El gobierno de Sri Lanka rechazó acusaciones de que unas 11.000 personas que se habían entregado declarándose rebeldes tamiles justo antes de finalizar el sangriento conflicto interno están incomunicadas o corren riesgo de ser torturadas.
"Estas acusaciones no son ciertas. Las personas que se entregaron tienen acceso a familiares y nosotros trabajamos con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en su programa de rehabilitación y reintegración", dijo el mayor general Daya Ratnayake, comisionado a cargo de todos los presuntos rebeldes en proceso de rehabilitación.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, urgió el martes al gobierno de Sri Lanka a poner fin a la detención indefinida y arbitraria de más de 11.000 personas en "centros de rehabilitación" y a liberar a quienes no están siendo juzgados.
En un informe de 30 páginas titulado "Legal Limbo: The Uncertain Fate of Detained LTTE Suspects in Sri Lanka" ("Limbo legal: El destino incierto de los sospechosos de pertenecer al LTTE —Ejército para la Liberación de la Patria Tamil— detenidos en Sri Lanka"), HRW dijo que su investigación se basó en entrevistas con parientes de los detenidos, trabajadores humanitarios y defensores de los derechos humanos, entre otros.
El gobierno violó rutinariamente los derechos fundamentales de los detenidos, sostuvo.
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El LTTE, que peleó durante 26 años por la autonomía del norte y este de Sri Lanka, se declaró derrotado por las fuerzas regulares del gobierno el 17 de mayo de 2009.
El conflicto comenzó en 1983 tras una serie de ataques de la comunidad cingalesa, mayoritaria en este país, contra la tamil, predominante en esa zona.
"El gobierno viene manteniendo a 11.000 personas en un limbo legal durante meses", dijo a la prensa el director del capítulo asiático de HRW, Brad Adams.
"Es tiempo de identificar quién presenta una genuina amenaza a la seguridad y de liberar al resto", agregó.
El alegato de HRW fue respaldado por el parlamentario tamil Suresh Premachandran, quien dijo que ni siquiera agencias como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvieron permitida la visita a estos centros.
"Nadie sabe quién está en estos campamentos. Cuando nos reunimos en septiembre con el presidente Mahinda Rajapakse, él accedió a nuestro pedido de difundir los nombres de los detenidos en estos centros. Pero hasta ahora no ocurrió nada", dijo a IPS el legislador, cuyo partido representa los intereses de la comunidad tamil, minoritaria en el país.
Sarasi Wijeratne, portavoz del CICR, dijo que la entidad no tuvo acceso a estos campamentos desde julio de 2009. "En ese momento hicimos un registro de los reclusos. No hubo acceso desde julio", dijo a IPS.
Sin embargo, una organización local de derechos humanos dijo que el acceso a los detenidos mejoró en los últimos dos meses, debido a las elecciones presidenciales del 26 de enero.
"Hasta donde sabemos, los padres y demás familiares tuvieron acceso a estos campamentos en las últimas semanas, aunque hay mucha burocracia para lograr la aprobación. Creo que todo esto se debe a que el gobierno quiso ganar el voto tamil", dijo una portavoz del grupo, que pidió que su nombre y el de su organización se mantuvieran en el anonimato por temor a repercusiones.
Miles de integrantes del movimiento rebelde se entregaron a las autoridades justo cuando la guerra amainaba, en mayo de 2009.
Desde entonces, unos 11.000 ex combatientes o partidarios del LTTE se encuentran en lo que el gobierno llama "centros de rehabilitación", y el acceso a ellos ha sido limitado.
En una entrevista con IPS, Ratnayake dijo que su departamento se está centrando en rehabilitar a los ex rebeldes bajo un programa del gobierno que empezará luego de que las autoridades hayan identificado a los rebeldes que tienen que ser juzgados, quienes no han estado activos y necesitan rehabilitación y quienes tuvieron una participación marginal en las actividades insurgentes, que serán liberados.
"Este proceso está cerca de completarse, y el 9 de enero liberamos a 712 detenidos, mientras que unos pocos más que quedan bajo esta categoría serán liberados pronto", dijo, sin dar un marco temporal.
Sin embargo, la portavoz de la organización local de derechos humanos, que durante más de dos décadas brindó asistencia legal a prisioneros políticos, dijo que su entidad estaba revisando informes indicando que 200 de los liberados se encontraban ahora en un centro de detenciones del gobierno para sospechosos de integrar el movimiento rebelde en el sureño pueblo de Galle.
"La semana pasada, un hombre tamil de 60 años, que fue liberado del centro sureño, nos dijo que 200 de los liberados el 9 de enero en realidad fueron llevados al centro de Galle. Él nos urgió a ayudarlos. Estamos chequeando estos informes y planeamos enviar abogados a ese centro", dijo la portavoz.
El grupo de detenidos fue liberado por el propio Rajapakse en el centro norteño, semanas antes de las elecciones de enero, en un acontecimiento ampliamente publicitado, que los políticos de la oposición sostuvieron era una estrategia pre-electoral para ganar votos tamiles.
Al preverse comicios parlamentarios para marzo, el gobierno todavía ansía obtener el apoyo tamil, según fuentes que pidieron no identificarse.
Aunque Rajapakse ganó las recientes elecciones nacionales, con 57 por ciento de los votos emitidos, en comparación con el 40 por ciento que registró su rival, el ex comandante del ejército general Sarath Fonseka, no logró ganar ningún distrito de las áreas dominadas por los tamiles, en el norte y este del país. En esas zonas, la concurrencia a las urnas fue baja porque individuos que se cree apoyaban a Rajapakse intimidaron y amenazaron a los votantes.
Ratnayake dijo que el proceso de rehabilitación ya comenzó y que unos 600 niños soldados son albergados en dos campamentos de Colombo y de la norteña Vavuniya, donde reciben educación y terapia.
"Una vez que estén rehabilitados, esperemos que en un año, serán enviados de regreso a sus hogares", aseguró.
Lo mismo se aplica a 80 por ciento de todos los detenidos, que, según Ratnayake, serán rehabilitados para prepararlos para su reintegración a la sociedad. Se cree que el restante 20 por ciento está constituido por rebeldes a ultranza, por lo que es objeto de continuas investigaciones.
El departamento preparó un perfil de todos los detenidos, señalando sus antecedentes, logros educativos, habilidades, aptitudes y aspiraciones. "Quisimos establecer qué clase de personas eran antes de elaborar un marco de trabajo conceptual y un plan de acción, que ahora se está implementando", dijo Ratnayake.
También dijo que los niños y adultos —segregados por sexo— serán trasladados, en grupos, a unas 20 ubicaciones, donde recibirán capacitación educativa y orientación vocacional.
El programa, apoyado financieramente por agencias internacionales y por el sector privado del país, ya ha comenzado a realizar cursos cortos, por ejemplo sobre tecnologías de la información y cosmetología para las mujeres, dijo Ratnayake.
En el caso de entre 200 y 300 detenidos, sus padres no pueden ser rastreados. "Todavía estamos trabajando en esto", señaló, negando acusaciones de que el resto no tiene acceso a sus familias.
HRW dijo que el gobierno negó a los detenidos el derecho a ser informados sobre los motivos específicos de su arresto, para desafiar la ilegalidad de su detención ante una autoridad judicial independiente y para tener acceso a asesoramiento legal y a sus familiares.
"Aunque el gobierno tiene el derecho y la responsabilidad de proteger la seguridad pública, también tiene que hacerlo de un modo legal, que respete los derechos básicos", planteó el informe.
