La nueva ley de ciudadanía que propone el gobierno de Grecia recibió elogios y críticas de organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes y refugiados en este país europeo.
El Ministerio del Interior del gobierno del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), recientemente elegido, tiene pronto el proyecto de ley que permitirá a los inmigrantes solicitar la ciudadanía siempre que hayan cumplido un mínimo de cinco años de residencia.
Entre otros requisitos para acceder a la ciudadanía se exige la ausencia de antecedentes penales, cartas de referencia de ciudadanos griegos y la aprobación de exámenes de idioma, historia y política. Los inmigrantes de segunda generación y los menores de edad que tengan seis años de escolaridad en Grecia también podrán solicitarla.
Los extranjeros que lleguen al país luego de que la ley entre en vigor tendrán que cumplir siete años de residencia legal antes de presentar su solicitud lo que, teniendo en cuenta los trámites necesarios, podría extender el período para adquirir la ciudadanía a más de una década.
Aquellos extranjeros que obtengan la ciudadanía también tendrán el derecho, por primera vez en la historia de Grecia, de participar en elecciones municipales. La declaración ministerial indignó a organizaciones de extrema derecha, como el partido nacionalista Alarma Popular Ortodoxa, que exige un referéndum sobre lo que describió como un error que afectará el carácter nacional del electorado.
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La Constitución griega no prevé la posibilidad de realizar un referéndum para modificar las leyes sobre ciudadanía y derechos políticos.
Más que nada, se espera que la nueva ley atienda la situación de injusticia que viven los inmigrantes de segunda generación.
Hasta la fecha, los hijos de inmigrantes, nacidos o presentes en el país desde muy temprana edad, se regían por una ley de ciudadanía relativamente hostil, con acceso limitado a la misma. Esos hijos, al cumplir los 18 años, tuvieron que vivir bajo disposiciones que regulan la residencia de extranjeros y sin los derechos debidos a los ciudadanos.
La nueva ley no es para nada perfecta. Sólo ayudará a algunos de los más de 200.000 inmigrantes de segunda generación que se calcula viven en Grecia, dijo a IPS la abogada Aggeliki Serafim.
Serafim, perteneciente al Grupo de Abogados por los Derechos de Refugiados e Inmigrantes, dijo que el problema es que la ley "vincula a los hijos a la situación jurídica de sus padres sin incluir una norma que evalúe los motivos por los cuales los progenitores son considerados irregulares".
"Además de todo eso, es bien sabido que desde 2008 hemos experimentado una fuerte oleada de gente que, por diversos motivos administrativos y jurídicos, son empujados a una situación irregular", afirmó Serafim.
"Si no toma en consideración la situación y la suerte de los miles de irregulares en Grecia, esta legislación será una ley selectiva que atenderá a algunos mientras, me temo, excluirá a muchos más", agregó la abogada.
La oficina local de Amnistía Internacional también manifestó sus reparos a la intención del gobierno de crear un organismo propio para investigar y reportar los abusos y las violaciones de derechos humanos que cometen las autoridades uniformadas.
Amnistía reiteró su inquietud en enero en una declaración pública sobre la "la incapacidad de las autoridades para garantizar que los policías respeten y protejan los derechos humanos" y advirtió que el nuevo organismo, como está previsto, no tendrá la autoridad necesaria para realizar investigaciones independientes.
La policía y la guardia costera han sido denunciadas numerosas veces por sus graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años. En ese período, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia reclamaron la creación de un cuerpo investigador al respecto.
El gobierno también invitará a actores de la sociedad civil a una discusión en profundidad sobre la reorganización del sistema de asilo y el reemplazo de los notorios centros de detención por nuevas instalaciones de chequeo y registro.
El sistema de asilo colapsó en 2009 cuando el gobierno anterior, dirigido por el partido de derecha Nueva Democracia, aplicó una política xenófoba que restringió totalmente el acceso al asilo, rechazando incluso a personas en grave necesidad de protección internacional.
"En consecuencia tenemos una acumulación de 90.000 solicitudes (de asilo) que deberán evaluarse mientras avanzamos al nuevo sistema. La situación anterior ayudó a las personas en el poder a comprender la real naturaleza del problema y a aceptar una estrategia más pragmática esta vez", dijo a IPS Afroditi Al Saleh, asesora especial del Ministerio del Interior. "El nuevo sistema facilitará el acceso al asilo de aquellos con necesidades reales, y reducirá el uso abusivo del mismo", agregó.
"La meta es que para mayo tengamos preparada una estructura totalmente nueva con personal civil especializado en departamentos distribuidos por todo el país que realicen las entrevistas y los trámites administrativos relativos al asilo", explicó la asesora Al Saleh.
El nuevo sistema de asilo desempeñará un papel central en impulsar la gestión de las fronteras en el mar Egeo, por donde la mayoría de los extranjeros indocumentados ingresaron a la Comunidad Europea en los últimos años. Esto ya se está llevando a cabo por FRONTEX, el organismo europeo creado para coordinar la gestión operativa en las fronteras de la Unión Europea.
"El apoyo que se le proporciona a las autoridades griegas se concentra en la capacidad de vigilancia, la identificación de los inmigrantes que cruzan la frontera de manera ilegal y la asistencia en la obtención de documentos de viaje para las personas que deberán repatriarse", indicó el portavoz de FRONTEX, Michal Parzyszek.
En los hechos, la operación está integrando la gestión de las fronteras griegas al Sistema Europeo de Vigilancia de las Fronteras previsto por el Programa de Estocolmo un texto clave sobre libertad y seguridad que la UE apoyó a fines de 2009 como un mecanismo supervisado por FRONTEX y reforzado por nuevas tecnologías de vigilancia y métodos mejorados para determinar la nacionalidad y la deportación de personas de terceros países.
Más allá de su puesta en práctica, el espíritu de Estocolmo respalda la cooperación entre los servicios de inteligencia y un mecanismo coordinador entre los estados miembros "al servicio de una política de fronteras cerradas", dijo Natassa Straxini, activista de derechos humanos y reconocida defensora de las personas que buscan asilo.
"En el futuro la política de inmigración europea se basará en el hecho de que aceptamos a todo aquél que no podamos expulsar jurídicamente mientras nadie más tendrá la posibilidad de entrar y quedarse", sostuvo.
"Los inmigrantes por motivos económicos y los refugiados del medio ambiente tendrán cada vez más dificultades para realizar el viaje a Occidente, sin importar los motivos que los obliguen a hacerlo", sostuvo la activista.
