La captura del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo desató un debate sobre si al inculpado por lavado de dinero y fraude se lo debe procesar en este país o extraditar a Estados Unidos, una discusión que en la sociedad tiene un punto de equilibrio: la sed de justicia.
"Primero debe ser juzgado en Guatemala porque así lo dice el tratado de extradición bilateral firmado entre Guatemala y Estados Unidos en 1903", dijo a IPS el abogado penalista Fernando Linares.
El ex mandatario es enjuiciado en Guatemala por el delito de peculado, por el desvío de 14 millones de dólares provenientes de cuentas del Ministerio de la Defensa, y de otros recursos del gobierno de Taiwán, que habría cometido durante su Presidencia (2000-2004).
El artículo 445 del Código Penal guatemalteco establece de tres a 10 años de prisión para el delito de peculado, que tipifica la sustracción o el consentimiento de sustracción por un funcionario del Estado de bienes públicos.
Además, la justicia de Estados Unidos demandó en enero la extradición de Portillo "por conspiración para el lavado de decenas de millones de dólares a través de bancos estadounidenses y europeos", según la acusación formal en su contra.
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Los cargos fueron interpuestos por la Fiscalía de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Rentas Internas de ese país.
Con base en ese pedido, la justicia guatemalteca ordenó la detención de Portillo el 24 de enero y, tras allanar varias de sus viviendas, logró capturarlo dos días después.
El encargado de ese caso, el fiscal federal de Manhattan Preet Bharara, dijo que trabajará con las autoridades de esta nación centroamericana para que Portillo responda ante la justicia estadounidense por los delitos de los que se lo acusa.
Linares explicó que la única fórmula que facilitaría la extradición es que el propio Portillo renuncie al proceso legal que se le sigue en el país, a través de lo que se llama un procedimiento abreviado. Éste consiste en que el procesado se declara culpable y el juez impone una condena máxima de cinco años de cárcel.
"El juez suspende la pena de cárcel y entonces el ex mandatario puede someterse al tratado de extradición con Estados Unidos", explicó Linares.
Pero la defensa de Portillo considera que esa no es una opción viable.
"Cómo vamos a aceptar un procedimiento que implica que mi defendido renuncie a su inocencia en este país y que se lo lleven los gringos para juzgarlo allá", dijo el abogado defensor Telésforo Guerra.
Bien al contrario, la defensa del ex presidente considera que no puede ser juzgado en Estados Unidos.
Con base en el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código Bustamante, Guerra argumentó que los "Estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales".
El ex presidente, de 58 años, fue capturado con fines de extradición por agentes del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en un chalé de Punta de Palma, una playa ubicada en el nororiental departamento de Izabal, limítrofe con Belice, cuando se disponía a huir del país.
Su detención provocó un sinfín de reacciones en el plano nacional e internacional, dado que es la primera vez en la historia de este país centroamericano, con una impunidad que afecta a 98 por ciento de los delitos, que un ex presidente es encarcelado por pedido judicial externo.
Portillo es perseguido por la justicia nacional desde hace seis años. En enero de 2004, tras girarse una orden de captura en su contra, el ex presidente huyó a México, de donde la justicia logró su extradición el 7 de octubre de 2008.
Pero el ex mandatario quedó libre tras pagar una fianza cercana a los 120.000 dólares y, aunque el juicio en su contra continuó formalmente, el procesado se movía con libertad por el país y promovía su participación en las elecciones de 2012.
Alejandro Balsells, vicepresidente del no gubernamental Centro para la Defensa de la Constitución, dijo a IPS que ahora el ex presidente debe afrontar primero la justicia en Guatemala puesto que "hay un proceso legal pendiente y luego debe encaminarse a Estados Unidos" según el tratado de extradición.
"Lo único que tenemos que tener claro es que al juzgar, habrá diversas reacciones porque la justicia no es popular, es simplemente una cuestión de leyes. Además, en este país no hay credibilidad y el sistema se ha ido minando", aclaró el jurista.
La fiscala del caso en Guatemala, Eunice Mendizábal, consideró que la entrega del ex presidente a la justicia estadounidense depende de la aprobación del gobierno mexicano, en virtud del tratado de extradición que mantiene con Guatemala.
Portillo "no puede ser trasladado a los Estados Unidos si México no lo autoriza", señaló la fiscala en relación a dicho tratado que permitió entregar al prófugo Portillo a la justicia guatemalteca.
En todo caso, Guatemala no podrá entregar al ex presidente a Estados Unidos sin que antes lo juzguen los tribunales nacionales, según Mendizábal.
Más allá de argumentos legales, en la sociedad guatemalteca permanece la preocupación porque se desarticulen las redes criminales incrustadas en el Estado y se haga justicia.
El caso de Portillo se sigue con gran atención, porque lo que suceda con él sería una señal de si la impunidad comienza a tener freno en esta nación de 13 millones de habitantes.
"La captura de Portillo puede tener un significado para la justicia si se aclaran los hechos y se condena a los responsables. Y será más significativo aun si se desmantelan las redes criminales organizadas", dijo a IPS el analista político Álvaro Pop.
Justamente, la fiscalía de Manhattan concluyó en sus investigaciones que Portillo no actuó solo en su plan para desfalcar al Estado, sino en complicidad con militares retirados y ex colaboradores de su gobierno.
"Confío y creo que la justicia en Guatemala, muy a cuentagotas está avanzando, especialmente en los últimos 30 meses", dijo Pop, quien reconoció el trabajo de la Cicig y del Ministerio Público (acusador del Estado y garante de la legalidad).
Eleonora Muralles, del no gubernamental Movimiento Pro Justicia, dijo a IPS que la persecución penal de Portillo "es una esperanza para el inicio del rescate del sistema de justicia".
La activista hizo énfasis en la necesidad imperiosa de justicia, tanto en este como en miles de otros casos, aunque reconoció que "nos falta muchísimo porque hay problemas de corrupción en el sistema judicial y penitenciario".
