Durante los próximos seis meses, una comisión creada por ley recibirá testimonios de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que no calificaron para recibir reparación en anteriores procesos abiertos desde el retorno a la democracia.
La Ley 20.405, promulgada en diciembre por la presidenta Michelle Bachelet dando luz verde al Instituto Nacional de Derechos Humanos, contiene un artículo que establece la creación transitoria de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
Esta instancia complementará por un periodo de 12 meses el trabajo de las dos comisiones creadas por los gobiernos democráticos que sucedieron al régimen del fallecido general Pinochet (1915-2006).
Estas fueron la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de 1991, conocida como "Comisión Rettig" por haber sido presidida por el fallecido abogado Raúl Rettig, y la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, de 2004, llamada "Comisión Valech" en honor a su presidente, Sergio Valech, obispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago.
La primera documentó 3.197 casos de ejecutados y detenidos desaparecidos, mientras que la segunda, creada por el ex presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006), acreditó 28.459 personas afectadas por prisión política y tortura.
[related_articles]
Cuando se publique el decreto del reglamento en el Diario Oficial, que se estima sea entre este jueves y el próximo lunes, comenzará a regir el plazo de seis meses para que las víctimas o sus familiares se acerquen a la oficina en Santiago de la nueva comisión y a las gobernaciones regionales, o bien entreguen la documentación en consulados de Chile en el extranjero.
Se espera que Bachelet encabece una ceremonia en la primera semana de marzo para la reapertura oficial de la nueva instancia calificadora, que estará integrada por los mismos ocho integrantes de la Comisión Valech.
Cuando concluya la primera etapa de recepción de testimonios, a cargo de la secretaría ejecutiva del nuevo organismo integrado por cerca de 60 personas, entre ellos abogados, psicólogos y asistentes sociales—, los ocho comisionados trabajarán durante otros seis meses en la acreditación de cada caso.
Las víctimas que califiquen podrán optar a los diversos beneficios monetarios, médicos, educativos y de vivienda incluidos en la reparación.
Para difundir el proceso, se habilitó la página de Internet www.comisionrettig.cl, y habrá un número de teléfono gratuito para solicitar las entrevistas (800 411 400).
Una fuente de apoyo documental para la comisión será el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurado por Bachelet el 11 de enero, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Es esperable que los cerca de 7.000 casos que no pudieron ser acreditados hace cinco años por la Comisión Valech vuelvan a presentarse, comentó a IPS el secretario ejecutivo de la nueva instancia calificadora, Claudio Herrera.
En tanto, abogados estiman entre 200 y 300 las nuevas inscripciones de casos de ejecuciones y desaparición forzadas, apuntó Herrera, quien aclaró enfáticamente que no se ha fijado un número límite de personas a ser incluidas en los listados, como se había rumoreado.
"Calificarán todas las personas" que cumplan con los criterios establecidos, explicó.
Herrera descartó que este proceso pueda verse afectado por la asunción, el 11 de marzo, del derechista presidente electo Sebastián Piñera, apoyado por dos partidos donde militan ex colaboradores directos del régimen de Pinochet.
"No debería haber problemas" con la calificación de casos y la entrega de los beneficios a las víctimas cuando asuma Piñera, puesto que ya hay "una institucionalidad que está funcionando", sostuvo.
Organizaciones de familiares de víctimas y abogados de derechos humanos han manifestado su preocupación por la suerte que puedan correr, por ejemplo, los juicios seguidos contra ex militares y civiles acusados de ejecuciones, desapariciones y torturas durante el régimen militar.
El presidente del Senado, Jovino Novoa, del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente, que apoya a Piñera, se declaró a favor de aplicar el decreto ley de Amnistía, emitido por Pinochet en 1978, que prohíbe procesar a los involucrados en ciertos crímenes cometidos entre el día del golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, y el 10 de marzo de 1978.
Aunque esta legislación no es aplicada en la práctica por los jueces, no se ha derogado, como obliga una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Durante la campaña electoral, Piñera negó que en una reunión privada con un centenar de uniformados en retiro haya prometido acelerar los juicios y aplicar la prescripción, como se filtró posteriormente a la prensa.
También hay incertidumbre sobre la suerte que correrá el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que ofrece representación gratuita ante los Tribunales de Justicia a los familiares de las víctimas de la dictadura.
Colaboradores de Piñera han asegurado que será fortalecido.
Un informe del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, coordinador nacional de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, reveló el domingo que aún no son investigados por la justicia 1.135 casos contenidos en el Informe Rettig de 1991.
