Antes de cumplirse el primer mes en la Presidencia de Honduras, Porfirio Lobo debe lidiar con movilizaciones, denuncias de violaciones a los derechos humanos y críticas a la Comisión de la Verdad que conformó para investigar el golpe cívico-militar de junio contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya.
El Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh) y el Frente Nacional de la Resistencia contra el Golpe de Estado, ahora denominado Frente de Resistencia Popular, salieron este jueves a las calles para exigir la instalación de una Asamblea Constituyente, demandar el pago de salarios atrasados a los maestros y protestar por el alto costo de la vida, la pobreza y la ola de inseguridad.
La convocatoria del Copemh, uno de los cinco entes gremiales del país, fue parcial y el ministro de Educación, Alejandro Ventura, calificó de "irresponsable" la acción al recordar que hace dos semanas se firmó un acuerdo con los maestros para proceder al pago de salarios y otros beneficios adeudados.
"Son cerca 1,500 millones de lempiras (unos 78 millones de dólares) lo que se les cancelará a partir de este mes. Incluso los primeros desembolsos se comenzaron a efectuar este lunes y, a cambio, ellos se comprometieron a respetar los 200 días de clases, por lo que nos sorprende que no respeten este compromiso firmado por las partes", dijo Ventura, ex dirigente del magisterio.
La marcha, a la que asistieron miles de personas, condenó, además, el asesinato el miércoles de la joven Claudia Brizuela, hija del dirigente izquierdista y fundador del desaparecido Partido Comunista de Honduras, Pedro Brizuela, integrante del Frente de Resistencia Popular en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
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Brizuela, de 36 años, fue asesinada en su domicilio por desconocidos que le dispararon a mansalva. Según su padre, su muerte "es un claro mensaje intimidatorio hacia mi familia y para la Resistencia Popular".
"Vivimos en un Estado policíaco que vigila y persigue a quienes integramos la resistencia contra el golpe de Estado, y la muerte de mi hija sólo puede interpretarse en ese sentido", dijo Brizuela a medios locales.
Según el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las violaciones a los derechos humanos continúan en este gobierno de Lobo, pese a su promesa de respeto irrestricto a esas garantías.
Mery Agurcia, del Cofadeh, dijo a IPS que el crimen de la activista se suma a otros hechos similares "propios de los patrones de selectividad utilizados para asesinar a miembros simpatizantes de la resistencia popular".
"Estamos viendo dos tipos de asesinatos, unos con disparos, con actuaciones típicas de elementos de seguridad del Estado, y otros que aparentan no tener ningún tipo de arma, que son más preocupantes, y sobre los cuales no podemos identificar o vincular a los responsables", agregó Agurcia.
Según la sindicalista, desde que asumió el flamante gobierno, el 27 de enero, ha habido al menos 53 detenciones ilegales y se cometieron dos agresiones sexuales, tres asesinatos, ocho casos de tortura, 14 allanamientos y el levantamiento del perfil, por parte de la policía, de 23 barrios capitalinos simpatizantes del Frente de Resistencia Popular.
Esos hechos, sostuvo, "nos preocupan sobremanera", pero aclaró que algunas de las violaciones registradas pueden caer dentro de las acciones típicas de la ola de inseguridad que vive el país, que registra un promedio diario de 10 asesinatos desde hace un año, según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Datos proporcionados por el Cofadeh indican que desde que el derrocamiento de Zelaya al menos 150 personas han salido del país en calidad de asilados políticos rumbo a Canadá y España, mientras que otros han optado por cambiar de ciudad o de domicilio.
El gobierno de Lobo pretende instalar, a partir de marzo, una Comisión de la Verdad, que investigue los hechos que ocurrieron antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio, pero la misma ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos e integrantes del Frente de Resistencia Popular.
Para lo primeros, la Comisión debe investigar a fondo las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas en los últimos ocho meses y no centrarse sólo en las acusaciones políticas y jurídicas contra Zelaya.
En tanto, los integrantes del Frente de Resistencia Popular consideran que este organismo es "solo un maquillaje para limpiar la cara al golpe de Estado", de acuerdo a un comunicado emitido el fin de semana.
La Comisión de la Verdad "no podrá hacer mucho para esclarecer lo ocurrido aquí durante el golpe de Estado, por eso nosotros insistimos en que lo mejor para reconciliar a Honduras es promover una Asamblea Constituyente que nos permita refundar el Estado", dijo a IPS uno de los líderes de la resistencia, Rafael Alegría.
Debido a los cuestionamientos expresados por sectores a favor y en contra del golpe, la instancia promovida por Lobo, prevista inicialmente para instalarse este jueves, entrará en vigencia a mediados de marzo. El gobierno ha optado por entablar un diálogo previo con los involucrados para definir su metodología y ámbito de acción.
La Comisión es fruto de la presión de la comunidad internacional que pide a Lobo "esfuerzos adicionales" para lograr la reconciliación nacional, la cual, de acuerdo a analistas, estaría vinculada a reformas constitucionales que abran la participación ciudadana.
La coordinación de este esfuerzo, que ha sido descalificado por las partes en pugna, ha recaído en el ex vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein. Por el lado hondureño se han integrado la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, y el jurista Jorge Omar Casco. Se espera que se sumen a la misma dos expertos internacionales de Perú o Canadá, según anunció el gobierno.
Un informe de prospectiva de escenarios políticos, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, presentado a un reducido grupo de analistas y al que tuvo acceso IPS, sostiene que, si bien el presidente Lobo tiene 70 por ciento de aceptación entre los hondureños, el país sigue dividido en cuanto al golpe de Estado.
Los escenarios de conflictividad social pueden recobrar fuerza sino se toman medidas paliativas en lo económico y reformas sociales en materia de gobernabilidad, asegura.
De momento, Lobo se ha centrado en gestionar su reinserción y aceptación en la comunidad internacional, pero ha dejado de lado el patio interno donde la presión social comienza a aflorar.
