menos de un dólar diario para satisfacer sus necesidades.
La nación sufrió dos guerras civiles consecutivas entre 1978 y 1990, luego de vivir bajo la dictadura militar de la familia Somoza que gobernó el país entre 1934 y 1979.
También se sumaron varios desastres naturales que marcaron el país entre el terremoto que en 1972 destruyó Managua y 2007, junto con una sistemática corrupción pública desde 1979, para provocar que la pobreza se haya profundizado y que Nicaragua dependa de la cooperación externa para sobrevivir.
Alberto Novoa, ex Procurador General de la República (2002-2006) y quien llevó a juicio a más de 40 funcionarios del gobierno de Alemán, calificó la propuesta de una amnistía como "una aberración jurídica" y "un horrible ejemplo internacional de la justicia nicaragüense".
Según el ex jefe de la institución que actúa como acusador público y defensor de la legalidad, las evidencias legales de los casos de corrupción contra el ex presidente Alemán fueron tan contundentes que la justicia lo condenó a 20 años de cárcel en 2003.
La sentencia llevó a la Organización de Estados Americanos, a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales vinculadas a la justicia, a poner a Nicaragua como modelo de la lucha contra la corrupción y a aprobar fondos especiales para impulsar su desarrollo.
Pero el ejemplo duró poco. Alemán quedó libre de sus condenas luego que magistrados afines de la Corte Suprema de Justicia decidieran a su favor en marzo de 2009.
Este mes, el FSLN activó dos causas contra Alemán, que permanecían pendientes en tribunales de primera instancia de Managua.
El Partido Liberal consideró la medida como una presión del presidente Ortega para imponer la reelección en sus cargos de al menos 25 funcionarios públicos, cuyos mandatos se vencen este año o ya se vencieron el año pasado.
Los nuevos nombramientos no han podido ser consensuados en el parlamento porque está virtualmente paralizado por la lucha política entre las bancadas oficialista y opositora, que rechaza propuestas económicas, políticas y sociales de Ortega.
Además, la oposición acusa a la administración sandinista de utilizar de manera discrecional los millonarios fondos de la cooperación venezolana, estimados oficialmente en cerca de 500 millones de dólares anuales.
También señala a Ortega de corrupción política por las denuncias de fraude en 2008, de reprimir las manifestaciones de la sociedad civil, y de atacar a los medios de comunicación y a los países donantes adversos a sus prácticas de gobierno.
Los adversarios del presidente lo critican adicionalmente por promover su reelección en 2011 de forma ilegal y socavar con ello la democracia nicaragüense.
El sociólogo Cirilo Otero consideró que las acusaciones contra Ortega tienen bases reales y se enmarcan en el deterioro que a su juicio afecta a la democracia de otros países asociados en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que ha promovido el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Nicaragua es el único país centroamericano que queda en el ALBA, tras el retiro de Honduras luego del golpe cívico militar contra Manuel Zelaya que lo desalojo de la presidencia el 28 de junio, y el rechazo a sumarse a la iniciativa del izquierdista presidente de El Salvador, Mauricio Funes, tras llegar al poder hace siete meses.
Los otros miembros de la alianza son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, San Vicente y Granadinas y la propia Venezuela.
"Hay señales y pruebas reales de que la administración del presidente Ortega está deteriorando aceleradamente la democracia del país, basado en el poder económico que le da el dinero venezolano", observó el sociólogo a IPS.
"Ortega ha agredido a los medios, atacado a organismos no gubernamentales, ofendido a los grupos religiosos, ha ordenado represión física y judicial contra los opositores y ha usado el dinero de la cooperación para sus cosas personales sin rendirle cuentas a nadie", denunció.
Para Otero, la campaña de la oposición a favor de una amnistía y la respuesta del gobierno no ayudan a solucionar los principales problemas de la población, como falta de empleos, inseguridad alimentaria y carencia de políticas públicas de desarrollo social.
Irving Dávila, coordinador de Mesa de Gobernabilidad de la no gubernamental Coordinadora Civil, dijo que las acciones de uno y otro bando político están desgastando el bajísimo nivel de vida de la sociedad y amenazan con generar un estallido social por falta de atención del gobierno a los problemas de la gente.
Dávila recordó a IPS que el año pasado la economía del país decreció en dos por ciento, por la combinación de la crisis financiera mundial y el conflicto político interno. Adelantó que este año la situación podría ser similar, porque no hay perspectivas de mejoría en la situación política y en el cuadro financiero.
"Nos estamos estancando, mientras Centroamérica avanza en la solución de sus problemas y mejora sus economías, aquí la corrupción y las luchas políticas nos hunden cada vez más en la miseria", expresó.
Según los cálculos de su organización, más de 300.000 nicaragüenses se sumaron a la pobreza en 2009, al perder sus empleos y empeorar la situación financiera. Este año pronostica que la cifra podría repetirse, si la toma de decisiones sigue trabada por la batalla entre el gobierno y la oposición.
