La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el proyecto de referendo para habilitar la reelección del presidente Álvaro Uribe.
La ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto fue apoyada por siete magistrados, mientras dos se manifestaron en contra. Se puso fin así a los intentos de que Uribe aspirara por tercera vez consecutiva a la primera magistratura en las elecciones del 30 de mayo.
"La Corte resuelve declarar inexequible por su inconstitucionalidad en su totalidad la ley 1.354 de 2009, por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional al pueblo colombiano", afirma el dictamen.
El fallo fue anunciado ante los medios de comunicación por el presidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, quien ocupara la Secretaría Jurídica de la Presidencia del gobierno de Uribe.
González aseguró que era intención de la Corte "contribuir con la consolidación de una cultura constitucional", y agradeció el respeto de la sociedad en general a la independencia de la corporación.
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El dictamen enumeró una serie de vicios de inconstitucionalidad en materia de procedimientos, de competencias y de fondo.
Uno de esos vicios de procedimiento fue la campaña de recolección de firmas para respaldar la iniciativa, que gastó seis veces más de lo permitido y recibió aportes por una suma 30 veces superior a la legal.
"Es la decisión más trascendental de todas las que ha tomado la Corte Constitucional desde su creación en 1991", dijo a IPS el abogado Armando Novoa, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la carta magna.
Otros vicios mencionados por la Corte fueron las sesiones extraordinarias convocadas por el Congreso legislativo en diciembre de 2008 para tratar el proyecto de referendo, la aprobación de textos distintos en los debates de cada cámara y el procedimiento para unificarlos.
Pero, sobre todo, la Corte sostuvo que la iniciativa atacaba los "ejes estructurales" de la Constitución de 1991, violando preceptos como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la alternancia democrática y el principio de igualdad democrática. Esos son vicios de fondo.
La discusión se realizó en siete sesiones plenarias durante dos semanas. La decisión puso fin a una de las mayores encrucijadas de la política colombiana, aseguran los analistas políticos.
La recolección de firmas para presentar el intento reeleccionista como una iniciativa popular se inició en octubre de 2007, a cargo del ex parlamentario oficialista y entonces presidente del Partido de La U, Luis Guillermo Giraldo.
Por entonces había estallado el escándalo por las prebendas que el gobierno habría entregado a parlamentarios para que votaran a favor de la reforma constitucional que habilitó la primera reelección de Uribe (2006-2010), quien gobierna desde agosto de 2002.
Giraldo creó la Fundación Colombia Primero, apoyada por empresarios y políticos que ahora son investigados por prevaricato.
La oposición, ejercida por representantes del tradicional Partido Liberal y el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció que algunos miembros de Colombia Primero tenían contratos vigentes con el Estado.
La fundación recolectó cinco millones de firmas. Se denunció entonces que una buena parte de los fondos para esa campaña habían sido donados por David Murcia Guzmán, principal accionista de la empresa financiera DMG, extraditado el mes pasado a Estados Unidos por lavado de dinero.
A la suma de denuncias siguió el debate en la Cámara de Representantes, que aprobó el texto del referendo en una sesión extraordinaria citada después de la medianoche del 18 de diciembre de 2008.
Pero las sesiones extraordinarias sólo pueden ser convocadas durante recesos parlamentarios y mediante publicación en el Diario Oficial, explicó el representante liberal Carlos Piedrahita.
El representante Germán Navas, del PDA, denunció por prevaricato a 86 parlamentarios que aprobaron el proyecto de referendo. Esa "demanda ahora duerme el sueño de los justos en algún despacho de la Fiscalía General de la Nación", dijo Navas a IPS.
La decisión de la Corte "confirma que siempre he estado en lo cierto sobre el referendo reeleccionista", agregó.
En mayo de 2009, correspondió debatir el proyecto al Senado, que aprobó un texto habilitando la reelección consecutiva. La diferencia entre los textos votados en las dos cámaras fue armonizada por una comisión conciliadora, lo que se convirtió en otro vicio de inconstitucionalidad señalado ahora por la Corte.
En el centro de la ciudad, en la plaza de Bolívar, cientos de personas festejaron el dictamen.
En su primera reacción, Uribe dijo que "la participación de los ciudadanos no puede ser contraria a la Constitución".
"El Estado de opinión es una expresión del Estado de derecho, por lo tanto debe respetar la Ley y la Constitución", agregó.
