El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, alista la conformación de una Comisión de la Verdad, encargada de investigar los sucesos que originaron el golpe de Estado cívico-militar que derrocó a Manuel Zelaya.
El ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein (2004-2008) está encargado del trabajo técnico para establecer la Comisión, que esclarecerá qué hubo detrás del golpe de Estado que sumió a esta nación centroamericana en su peor crisis política de las últimas dos décadas.
Stein precisó que la Comisión será autónoma e independiente y buscará la verdad de los hechos, pero "no será un ente persecutorio ni inquisidor; lo que se busca es el camino a la reconciliación con verdad y justicia".
El político guatemalteco está en Honduras desde la primera semana de febrero para definir con Lobo y un equipo técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los objetivos y metodología que tendrá la Comisión de la Verdad.
Adelantó que ésta deberá estar integrada por personas que gocen de credibilidad, compromiso y, "en la medida de lo posible, ligados al mundo académico para que ayuden a comprender mejor lo sucedido".
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La asistencia de la OEA es encabezada por el boliviano Víctor Rico, con rango de embajador, y quien despejó dudas sobre la participación del foro continental en la Comisión, resistida por los grupos vinculados al golpe.
"Seremos un apoyo técnico, como lo establecen los compromisos suscritos" en el Acuerdo Tegucigalpa/San José de fines de 2009, precisó el asesor político de la secretaría general de la OEA.
La propuesta sobre la integración y forma de operar de la Comisión será anunciada la próxima semana, y se contempla que su trabajo dure entre seis meses y dos años, según Stein.
El Acuerdo Tegucigalpa/San José fue una de las primeras exigencias de la comunidad internacional para que Honduras salga del aislamiento en que se encuentra a raíz del golpe de Estado del 28 de junio contra Zelaya.
Ese acuerdo consta de 12 puntos, pero su cumplimiento tuvo su primer fracaso al no concretarse el retorno de Zelaya a la Presidencia, como paso previo a la juramentación de Lobo como jefe de Estado, el 27 de enero. Ese mismo día, el ex mandatario salió del país hacia República Dominicana con un salvoconducto.
Zelaya estuvo refugiado cuatro meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, tras un sorpresivo ingreso que burló la vigilancia policial y militar del país. El 28 de junio había sido capturado en la madrugada en su propia casa y expulsado por los militares a Costa Rica.
Lobo, del derechista Partido Nacional, pregona un giro hacia lo que define como un centro humanista y asegura que "honrará" el compromiso Tegucigalpa/San José.
Ese acuerdo contempla, además de la Comisión de la Verdad, la conformación de un gabinete que incluya a los cinco partidos políticos representados en el parlamento, lo que ya fue cumplido.
Lobo ha asegurado que "esta Comisión de la Verdad es necesaria para que se esclarezca todo, que la comunidad internacional entienda bien qué pasó y que Honduras sirva de ejemplo para que hechos como los sucedidos no se repitan nunca más".
Para algunos analistas, el mandatario se juega su gobernabilidad entre las posiciones de los golpistas y los antigolpistas, contrarios a la Comisión por motivos opuestos. Pero al mismo tiempo la necesita para ser aceptado en la comunidad internacional y para caminar hacia la reconciliación interna.
"Esperamos que (el informe de la Comisión) nos lleve a unir este pueblo y a reconciliarnos también con la comunidad internacional para que la ayuda para el desarrollo fluya", señaló el presidente.
Las gestiones para instalar la Comisión fueron el punto de partida para que las delegaciones diplomáticas de Francia, España y otros 15 países hayan comenzado a reactivar sus operaciones en este país.
Pero la creación de la Comisión empezó a desatar resquemores entre las facciones golpistas, grupos humanitarios y el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe, por lo que la iniciativa, lejos de zanjar diferencias o sanar heridas, puede convertirse en un mecanismo de mayor división y polarización.
Reina Rivera, del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh), dijo a IPS que "vemos con cierta reserva esa Comisión porque no están muy claros sus propósitos y no vemos el componente de verdad y justicia en derechos humanos incorporado hasta ahora".
De momento, dijo, "las organizaciones de derechos humanos no estamos presionando porque se conforme esa Comisión de la Verdad porque no vemos muy claros sus propósitos".
"Pareciera que entre las partes que hemos estado en el conflicto, no nos gusta cómo está surgiendo esta Comisión, nosotros registramos hasta ahora 230 procesos judiciales en contra del movimiento popular y social, en contraste con los siete juicios en contra los violadores de los derechos humanos", comentó Rivera.
"Una Comisión de la Verdad debe registrar esos casos de inequidad en la justicia", dijo LA activista de Ciprodeh.
Para Rivera, la conformación de la Comisión debe ser participativa y estar integrada por figuras de reconocida credibilidad e imparcialidad, que recomiende mecanismos para que Honduras "vuelva a la senda de la institucionalidad que fue abandonada el 28 de junio".
"Abrámonos a la voluntad de políticas en diversos temas, me parece bien, pero pido voluntad política en materia de derechos humanos también", dijo.
En tanto, el movimiento Unión Cívica Democrática (UCD), favorable al golpe, dijo en un comunicado que la Comisión no debe estar integrada por personal de la OEA.
"Rechazamos toda intervención en este proceso porque fueron parte interesada en el conflicto, dañando a Honduras y por ende no gozan de imparcialidad", sostuvo la UCD.
Por su parte, el Frente Nacional de Resistencia Popular, simpatizante de Zelaya, rechazó asimismo a la Comisión "porque no tiene sentido, ya los golpistas se aprobaron una amnistía". "Lo que buscan ahora es lavar el golpe, ¿de qué verdad nos hablan?", planteó su dirigente Juan Barahona.
Lobo logró la aprobación en el Congreso legislativo —donde cuenta con 71 de los 128 escaños— de un polémico decreto de amnistía política general, que excluyó crímenes de lesa humanidad pero posibilitó la impunidad de los delitos de corrupción cometidos en el periodo de Zelaya y el del golpista Roberto Micheletti.
La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, María Antonieta de Bográn, indicó que la instauración de la Comisión responde "a un compromiso suscrito" por los representantes de Zelaya y Micheletti. "Ellos lo firmaron y el presidente Lobo lo que está haciendo es honrando esos compromisos", explicó.
El sociólogo Eugenio Sosa dijo a IPS que las posturas radicales en torno a la Comisión de la Verdad sólo reflejan que el presidente Lobo "tiene grandes desafíos políticos y uno de ellos está en cómo moverse entre posiciones radicales de los sectores populares y de la misma derecha".
"Lobo no solo enfrenta a sus partidarios y grupos económicos, sino que también a grupos de la misma sociedad civil, como la UCD que parece que ya le quiere dar golpe", explicó. Pero, a su juicio, el presidente "está leyendo estos desafíos y está queriéndoles salir adelante, habrá que ver cómo sale".
Para la analista política Isolda Arita, los resquemores indican "un fraccionamiento del tejido social que no será fácil recuperar".
"Lobo no solo hereda un país destrozado económicamente sino un pueblo dividido y con bajos niveles de confianza, esperemos que los resultados de esa Comisión contribuyan a resarcir las heridas y a no profundizarlas", dijo Arita a IPS.
