El asesinato del activista Mariano Abarca y otros escándalos relacionados con el accionar en territorio mexicano de firmas mineras de Canadá han abierto la puerta en ese país a la instauración de mayores controles, en especial ante la expansión de esos capitales también en otros países de América Latina.
El parlamento canadiense tiene a estudio el proyecto de ley C-300, que estipula varias políticas para supervisar la operación en cualquier lugar del mundo de las empresas extractivas originarias del país.
El gobierno de ese país puso en funciones en enero una página en Internet, que ofrece asesoría e información para que las compañías mineras adopten prácticas éticas.
Por otra parte, a fines de ese mismo mes la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el gobierno violó en 2006 la legislación vigente al autorizar el proyecto de la mina Red Chris de manera fragmentada y falló también que las grandes obras mineras están obligadas a tener una evaluación de impacto ambiental integral y con participación pública.
Red Chris, propiedad de la empresa Metales Imperiales, es una explotación de oro y cobre a cielo abierto en la occidental provincia de Columbia Británica.
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"Hemos ido de una posición de ignorancia del fenómeno de las mineras a una situación en la cual los partidos están bien informados del asunto y están trabajando para aprobar la ley", dijo a IPS Daviken Studnicki-Gizbert, profesor del Departamento de Historia en la canadiense Universidad McGill y quien ha investigado los efectos ambientales de las mineras en México.
"Hay una toma de conciencia sobre el tema", apuntó.
El Comité sobre Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá ya examinó la propuesta C-300. Además, los partidos Liberal, Nuevo Demócrata y Conservador, los tres mayoritarios, tienen proyectos similares, por lo cual es inminente la aprobación de un marco normativo que regule la operación foránea de las mineras.
La iniciativa C-300 establece la adopción de estándares internacionales en derechos humanos, laborales y ambientales, incluye un mecanismo que permitirá a los canadienses y a las comunidades afectadas demandar a corporaciones que violen esos lineamientos y sanciones políticas y financieras para las compañías que sean declaradas culpables de tales quebrantos.
"Lo que ocurre en Canadá podría complementar lo que no se ha hecho acá, es un ejemplo de lo que se debiera hacer en México, en cuanto a las leyes en sí y en la obligación de transparencia de las firmas para que sean más auditables. Hay una gran agenda pendiente", declaró a IPS Agustín Bravo, abogado del no gubernamental Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El CEMDA ha trabajado de cerca con los opositores al proyecto de explotación aurífera "Paredones Amarillos" de la estadounidense Vista Gold, del cual la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales le denegó la autorización para el cambio de uso de superficie de forestal a minero.
Vista Gold pretende sacar oro durante 10 años en una zona aledaña a la biosfera de la Sierra de La Laguna, en el noroccidental estado de Baja California Sur, a unos 4.000 kilómetros de la capital mexicana.
CONFLICTOS QUE MATAN
En noviembre de 2009 fue asesinado Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y quien se opuso duramente a la operación de la firma minera canadiense Blackfire Exploration en el sureño estado mexicano de Chiapas.
El suelo chiapaneco es rico en materiales minerales, un filón para las grandes empresas transnacionales, especialmente las canadienses.
La muerte de Abarca generó un escándalo dentro y fuera de este país, al grado de empañar la visita en diciembre de la gobernadora general de Canadá, Michaëlle Jean.
En México hay al menos 578 proyectos mineros ejecutados por corporaciones canadienses, pero sólo 13 de ellos han generado conflictos abiertos en años recientes, aunque su impacto ha dañado a toda la industria, según datos del Grupo de McGill para la Investigación de la Minería Canadiense en América Latina (Micla, por sus siglas inglesas).
"Aun así, sólo medidas diseñadas para presionar a las compañías mineras las obligarán a cumplir con estándares éticos", escribieron Studnicki-Gizbert, coordinador del Micla, y Christine Fréchette, académica de la Universidad de Montreal, en un artículo publicado en el boletín de febrero de la independiente Fundación Canadiense para las Américas.
El Micla ha identificado al menos 100 casos de comunidades en conflicto con mineras canadienses en América Latina.
"El asesinato de Abarca llegó en el mismo momento en que el tema surgía en los medios canadienses, el debate del proyecto en el Comité coincidió con el asesinato", señaló Studnicki-Gizbert, quien efectúa una investigación sobre la minería en Panamá.
Otro caso que puede ayudar a fortalecer la rendición de cuentas de las empresas mineras es la demanda entablada ante la Corte Superior de Justicia de Ontario por los ecuatorianos Marcia Ramírez y los hermanos Polibio e Israel Pérez en contra de la compañía Copper Mesa Mining, dos de sus directivos y la Bolsa de Valores de Toronto.
El juicio por 1.000 millones de dólares, iniciado en marzo de 2009, gira en torno a las tácticas agresivas e intimidatorias empleadas por la minera para poner en marcha una explotación de cobre y molibdeno en la localidad de Intag, en la comunidad de Junín, en el occidente de Ecuador.
Mediante sus actos y omisiones, los ejecutivos de Copper Mesa Mining ocasionaron o contribuyeron materialmente a los ataques contra de los tres acusadores por parte de empleados de confianza y agentes empresariales, según el argumento de la parte acusadora.
La Bolsa de Valores de Toronto ayudó a la empresa a recaudar 25 millones de dólares, una parte de los cuales fueron usados en el proyecto en Ecuador.
Polibio Pérez es presidente del Consejo de Desarrollo Comunitario en Junín, Ramírez encabeza los grupos comunitarios Asociación EcoJunín y Defensoras de la Vida e Israel Pérez es un residente de la zona.
El 2 de diciembre de 2006, un grupo de hombres armados de la firma minera se enfrentaron con miembros de Junín. Ramírez recibió un baño de spray de pimienta e Israel Pérez quedó herido. Su hermano Polibio recibió amenazas de muerte de parte de personal de la mina.
Además, fue atacado el 31 de julio de 2007 por un grupo conectado con Copper Mesa, según se afirma en la querella.
"Hay que hacer algo ahora mismo, porque la magnitud del fenómeno lo estamos notando apenas. Hay 400 proyectos que están por llegar", refirió Studnicki-Gizbert.
En 2007 el gobierno canadiense creó una mesa de discusión con representantes del sector minero, activistas y académicos para abordar la ausencia de supervisión sobre la industria.
Una de sus recomendaciones fue la creación de un mecanismo que permitiera a un consejero independiente investigar las denuncias en contra de las mineras, pero sólo si la empresa señalada aceptara tal pesquisa.
Pero esa consejera, nombrada en octubre, resultó ser Marketa Evans, directora fundadora del Centro Munk de la Universidad de Toronto, llamado así por Peter Munk, fundador de Barrick Gold, la firma minera acusada de contaminación en Perú y Chile.
"Persiste un esquema de evaluación demasiado laxo, en comparación con otras actividades como la inmobiliaria turística y la industrial. Mientras haya ese boom minero se requiere de un pleno cumplimiento legal", aseveró Bravo.
Los comités de Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y para la Eliminación de la Discriminación Racial han recomendado a Canadá "tomar medidas para prevenir abusos en el extranjero de parte de una corporación, dentro de su jurisdicción", y hacerla rendir cuentas.
